La escuela rural 27 está ubicada en el centro de uno de los paisajes protegidos de Uruguay: Paso Centurión y Sierra de Ríos, que se encuentra en el departamento de Cerro Largo e ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en 2019. El 16 de marzo, dos apicultores caminaban frente al centro educativo y constataron que predios aledaños se encontraban “quemados” a raíz de una fumigación. Su siguiente paso fue realizar la correspondiente denuncia a la Dirección Nacional de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, autoridad que se encarga de analizar el “uso incorrecto de productos fitosanitarios”.
Desde 2011 ‒año en que se emitió la Resolución 188/011‒ están prohibidas las aplicaciones aéreas de agroquímicos “en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 metros del límite del predio de centros educativos” y las aplicaciones terrestres “en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 300 metros del límite del predio de centros educativos”. Por otra parte, es necesario destacar que la resolución también le otorga a la DGSA la facultad de “disponer, previa evaluación técnica, la modificación de la distancia indicada en casos específicos” cuando se trate de aplicaciones terrestres.
Según informó la DGSA a la diaria, se constató “la aplicación donde el productor no respetó la distancia de los 300 metros”, ya que se trataba de un episodio de fumigación terrestre. El productor tampoco había pedido la “excepcionalidad” mencionada en la resolución. A su vez, el producto detectado fue el glifosato, uno de los herbicidas de uso más extendido y que está rodeado de controversia debido a los probados efectos adversos sobre la salud humana, animal y de los ecosistemas a nivel mundial. Según se informó desde el ente estatal, la aplicación habría sido realizada un domingo de febrero en que “no había niños, ni estaban en época de clases”. Sin embargo, la reglamentación está vigente durante todos los días del año y los productores deben respetar las distancias a pesar de que no haya personas en la escuela. Actualmente se está esperando que el productor que fumigó realice sus “descargos” para determinar el monto de la multa. El campo en cuestión no está dedicado a la agricultura, es utilizado para ganadería, la principal actividad productiva del área.
Cuando la información no llega
Ahora bien, como se mencionó, el predio se encuentra dentro del área protegida Paso Centurión y Sierra de Ríos. La categorización fue el resultado de un largo proceso ‒que tiene antecedentes incluso desde la década de los 90‒ en que la comunidad, técnicos y sociedad civil organizada se unieron bajo el objetivo de otorgarle protección a la zona. Asimismo, desde 2007 existe un decreto departamental que cataloga 26.854 hectáreas de la zona como reserva departamental.
Laura Magallanes, vecina del área e integrante de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu), dijo a la diaria que en la zona de Sierra de Ríos se ven “extensiones de campo bastante amplias que han sido quemadas con herbicidas”. “La realidad es que el decreto de ingreso al SNAP no restringe el uso de agrotóxicos”, lamentó. Agregó que la decisión se tomó porque “iba a generar conflicto con productores” y dentro del área la mayor parte de los campos son privados. “Fue y sigue siendo conflictivo al día de hoy el ingreso al SNAP. Si se llegaba a poner algún tipo de restricción de este estilo a la producción agrícola-ganadera tradicional, iba a ser mucho más complejo”, señaló.
Desde su visión, las fumigaciones son “toda una problemática, no sólo para la fauna y flora nativa, sino para los habitantes”. Magallanes también sostuvo que “dado que no se trata de una zona de producción agrícola”, el uso de agrotóxicos “no es lo más habitual, es mucho más esporádico y no tan intensivo como cuando se produce soja o arroz, porque es más bien para quemar pastizales”. A su entender, en la comunidad “se conoce muy poco” sobre los problemas derivados de la exposición a estos productos, razón por la que está coordinando un taller sobre agroecología en que tratarán la temática. “La idea es hacer llegar información y comprender”, señala.
¿Tema a debatir?
En el decreto de ingreso de Paso Centurión y Sierra de Ríos al SNAP ‒de 2019‒ se determinan una serie de medidas de protección. Por ejemplo, dentro de la zona núcleo están prohibidas “las plantaciones forestales de especies exóticas, con excepción de aquellas que se realicen para abrigo, sombra, ornato, frutales y uso doméstico”, “toda actividad minera”, “la caza y, en particular, la recolección, la muerte, el daño o la captura en vivo de fauna nativa”, y “la alteración o destrucción de los valores históricos y arqueológicos”.
Estas medidas son sólo algunas de las que deben bajarse a tierra en un Plan de Manejo del Área Protegida que aún está en elaboración. Las Comisiones Asesoras Específicas (CAE) son las encargadas de esta labor y están integradas por representantes del Poder Ejecutivo, la Intendencia, propietarios de los predios incorporados al área, la comunidad, y organizaciones no gubernamentales que trabajen en el territorio.
El presidente de la CAE del área protegida de Cerro Largo, John Kennedy Rodríguez, comentó a la diaria que en junio tendrá lugar la tercera reunión en que se nucleará a los diferentes actores. Admitió que el proceso es “complejo” y que todavía están “en pañales”. Al respecto, señaló: “Tenemos el apoyo de UPM, de las forestales que participan, y dentro de sus metas u obligaciones está proteger el medioambiente. Hay predios forestales, y una primera impresión que me dio es que había plantaciones de eucaliptos. Está establecido que una vez que los corten no puedan volver a crecer”. A su vez, Rodríguez afirmó que el uso de agroquímicos dentro del área también será abordado en la reunión de junio.
