El ministro de Ambiente, Adrián Peña, firmó este martes 2 de marzo la Resolución Ministerial 155/2021 que establece que se suspenda “de forma inmediata, a partir de la notificación de la presente, la ejecución de la obro de construcción de un camino dentro del área natural protegida denominada ‘Cerro Verde’ mientras se realizan las investigaciones, estudios y trabajos dirigidos a impedir o constatar la afectación ambiental”.

Como ya habíamos informado previamente, la Intendencia de Rocha había iniciado obras de caminería en el área Protegida Cerro Verde e Islas de la Coronilla a mediados de febrero. Enterada de esto, y habiendo recibido una denuncia, la División Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) procedió a hacer una inspección de las obras y del trazado del camino. La denuncia daba cuenta de “la construcción de un nuevo camino a Cerro Verde, abierto por una máquina topadora en la zona de intervención mínima del área protegida”, señalando que “la máquina generó una importante erosión en el tramo previo a un bañado (quedó la arcilla a cielo abierto), construyó un terraplén de arena en el borde del bañado, aplastó y rompió vegetación nativa del borde de parches de monte, compactó el extremo más bajo del bañado (por donde escurre el agua), aplastó y redujo la superficie de caraguatal”. Además, “el camino pasa sobre sitios arqueológicos y permitirá la circulación de vehículos en una zona vulnerable a la erosión donde no está permitida esa actividad de acuerdo al plan de manejo aprobado por el área”. También se denunciaba que “la construcción del camino no fue planteada formalmente a la coadministración del área (Ministerio de Ambiente y Ministerio de Defensa) ni se presentó a los integrantes de la Comisión Asesora Específica”, como se establece en los documentos que regulan el área.

En su momento, la directora de la División SNAP, Lucía Bartesaghi, declaró a la diaria que “lo que se constató en el terreno coincide bastante con la denuncia realizada”, y adelantaba que sobre las medidas aún no había “una decisión tomada, porque lo que nos falta es dimensionar, en los sitios donde se encontraron conflictos entre la construcción del camino y los valores a conservar, la magnitud de la afectación y cuáles son las acciones que se deben tomar para poder restaurar los lugares donde se haya producido daño”. La Resolución Ministerial 155/2021 recoge ese informe, ahora ya terminado, donde se sostiene que “las obras iniciadas podrían afectar ecosistemas vulnerables que son objetos focales de conservación del área” y se sugiere “la detención urgente de la obra”, y adoptar “medidas de prevención, recomposición e investigación de eventuales apartamientos con referencia al marco normativo aplicable”.

Además de disponer la suspensión “inmediata” de la obra, la resolución ministerial también exige que se disponga “la instalación de barreras físicas, así como la colocación de cartelería disuasoria”, de manera que “los vehículos motorizados que ingresen al área no puedan recorrer el camino en construcción”. Por otro lado, encomienda a la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos “la identificación de las medidas que habrán de disponerse e implementarse para la recomposición ambiental”.

La primera denuncia presentada por la construcción de este camino responsabilizaba al director del área protegida, Jorge Pereira, y a Rodrigo García, director de Ambiente de la Intendencia de Rocha, quienes iniciaron la obra de caminería sin seguir los pasos correspondientes. Al respecto de las responsabilidades, el documento firmado por el ministro Peña sostiene que “la resolución se dicta sin perjuicio de las medidas de recomposición que se dispondrán y de las responsabilidades que pudieren corresponder”.

Previo a estampar su firma, Peña indica que se le notifique la resolución a la Intendencia de Rocha y al Ministerio de Defensa Nacional (ministerio que junto al de Ambiente coadministra el área protegida Cerro Verde e Islas de la Coronilla).

Reacciones

Consultado por esta resolución, el director de Ambiente de la Intendencia de Rocha, Rodrigo García, manifestó que “no le sorprende demasiado” pero que “socava, desde nuestro punto de vista, el relacionamiento y la cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Ambiente y la Intendencia”. También comentó que “el modelo viejo de gestión sigue prevaleciendo. No se hace un análisis sistémico de la situación sino un análisis desde un punto de vista biológico estricto, y a veces ese es uno de los pecados de la gestión de las áreas protegidas”.

La persona que realizó la primera denuncia sobre la construcción de este camino ‒de forma anónima, posibilidad contemplada por el sistema para evitar presiones‒ expresó a la diaria que “finalmente los denunciantes no estaban tan errados” y que se “subestimó a la ciudadanía” con “los argumentos que se usaron desde la Intendencia de Rocha”. Conforme por la medida adoptada por el Ministerio de Ambiente, manifestó también que “se deberían retomar las Comisiones Asesoras Específicas”, ámbito “donde este tipo de acciones se piensen, analicen y acuerden”, así como “respetar los espacios de participación construidos y establecidos”. Finalmente, señaló que “se debe mejorar la comunicación entre el área protegida, el SNAP central y la Intendencia de Rocha”.