El fracking está prohibido en todo el país desde diciembre de 2017 por la Ley 19.585, que tiene una vigencia de cuatro años. Llegando al fin del plazo, Walter Verri, subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), anunció a la diaria que la línea del gobierno es extender el plazo por un período de ocho a diez años más. En ese tiempo está previsto que se realicen revisiones técnicas. La decisión ya fue discutida con Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente (MA).
La ley también estableció la creación de una Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNECT) que tiene la finalidad de estudiar el impacto ambiental del fracking para presentar un informe al Parlamento. El 12 de mayo se invitó a parte de su personal técnico a la Comisión de Industria, Energía, Comercios y Servicios de la Cámara de Senadores. Las intervenciones estuvieron lideradas por la ingeniera Alicia Torres, integrante de la comisión, quien manifestó que la expectativa es finalizar el informe entre agosto y setiembre de este año. “En esa instancia ya tendríamos las propuestas para el Parlamento y el Poder Ejecutivo”, indicó.
Verri remarcó que quiere ser “respetuoso” con el trabajo de la CNECT y esperarán que el informe esté listo para “tomar la decisión final”. “El informe que están elaborando los técnicos casi seguramente vaya acompañado por un proyecto de ley que establezca un plazo más largo [de prohibición del fracking], que puede ir entre ocho y diez años, con períodos de revisión de la técnica”, resaltó.
En mayo, siete organizaciones ambientalistas firmaron una carta dirigida al MA y el MIEM en la que transmitían su preocupación por la “cercanía de la finalización de la moratoria nacional del fracking” y reclamaban una nueva postergación.