Cuando las vibraciones son muy fuertes, Elma guarda sus pocos vasos en una caja de cartón para que no se rompan. Dice que en los días de lluvia ningún vecino duerme, porque las chapas se vuelan y sus casas se inundan. Ella tiene fibromialgia –puede producir dolores generalizados, fatiga y dificultades cognitivas– y está en seguro por enfermedad. Junto con su compañero, Daniel, hace tres años pagan el alquiler de una casa ubicada en un terreno en la calle Máximo Santos, en Montevideo, donde viven otras nueve familias. 15 adultos, 11 niños y adolescentes de entre seis y 19 años, dos niños menores de cinco años y un bebé están en casitas pegadas una contra la otra, formando una estructura similar a la letra “L”. Detrás del predio está la causa de las vibraciones que, según ellos, les han producido rajaduras en sus casas: la construcción de las vías e infraestructura del proyecto Ferrocarril Central.
El Grupo Vía Central, un consorcio integrado por las empresas uruguayas Saceem (27%) y Berkes (6%), la francesa NGE (27%) y la española Sacyr (40%), obtuvo los permisos para la construcción y mantenimiento de la obra del Ferrocarril Central tras una licitación mediante el mecanismo de participación público-privada (PPP). Firmó un contrato con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en 2019; es una inversión de 1.070 millones de dólares. Uno de los motivos principales para su construcción fue conectar la segunda planta de UPM, empresa finlandesa que produce pulpa de celulosa, papel y madera, con el puerto de Montevideo.
Cinco de las familias de Máximo Santos presentaron una denuncia en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 18° Turno contra el MTOP, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Grupo Vía Central SA. En el escrito se expresó que al ejecutarse el proyecto del Ferrocarril Central se está lesionando su “derecho a la dignidad, seguridad, vivienda” y también que se pone en riesgo la salud de ellos, de ellas y de sus hijos. Si bien no todas las familias forman parte de la denuncia, se solicita que se extienda la sentencia a todos los demás vecinos afectados por la obra en esa zona.
Afectaciones
“Lo cierto es que previo a las obras del tren, estas familias no tenían la realidad caótica, insegura, indigna e insalubre que tienen hoy”, sostiene el escrito presentado por el abogado de las familias, Rodrigo Speranza. Se explicó que en junio las obras dañaron las casas “a tal punto que la misma empresa y el MTOP frenaron las obras en los alrededores del padrón”. “Pero si las obras continúan alrededor del padrón y no se asume ninguna medida de seguridad o salvaguarda, el peligro de derrumbe de estos espacios –que hacen de viviendas– es inminente. En este sentido, previo a que se suspendieran las obras en la zona se comenzaron a rajar las paredes y a moverse a tal punto que hay ventanas que han quedado inutilizadas”, agregó.
Desprendimiento de techos, mucha humedad, moho y espacios mojados cada vez que llueve; así es la situación de las familias. “Cuando llueve el agua entra, se hacen charquitos dentro de mi casa”, contó Natalia, una de las vecinas denunciantes y madre de tres niños.
En el fondo del terreno y cercano a las construcciones de la obra, hay un bañado; cada vez que llueve y producto del movimiento, las casas se aproximan a un barranco. “El agua nos está llevando la tierra, estamos a dos pasos de que se caigan algunas casas. Yo calzo 40. Al principio contamos nueve pasos. Yo ya dije que acá no hay nueve pasos. La lluvia nos da miedo, al suelo se lo está llevando el agua, había más del doble del terreno. Nuestro miedo es que se lleve el muro, porque ahí se cae todo”, dijo Natalia mientras colocaba sus pies mostrando la distancia.
La letra
El 15 de noviembre de 2018, el MTOP presentó una solicitud de autorización ambiental previa sobre el proyecto ferroviario. Estableció que la Dirección Nacional de Topografía estaba trabajando para “dar respuesta a las familias que deben ser realojadas” producto de las intervenciones, ubicadas en “asentamientos en faja de vía”. “La voluntad institucional trasciende los derechos del Estado como propietario de los predios priorizando el bienestar de las familias así como el impacto social del proyecto”, planteó la solicitud del MTOP.
Se destacó que hay un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente –en la actualidad, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial– con dos objetivos. El primero consiste en “transferencias de viviendas”, que pasan a ser propiedades del MTOP, donde el MVOT debe implementar el “trámite de realojo”. Y el segundo son las “transferencias de dinero”, que pueden usarse para pagar “alquileres transitorios para las familias a ser realojadas en el período que va entre el momento en que deben dejar sus viviendas” y “el momento en que efectivamente serán realojadas”, o “como segunda opción”, para la “compra de viviendas usadas”.
Los criterios que se tienen en cuenta son: “la cantidad y edades de los integrantes, vínculos intrafamiliares, lugares de trabajo y estudio, lugares de circulación” y la situación de las viviendas.
El jueves, mediante un correo electrónico, el MTOP comunicó a las familias que “se ha tomado conocimiento de la situación” y se le solicitó al Grupo Vía Central “que adopte las medidas necesarias para brindar una solución, de acuerdo a la cláusula 9.2 del contrato”. Dicha cláusula está referida a los “riesgos de la sociedad contratista” y establece que “asumirá los riesgos y responsabilidades que se deriven del diseño y construcción en materia de obras de rehabilitación y mantenimiento”.
