En mayo, el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, presentó un proyecto de ley para el “uso seguro de plaguicidas en las zonas rurales y urbanas”. La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados comenzó su tratamiento a mediados del mes pasado, cuando invitó a integrantes de la Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos del Uruguay (Camagro). Este martes se continuó con el tratamiento y en la comisión participó la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay (AIA). Según comentó el diputado del PERI a la diaria, el ministro de Ambiente (MA), Adrián Peña, y el ministro de Salud Pública (MSP), Daniel Salinas, serían “afines” al proyecto.
La iniciativa legislativa plantea la creación de un Comité Permanente de Productos Fitosanitarios. Su rol consistiría en mantener actualizada una lista de restricción de uso de plaguicidas, integrada por los principios activos “cuestionados por su toxicidad” por la Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente o los institutos académicos públicos y privados del país. Los químicos que formen parte de la lista sólo se podrían vender con “receta profesional otorgada por un ingeniero agrónomo responsable”. El comité también deberá realizar inspecciones periódicas para controlar que no se utilicen principios activos que no estén permitidos y podrá imponer sanciones a las personas físicas y jurídicas que incumplan la normativa. Estaría integrado por igual cantidad de representantes del Ministerio de Ganadería. Agricultura y Pesca (MGAP), el MSP y el MA.
Las sanciones tendrían un carácter progresivo y abarcarían a importadores, distribuidores, comercializadores y productores. Cuando el infractor no tenga antecedentes se le realizará una advertencia y si comete nuevamente la infracción se lo multará. Cuando se trate de infracciones que sean consideradas “graves” o la persona sea reincidente de manera continua, “se dispondrá la suspensión desde los 180 días hasta la suspensión definitiva de los registros, habilitaciones, autorizaciones o permisos para el ejercicio de sus actividades respectivas”. Se establece que los daños y perjuicios que se causen a personas tanto físicas como jurídicas por la aplicación de productos prohibidos por la norma “deberán ser resarcidos económicamente independientemente de las otras sanciones impuestas”.
Con lo recaudado por las sanciones se crearía un Laboratorio Nacional de Análisis de Residuos de Plaguicidas. A su vez, quienes estén encargados de realizar las inspecciones e “incurran en omisión debidamente probada de sus funciones”, según versa el proyecto de ley, deberán ser penalizados.
¿Qué productos estarían permitidos? Dentro del proyecto se expresa que los ingredientes activos de los “plaguicidas” utilizados para “la producción de alimentos destinados al consumo interno o la exportación”, “la producción agropecuaria en general” y “los ambientes urbanos” deben estar aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y por el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea. También se propone como obligatoria la rotulación de los envases de los productos con la etiqueta “veneno”.
Las medidas deberían ser acompañadas por una campaña nacional de concientización sobre “la importancia de la correcta utilización de los plaguicidas”, a cargo del MSP. “El problema no es solamente de los ingenieros agrónomos y de los productores, es también un problema de los consumidores y de la población en general”, acotó Vega. Manifestó que no está de acuerdo con que “los productos que están prohibidos en países del primer mundo se vendan acá”. Otro aspecto de la normativa actual que lo motivó a presentar el proyecto es la “puerta giratoria”; explicó que “quienes controlan fueron vendedores de agroquímicos o dejan el cargo y vuelven a la venta de agroquímicos, hay un juego de intereses”.
Más control
“A pesar de las evidencias científicas, recomendaciones de toxicólogos, informes realizados por la Universidad de la República, reclamos de organizaciones ambientalistas, de apicultores, y las denuncias por intoxicación y afectación a comunidades rurales incluyendo escuelas, se continúa en el país con la venta de plaguicidas altamente peligrosos casi sin control”, indica Vega en la exposición de motivos del proyecto de ley. Resalta que la comercialización y la utilización de los productos está “fuertemente regulada en distintas partes del mundo”, pero en Uruguay las medidas “aún son débiles”. “Aun cuando existen regulaciones, muchos estados se muestran omisos en sus funciones de contralor, por lo cual se termina afectando al medio ambiente y la salud de las personas”, añade.
Remarca que los “plaguicidas altamente peligrosos” tienen la capacidad de causar “efectos tóxicos agudos, como pueden ser síntomas graves de intoxicación a pocas horas de haber trabajado con ellos, por ser inhalados o ingeridos, o por haber estado en contacto con la piel u ojos, pudiendo causar la muerte”. También especificó que los efectos pueden ser crónicos y con un desarrollo más lento “como consecuencia de estar expuesto de manera repetida por un tiempo prolongado de meses o años a bajas dosis”.
