El área de manejo de hábitats y/o especies Cerro Verde e Islas de la Coronilla es particular tanto por sus paisajes como por su biodiversidad e historia. Se incorporó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en 2011 y tiene una superficie total de 8.968 hectáreas; 1.684 corresponden a superficie terrestre y 7.284 a superficie marina. A diferencia de otros territorios protegidos donde gran parte del área está conformada por varios padrones privados, Cerro Verde e Islas de la Coronilla abarca un único padrón de propiedad fiscal, que está bajo la administración del Servicio de Parques del Ejército del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ambiente (MA). Sin embargo, esto no hace que esté exenta de conflictos.
El 18 de octubre, por medio del Sistema Nacional de Denuncias Ambientales del MA, un ciudadano planteó de forma anónima -posibilidad que ofrece el sitio web para disminuir posibles represalias o efectos no deseados en el denunciante- que se estaba cometiendo un “daño grave” dentro del área protegida. Según la denuncia, a la que accedió la diaria, “no fue respetada” la zona donde se había definido un cortafuego que se había aprobado en el plan de manejo del área, generándose con la realización de este cortafuego con otro trazado “daños en la zona de intervención mínima, donde existen humedales, dunas, cárcavas y sitios de valor arqueológico”.
Las zonas de intervención mínima, según el plan de manejo, son aquellas que se deben “conservar con el mayor grado de naturalidad los objetos de conservación”. No se estableció por capricho, sino que se trata de “las áreas más frágiles donde se distribuyen los objetos de conservación”. Para evitar hechos como el de la denuncia, cada área protegida tiene su plan de manejo donde se determina de forma clara las condiciones de uso.
Parar las obras e impedir más daño
En la denuncia, se plantea que “la máquina que realizó el cortafuego es de la Intendencia Departamental de Rocha” y, de acuerdo a imágenes satelitales de Google Earth, “entre enero de 2021 y marzo de 2022 se observa la apertura del cortafuego Sur” en la zona de intervención mínima, “en particular en uno de los humedales cercanos a la playa y zona de dunas”. Remarca que el sitio también se caracteriza por poseer “pradera inundable, humedal y cañada hacia la playa” y estima que el daño fue de cinco hectáreas. Pero la denuncia no termina allí. “La máquina ha vuelto a ingresar al área protegida a fines de setiembre de 2022 para continuar trabajando en el cortafuego realizado. Se solicita por este medio que se detengan las obras de inmediato para evitar desastres mayores dentro del área, así como un nuevo incumplimiento de lo establecido en el plan de manejo”, exige.
En la denuncia se sostiene que los responsables de la infracción son Jorge Pereira, director del área protegida Cerro Verde e Islas de La Coronilla; la Intendencia de Rocha, “responsable de enviar las máquinas al área protegida”; el Sistema Nacional de Emergencias, “responsable de realizar el cortafuego”, y el Servicio de Parques del Ejército, por ser los “responsables de administrar el área protegida que coordina trabajos de la máquina con el Sistema Nacional de Emergencias”.
¿Por qué es necesario contemplar lo establecido en el plan de manejo? Entre otras cosas, porque en Cerro Verde e Islas de La Coronilla se registraron el gato margay, el gato montés, el ciervo guazubirá, el mano pelada y el hurón, todos mamíferos que son especies prioritarias para la conservación. No nos olvidemos de las aves: también se han podido observar 52 especies declaradas como prioritarias para la conservación por el SNAP. Ni de los anfibios: tanto el sapito de Darwin y la rana motor se encuentran en peligro de extinción a escala global y todavía quedan algunos en nuestro país. Son sólo ejemplos, ya que el territorio suele alojar más de 400 especies de plantas y animales. Cerro Verde e Islas de la Coronilla se caracteriza por sus bosques psamófilos, su playa arenosa poco urbanizada y cañadas que cumplen un rol fundamental en el proceso y dinámica de la arena, además de ser hábitats de diversas especies de animales y cumplir funciones en el mantenimiento de humedales.
En celeste cortafuego aprobado en el plan de manejo. En amarillo cortafuego realizado
Complicaciones económicas tan grandes como un bulldozer
Jorge Pereira es el director del Área Protegida Cerro Verde y militar retirado designado para ese cargo por el Ministerio de Defensa Nacional. En diálogo con la diaria dijo que el cortafuegos “fue hecho hace un año atrás” por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y la Dirección Nacional de Bomberos. “Por motivos de tiempo, disponibilidad económica y asuntos técnicos, la Dirección de Bomberos re-trazó el cortafuegos que se había establecido en el plan de manejo. Estaba previsto que tuviera un quiebre y se hizo directo hacia el mar”, confirmó.
