La segunda vuelta de la campaña electoral peruana estuvo marcada por el miedo, la polarización y la abundancia de propuestas económicas vinculadas a la extracción de recursos naturales. A pesar de la pronunciada conflictividad socioambiental y la creciente importancia global de las crisis ambientales, las propuestas de ambas tiendas políticas vinculadas con el medioambiente fueron tratadas de forma muy superficial.
La pandemia y la agenda ambiental
Perú tiene la segunda extensión amazónica más grande —superado sólo por Brasil— y más de uno de cada cinco peruanos se autoidentifica como indígena. Durante 2020, el país registró su récord histórico de pérdida de bosque amazónico, cinco defensores ambientales fueron asesinados y se registraron 140 casos de conflicto ambiental y un incremento de personas heridas y fallecidas en relación a 2019.
En Perú la pandemia no solo significó el dolor de miles por la pérdida de seres queridos, sino también la profundización de grandes inequidades en las zonas rurales. Allí, la pobreza y la crisis ambiental empeoran a medida que se expanden sin freno numerosas industrias ilegales como la producción de cocaína, la tala y la extracción de oro aluvial.
Durante estos tiempos de crisis, el Congreso peruano rechazó la aprobación del acuerdo de Escazú y se trazó un camino para incentivar o destrabar la economía con la flexibilización de algunas regulaciones ambientales. Por otro lado, el Ministerio del Ambiente fue impulsando iniciativas y disposiciones técnicas. Por ejemplo, en 2020 se aprobó el reglamento de la ley marco sobre el cambio climático y en abril de este año el gobierno aprobó un decreto con el objetivo de mitigar y prevenir riesgos a los defensores ambientales.
Estos esfuerzos, sin embargo, son difíciles de llevar a la práctica, por lo que la integridad de las Áreas Naturales Protegidas y otras zonas corre peligro de quedar expuesta a la deforestación, la cual se ha incrementado notoriamente en estos años.
Un discurso centrado en el hombre y el crecimiento económico
En el debate presidencial del 23 de mayo y en los planes de gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) ninguno de los candidatos presentó un cuadro técnico ambiental sólido. Por un lado, el plan del candidato de izquierda, sin elaborar las estrategias de implementación, resaltó la importancia de disminuir los conflictos socioambientales y revalorar el conocimiento tradicional; mientras que la candidata de la derecha resaltó la importancia de transformar la naturaleza en riqueza monetaria pero con estándares ambientales.
Después de más de dos décadas de intensificación de las actividades extractivas, las zonas rurales afectadas no presentan mejorías ni un aumento de los servicios, sino una creciente desconfianza hacia el Estado centralista. Las propuestas de Keiko Fujimori de incrementar la distribución de ganancias económicas y bonos de ayuda social hacia las poblaciones de zonas extractivas no fueron suficientes. Y fue Pedro Castillo, quien proviene del ámbito rural y propone un cambio de modelo de desarrollo, quien recibió en esas zonas el respaldo de una mayoría contundente. Esto indica que la compensación económica no parece ser una alternativa atractiva para estos ciudadanos marginados que dependen cultural, social y económicamente de un ambiente saludable para su supervivencia.
El reto de una agenda ambiental
Frente a la crisis de la covid-19, los ciudadanos que viven en zonas con una presencia intermitente o poco articulada del Estado central se refugiaron en sus conocimientos tradicionales y se mantuvieron activos defendiendo su vida, su territorio y sus derechos. Enfoques no articulados y centrados en un solo discurso no ofrecen una real solución para las poco elaboradas propuestas ambientales de ambos candidatos. La corrupción frena los esfuerzos de protección del medioambiente y se nutre de la mercantilización de la naturaleza a la vez que pone en riesgo a los defensores de la tierra. Pero la lucha anticorrupción por sí sola no es suficiente. Las políticas ambientales requieren de un fuerte componente científico y tecnológico. Sin embargo, su producción no necesariamente es inclusiva y tiene una limitada articulación con la elaboración de políticas. Garantizar la participación de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones es clave, pero no será suficiente si la participación no es interactiva, sostenida y vinculante en la toma de decisiones.
¿Por qué la democracia y el ambiente van de la mano?
Con una economía dependiente de las actividades extractivas y una larga historia de exclusión de las poblaciones indígenas —evidenciada en esta campaña—, las agendas ambientales y decoloniales se entrelazan y se hacen más urgentes en Perú.
El territorio peruano sostiene una gran diversidad cultural y biológica, pero al mismo tiempo es un espacio racializado. La agenda de recuperación ambiental y económica del nuevo gobierno debería incluir una comprensión profunda y dinámica de la relación entre las personas y los diversos paisajes peruanos. En las últimas décadas se ha avanzado en políticas ambientales y en derechos indígenas, pero ha sido insuficiente.
Esta campaña electoral, cargada de argumentos diferenciadores y jerarquizantes con tendencias racistas, quizás está señalando los elementos fundamentales para crear una agenda ambiental integral que aborde los problemas estructurales de una sociedad multicultural y multiétnica.
Este artículo fue publicado originalmente en www.latinoamerica21.com