Julio: “sin ninguna información”
El 16 de julio, una de las vecinas envió un mail a una funcionaria de la Dirección Nacional de Topografía planteando su situación, pero no obtuvo respuesta, según se expresa en el escrito. En un segundo intento, el 22 de setiembre, envió otro mail a la funcionaria, pero dirigido al ministro del MTOP, José Luis Falero. “Buen día! Ya elevé sus mails a mis superiores. De todas maneras me solidarizo con ustedes. Quedo a las órdenes por cualquier otra inquietud”, contestó la representante de la dirección.
El 27 de julio, según señaló Speranza, se comunicó con “el área social del proyecto ferroviario del MTOP”. “Ese mismo día las funcionarias coordinaron y fueron hasta el lugar con la supervisión y referente social del Consorcio Construcción Ferrocarril Central”, relató y agregó que “sin embargo, desconocemos el motivo de la visita o inspección. Nadie preguntó ni cuántas personas viven en Máximo Santos, ni cuántas familias, ni si hay enfermos, ni nada que tenga relación con el estado de las personas que ahí viven. Solamente se han fijado y han controlado el aspecto estructural de los espacios que ocupan estas familias”.
Los días pasaron, pero “no se obtuvo ninguna información”. En la denuncia se relata que el abogado de las familias habló con Leandro Iglesias, abogado del Grupo Vía Central, y le comentó que la empresa habría dirigido un informe al MTOP el 28 de julio donde se le solicitaba “que se encontrara una solución habitacional para las familias”. “Se tuvo que esperar una respuesta del informe referido por parte del MTOP y que fuera dirigido a Grupo Vía Central SA. A este informe no se tuvo acceso, pero se nos comunicó que el contenido del mismo radica en entender por parte del MTOP que el Grupo Vía Central es el responsable de lo que está pasando”, agregó.
Agosto: “un mismo y grave problema”
El 2 de agosto, según el escrito, Speranza volvió a comunicarse con el abogado del Grupo Vía Central, y reclamó por la situación de las familias. Tuvo una conversación telefónica con él y Enrique Rivero, “encargado social de la empresa”. “Nos respondieron que el Grupo Vía Central SA era sólo responsable de los daños estructurales provocados o a provocarse en Máximo Santos”, remarcó. Speranza les recordó que “más allá de la reparación patrimonial, debía ser solucionada la situación habitacional de las familias” por estar “afectando derechos fundamentales como lo es la vivienda digna, la salud y estar en peligro su seguridad”.
“No vemos razón para que quienes responden se preocupen exclusivamente por los daños estructurales y no por la situación en que han quedado dichas familias, cuando, como se viene de decir, uno es consecuencia de lo otro. Toda la situación constituye un mismo y grave problema”, escribió en el escrito el abogado de las familias. Sostiene que “si por las obras del tren y sus efectos se hace inhabitable el lugar”, el responsable de las obras del tren “debe hacerse cargo de la situación habitacional”.
Setiembre: nueva petición con más familias
El 2 de setiembre, Speranza preguntó si había novedades sobre los planteos al MTOP. Se le respondió que “estaban esperando una respuesta a una consulta realizada a la empresa”. Desde la empresa se dijo que “ya habían enviado un informe al MTOP el pasado 28 de julio y por el cual habían pedido una solución habitacional para las familias”. “El MTOP le dijo al abogado de las familias que estaban esperando un informe que en realidad ya habían recibido el 28 de julio”, apunta la denuncia.
El 13 de setiembre, siete de las nueve familias realizaron una petición formal al MTOP y se creó un expediente administrativo. “La solución de la vivienda está fuera de discusión”, se reclamó en el escrito. Speranza observó que la omisión muestra la “ilegitimidad en el actuar de un MTOP que mira en números” y “es omiso a la afectación de derechos fundamentales que la obra está provocando en su desarrollo”.
El abogado de las familias entiende que el MTOP, luego de detectar “los daños, el peligro, y una vez suspendida la obra”, debió otorgarles una solución habitacional digna a las familias. En el escrito solicitó al tribunal que realice una “inspección ocular en forma urgente” para “comprobar in situ lo que está sucediendo”. Al MTOP, que presente “toda la documentación relacionada a la situación que se está viviendo en Máximo Santos”; una copia de “todos los convenios que haya tenido o tenga con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial”; los motivos de la “inspección que realizó en la finca”, brindando los resultados y las medidas que se tomaron a partir del control. En el mismo sentido, se pidió al MVOT que lleve copias de “todos los convenios” realizados con el MTOP.
Por su parte, al Grupo Vía Central se le solicitó que explique los “motivos de las inspecciones que realizó en la finca en cuestión luego de los daños producidos por la obra del tren entre los meses de junio, julio, agosto y setiembre” y que se brinden los “resultados” y las “medidas que se tomaron en consecuencia”.
Piden que de “modo provisorio” y “anticipado a la sentencia definitiva” se les brinde una solución habitacional a todas las familias que viven en el terreno de Máximo Santos de forma “inmediata” y hasta que se “resuelva por las partes o por sentencia” la solución definitiva.
El 9 de noviembre se realizará la primera audiencia con el objetivo de “única y exclusivamente” determinar la “medida anticipada”; también se resolverá la inspección judicial. “Si el ministerio resuelve algo sobre nosotros, hay que pedirle de rodillas que se asegure que no venga más nadie, porque si se van las nueve familias de acá, vienen nueve familias nuevas”, dijo Natalia.