A su vez, el director del área protegida comentó que la situación fue “observada” por el SNAP. Luego se hizo una inspección por parte del Sinae y el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Rocha (Cecoed) y “se dejó como estaba porque en ese momento no había posibilidades de cambiarlo por razones técnicas y económicas”. Cuenta que este año el Cecoed, junto con el Sinae, “mandó limpiar el mismo cortafuego que estaba hecho desde el año pasado”. “Surgió de vuelta la pequeña controversia entre lo que dice el SNAP y lo que dice el Sinae. Se saldó, se reunieron las autoridades correspondientes y quedaron de hacerlo como ya estaba, teniendo en cuenta que en la última zona antes del mar no se interviniera la duna y dejar algunas especies a conservar de monte nativo en el trayecto”, apuntó.
Se consultó a Pereira si, como dice la denuncia, humedales y dunas se habían visto dañados por las obras, y respondió: “Para Bomberos un cortafuego tiene que ser recto y ocupar todo el espacio que está previsto, porque si no, no tiene sentido hacerlo. En un incendio forestal, sobre todo en lugares donde hay pinos y acacias que tienen mucha combustión, se hace de 500 metros de ancho. En esos 500 metros de ancho no puede haber nada. En parte pasaba por humedales, es verdad, pero era el humedal o el cortafuego. En este caso hay que priorizar si querés salvar 1.700 hectáreas del área o querés salvar el humedal. Ahí empiezan las discusiones técnicas, no hay un solo librito en esto”. En base a su estimación, “30%” del procedimiento se realizó en zona de mínima intervención y el “70% restante es todo pino nomás”.
A su vez, indicó que la visión del SNAP y de la Dirección de Bomberos “no siempre van a coincidir”. “Tengo experiencia combatiendo incendios forestales, te digo que haría lo mismo que hicieron los bomberos. Ahora, si lo miro como director del área, capaz hubiese sido conveniente hacer el otro cortafuegos [que estaba estipulado en el plan de manejo]. Después tenés el tema de si te dan los medios para hacer las cosas. No siempre te dan los medios para hacer las cosas, no siempre conseguís todo. Hay que tratar de hacer con lo que tenés lo mejor que puedas”, reflexionó. Apuntó que construir un cortafuego implica “muchas horas de máquinas, máquinas caras, un topador grande, que rinda”, y que, sólo para mantenerlo, “fueron casi 20 días de trabajo”.
Hugo Silvera, responsable del Cecoed de Rocha, señaló a la diaria que mantuvo diálogo con autoridades del MA y le transmitieron que el cortafuego realizado “estaba bien, estaba correcto”. Planteó que “el que hizo el cortafuego en el plan de manejo lo diseñó mal, un cortafuego no puede quebrar, tiene que ser derecho”. También apuntó a que el Cecoed “coordina y cuando Bomberos dice que hay que hacer un cortafuegos, Bomberos lo marca y nosotros conseguimos la maquinaria para hacerlo, ni más ni menos”. Se le preguntó sobre si se tuvo en cuenta los impactos ambientales que causó la obra, como en los humedales. “Eso no es correcto, no vamos por los humedales. Te digo más, si la preocupación nuestra será grande que subimos arriba del bulldozer a un guardaparques para que le indicara al maquinista si había algún árbol que debía permanecer en pie”. Para Silvera, “las denuncias anónimas no tienen base” ya que “no se afectó nada”.
No es la primera vez
En febrero del año pasado, otra denuncia anónima responsabilizaba a Jorge Pereira y Rodrigo García, director de Ambiente de la Intendencia de Rocha, por iniciar una obra de caminería en el área protegida sin seguir los pasos correspondientes. Gracias a la denuncia, el MA conoció la situación. Un mes más tarde, la cartera suspendió la construcción del camino por entender que “podrían afectar ecosistemas vulnerables que son objetos focales de conservación del área”. Entonces se instó a adoptar “medidas de prevención, recomposición e investigación de eventuales apartamientos con referencia al marco normativo aplicable”.