La otra cara
Magallanes también es una de las representantes del grupo de vecinos en la CAE. Según entiende, “no hay perspectiva de que vaya a haber un plan de manejo en el corto plazo”, y enfatizó: “Lo que falta es un poco de actividad, de control. Está muy laxo todo, muy en veremos. No se toman decisiones, acciones puntuales. Está lo teórico, pero en la práctica no hay directrices, no se están tomando acciones reales para la protección del área”.
Relató que en las reuniones anteriores de la comisión se pusieron sobre la mesa preguntas y problemáticas. “Unos vecinos estaban preocupados por el manejo de los residuos de los baños de ganado, por buscar alguna manera alternativa para hacer una disposición de los desechos correcta. Hoy en día son contaminantes del suelo y agua; se planteó buscar una solución en conjunto con el SNAP”, citó como ejemplo.
A su vez, también se encuentran esperando una resolución “porque hay partes que fueron forestadas en forma ilegal, luego de que habían sido instauradas las medidas cautelares en el momento que se declaró reserva departamental en 2007”. Se refiere precisamente a que en junio de 2008, luego de una fuerte movilización local, la Junta Departamental de Cerro Largo ‒mediante el Decreto 34/11‒ determinó la “medida cautelar” de prohibir la forestación en la zona de Centurión y Sierra de Ríos. “Lo que nos han dicho desde el SNAP es que se les iba a indicar que hicieran la extracción y una restauración del suelo. Por ahora no hay novedades al respecto”, afirmó.
¿Reducir el área protegida?
Es larga la lista de problemáticas que preocupa a los vecinos de la zona; sin embargo, es encabezada por “el rumor de que se quiere achicar el área”, según contó la integrante de Coendu. “Estamos esperando. Desde el Ministerio de Ambiente se nos dice que no hay novedades. Parece que están haciendo reuniones entre los interesados en que se achique y jerarcas. Nos tiene un poco en alerta”, sumó. Además, reclama que no se están dirigiendo “muchos recursos de trabajo” en el sitio.
la diaria consultó al actual intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, para saber su opinión, quien manifestó que “en lo personal” piensa que “es bueno tener áreas protegidas”. Sin embargo, señaló que le parece “que es un exceso el área actual, y por lo tanto hay que generar un nuevo diálogo para condicionar un poco más el área a la realidad de lo que hay que preservar. Me parece que es excesivo el área que se le dio”. Si bien admitió que aún no tienen un número exacto de cuánto se recortará el área, afirmó que tiene que ser “más concreta”.
Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente, afirmó el año pasado que tienen “conflicto” en cuatro áreas protegidas; una de ellas es Paso Centurión y Sierra de Ríos. En aquel momento afirmó que había juicios por “los planes de manejo del ministerio” y que su idea es “tratar de generar acuerdos, dejar los juicios de lado y llegar a un punto de encuentro”. También se le preguntó sobre los juicios contra el Estado a Yurramendi, quien señaló que “están en etapa de negociación, por eso ahí está reunido el Ministerio de Ambiente en búsqueda de un acuerdo”. Indicó que “hay conflictos, pero se arreglan” y que productores de la zona “ven muy excesiva la medida”. “Hay que buscar un consenso que pueda conservar el área protegida, el medioambiente, sin perjudicar la productividad”, sumó.
A esto se suma que el presidente, Luis Lacalle Pou, expresó en 2020 durante una visita a Cerro Largo que “en áreas de demasiada extensión no vamos a poder cumplir la normativa” y que “termina siendo injusto para los pobladores de la zona”, ya que implica “el cese de algunas actividades productivas”.
El área protegida de Paso Centurión y Sierra de Ríos es de 25.000 hectáreas que representan 1,89% de la superficie de Cerro Largo. El Plan de Manejo aún se continúa discutiendo, pero el decreto de ingreso al SNAP no contrapone la principal fuente de producción en la zona –que es la ganadería extensiva a pequeña escala y cultivos para abastecimiento propio que ocupan 64,4% del área– a la conservación.
Caza ilegal
Magallanes indicó que en el área protegida existe la caza ilegal. “Me pasó de estar en Turismo, recorriendo un sendero con un grupo de turistas, y nos encontramos con un jabalí carneado y a los pocos metros había un guazubirá muerto. No se si lo habrán matado sin querer o le dispararon y el animal salió corriendo y no lo encontraron. Nosotros le avisamos al propietario y después pasó la Policía. Al otro día fuimos de nuevo y ya no había nada”, contó y sumó que “fue gente que había venido de afuera” y “se había puesto a acampar”.
Uruguay tiene sólo dos especies de ciervos nativos –el venado de campo y el guazubirá– y su caza está prohibida; también existen especies de ciervos exóticas, como los axis, que además se consideran una especie exótica invasora.
Magallanes afirmó que la Policía “responde cuando tiene posibilidades”. A propósito, señaló que “en las zonas rurales lo que pasa muchas veces es que no tienen vehículos disponibles, porque los mandan para zonas más calientes. Desde el punto de vista de seguridad prácticamente no pasa nada, entonces a veces mandan los móviles para otros lugares”, agregó. Sobre este punto, desde su perspectiva, también hace falta más control para preservar las especies nativas, y mostró preocupación por el nuevo decreto del gobierno que habilitó la caza nocturna de especies exóticas.