Otro punto que tuvo en cuenta fue la contaminación ambiental. “Persisten en el agua, el suelo, los sedimentos y hasta en el aire, causando la muerte de crustáceos, peces, lombrices, aves, mamíferos y algas y/o la proliferación de otras (cianobacterias)”, manifestó.
“Consulte a su ingeniero agrónomo”
En un informe enviado a la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, la AIA advirtió que “el hecho de que un agroquímico esté incluido en las listas de productos prohibidos en otros países, en sí mismo, no es un argumento para excluirlo”. Se señaló que debe tenerse en cuenta “el conjunto de información, estudios, ensayos o análisis exigidos y las medidas de mitigación propuestas por el registrante”. A su vez, sobre el registro de plaguicidas, destacó que el MGAP “cumple bien” su rol, “sin desmedro a las mejoras que puedan implementarse”. El informe agregó que la creación de una “nueva institucionalidad” debería ser “un trabajo muy profundo para no duplicar actividades, generar aumentos de costos y demoras en la toma de decisiones”.
Se recomendó “reforzar el contralor de las aplicaciones, desvío de uso y análisis de residuos” con un aumento de las sanciones a los infractores. También se planteó la necesidad de un “plan de mejora de la información”, profundizando en las “precauciones de uso para el aplicador, consumidor y medioambiente”. Una idea fue la mejora en pictogramas o frases de advertencia específicas como “Consulte a su ingeniero agrónomo”. Los ingenieros agrónomos “son los profesionales directamente vinculados a la actividad agropecuaria y por ello referentes indiscutidos de todo tipo de regulación o reglamentación que se vincule con estos temas”, indica el informe.
Sobre la campaña de concientización para el uso correcto de los plaguicidas, se sostuvo que el MSP no es “el organismo más adecuado” para llegar los usuarios, porque “la mayoría [de los químicos] se aplican en el ámbito rural o familiar y los aplicadores son en su enorme mayoría productores rurales”.
No es el fondo, es la forma
El 15 de junio la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca comenzó a tratar el proyecto de ley y fue invitada la Camagro. Marcos Carrera es uno de los ingenieros agrónomos que la integran y durante su exposición mencionó que “ya existe normativa para lo que se plantea”. Señaló que su “discrepancia” con el proyecto “no es de fondo”, sino de “forma”. “Estamos de acuerdo con revisar el sistema de registros que hoy tenemos vigente, y en eso estamos con la autoridad, estamos de acuerdo con la campaña de concientización que se propone en el proyecto acerca del uso correcto de agroquímicos, estamos de acuerdo con cuestionar lo que estamos haciendo”, indicó. Sin embargo, el integrante de la Cámara de Comercios de Productos Agroquímicos del Uruguay manifestó que el proyecto “limita mucho y toma ejemplos de sistemas productivos que no son como el nuestro”, y también que la situación podría generar “un impacto muy fuerte en la producción”.
El tesorero de la Camagro, el ingeniero agrónomo Martín Píriz, agregó que “los problemas que están teniendo la agricultura, la forestación y el sistema productivo agropecuario desde el punto de vista de malezas, resistencias, enfermedades y plagas nuevas constituyen un gran desafío para la producción en el Uruguay”. Desde su perspectiva, “hay otros criterios para tomar en cuenta al evaluar un proyecto”, e hizo hincapié en cómo se utiliza el producto, en qué concentración, qué cultivo y las condiciones. “Es un estudio mucho más completo, porque no se basa solamente en cómo es la molécula de ese producto fitosanitario, sino en el uso que se le va a dar”, comentó.
El tema sobre la mesa
El diputado del Frente Amplio Nelson Larzábal dijo a la diaria que el proyecto de ley tiene un aspecto positivo: “Puso el tema sobre la mesa”. Aseguró que la bancada aún no lo discutió en profundidad, pero incentivó a “profundizar con el tema agroquímicos” y “mejorar las leyes que hay”. Sin embargo, no están de acuerdo con que los productos aprobados deban ser los mismos que los autorizados por la EPA y el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea. “A veces el contexto es diferente, no podemos depender de las resoluciones de instituciones de otros países. Tenemos que fortalecer la institucionalidad que tenemos y habrá que revisarla”, remarcó. Entiende que algunos puntos se pueden “reformular”.
Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Abierto, planteó a la diaria que el proyecto de ley “plasma la preocupación desde el punto de vista de la salud pública y medioambiental sobre el uso de los agroquímicos”. Comentó que el objetivo “es bueno”, pero van a esperar a escuchar a las delegaciones faltantes para “mejorarlo”.