El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) publicó un decreto el 24 de mayo que tiene por objetivo reglamentar la certificación de productos agropecuarios orgánicos, la acuicultura y la producción integrada, tanto del mercado interno como de importaciones. Su implementación estará bajo la órbita de cuatro unidades ejecutoras: la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) y la Dirección General de la Granja (DIGEGRA). La nueva normativa deroga a sus predecesoras en la materia, incluido el decreto 557/008 del año 2008, que ya establecía la creación de un Sistema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica -que se mantiene-.
“Surge de la necesidad de actualizar la norma. Las normas anteriores daban competencia sólo a Servicios Agrícolas en lo que respecta a certificación de productos vegetales, pero no había marco normativo para la certificación de productos de origen animal”, dijo a la diaria Nicolás Chiesa, titular de DIGEGRA. Afirmó que existía un “vacío legal”, que el nuevo decreto busca “ordenar la casa” y “darle garantías a todas las partes”.
El procedimiento de certificación podrá estar a cargo del MGAP o de una entidad certificadora, que se define como una “persona jurídica nacional o extranjera, pública o privada, que se encuentre registrada y habilitada para tal fin”. A su vez, se crea el Registro Nacional de Entidades Certificadoras de Producción Orgánica y de la Producción Integrada. Allí deberán inscribirse “todas las entidades que pretendan certificar” los productos. El registro tendrá una validez de dos años, contados a partir de la fecha de notificación, y deberá ser renovado con 60 días de antelación a su caducidad.
Según informó Chiesa, en la actualidad la certificación la está otorgando el MGAP y “es totalmente gratuita para el productor”. “Es una gran ventaja. Hoy tenemos más de 40 productores que se han postulado, muchos han presentado el plan de manejo. Realmente le estamos sacando un costo al productor”, argumentó. Sin embargo, manifestó que después que se haga un llamado a las entidades certificadoras la situación podría cambiar: “El Ministerio por su parte no va a cobrar, pero entiendo que las certificadoras cobrarán por lo que hacen”. Indicó que aún no tienen una fecha pautada para realizar el llamado a aquellos que estén interesados en brindar el servicio. También dijo que puede llegar a haber “más de una” certificadora por área para que “compitan”.
No es lo mismo
La producción orgánica y la producción integrada no son sinónimos, pero se encuentra regulada su certificación en el mismo decreto. La primera se establece en la normativa como “todo método de producción sustentable en el tiempo que, mediante el manejo racional, preserve los recursos naturales, la diversidad biológica y el medioambiente, sin la utilización de productos de síntesis química ni de organismos genéticamente modificados o derivados de estos. Y que aplique altos estándares de bienestar animal”.
Por otra parte, la producción integrada es “una agricultura sostenible” que “se centra en la gestión de los procesos ecológicos y sus interacciones dentro del predio y en su contexto (paisaje y región), para optimizar el uso de los recursos, minimizar la necesidad de insumos externos y/o utilizar paquetes tecnológicos amigables con el medio ambiente”. Una de las diferencias más notorias es que este modo de producción sí se permite utilizar agroquímicos, mientras que en la producción orgánica no.
Por otra parte, el decreto prohíbe identificar como “ecológico”, “orgánico”, “biológico” y utilizar los prefijos “bio” o “eco” en la “rotulación, etiquetado o cualquier otro tipo de identificación” en los productos que no cumplan con las normas establecidas. El MGAP registrará en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual las marcas “producto orgánico del Uruguay”, “producto en conversión orgánica”, “insumo apto para producción orgánica”, “producto orgánico importado” y “producción integrada del Uruguay”. El director de la DIGEGRA afirmó que la producción orgánica y la producción integrada no van a tener la misma etiqueta.
Ambiente ausente
Para establecer los “requerimientos técnicos” de la producción integrada se conformará una Comisión Asesora con el objetivo de que “propongan las normas de cada cultivo”. Deberán establecer, entre otros puntos, lo referido a la “fertilización, indicando cantidades máximas aplicables” y la “protección fitosanitaria indicando los métodos de seguimiento y evaluación de las diferentes plagas, las técnicas adecuadas para combatirlas y los plaguicidas autorizados para cada caso”.
Un punto que llama la atención es cómo estará constituida la Comisión Asesora. Según el decreto, participarán dos técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca -uno de la Dirección General de Servicios Agrícolas y otro de la Dirección General de la Granja-, representantes del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y dos productores del Sistema de Producción Integrada. “Adicionalmente, se podrá contar con la participación de otros técnicos u organismos públicos o privados especialistas en la materia”, suman en el decreto.
Si bien este último punto deja la puerta abierta, hay un claro ausente en el proceso de establecer los parámetros de este tipo de producción: el Ministerio de Ambiente (MA). A su vez, se convoca sólo a la Facultad de Agronomía y no a otras carreras que estudian los efectos de la producción en los ecosistemas. Chiesa comentó que la Comisión Asesora “ya funciona hoy a través de Servicios Agrícolas” y que se buscó “agrupar todo en este decreto”. Admitió que sumar al MA “es una mejora que pueda tener el decreto”, que “todo es perfectible” pero “hasta ahora nadie lo planteó”.
Sin participación de la Red de Agroecología
A raíz del nuevo decreto, la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) emitió un comunicado que plantea una serie de discrepancias con el accionar de las autoridades. Subrayan que el 25 de mayo se reunieron con Ignacio Buffa, subsecretario del MGAP, quien les afirmó “su afinidad con la necesidad de abrir las convocatorias a certificadoras, incluyendo a certificadoras participativas como la de la RAU” para que “productores y productoras pudieran elegir libremente cómo ser certificados”. También “manifestaba el compromiso de conversar con el Director de la Granja para abrir la participación en el armado del nuevo decreto regulatorio que sabíamos que se estaba elaborando, pero de cuyos detalles aún no teníamos novedades”.
Sin embargo, admiten que “la única información” que recibieron provino de Chiesa, quien les dijo que “el nuevo decreto iba a mantener el reconocimiento de los sistemas participativos de garantía en su redacción, tal como ya estaba establecido en el decreto 557/008”, la norma anterior que se derogó.
Chiesa, consultado por este punto, afirmó que “el sistema participativo de garantía es una forma de certificar”. “Acá decimos que existen las entidades de certificación. Puede que ser que certifiquen a través del sistema participativo de garantía, del sistema de tercera parte. No se lo incluye porque no es necesario. Trabajaron los técnicos, los abogados y dijeron que lo dejáramos amplio porque acá pueden participar todos. Eso ya se lo dijimos a la Red de Agroecología”, comentó, agregando que “no es algo contra” ellos.
Por otra parte, desde la RAU, manifiestan que el gobierno “decidió desconocer” a la organización que nuclea a agricultores y agricultoras que desde hace más de 30 años “vienen construyendo la agroecología y la producción orgánica de nuestro país”. También que “desde hace 14 años sostenemos la construcción y gestión de nuestro Programa de Certificación Participativa, reconocido y avalado oficialmente por el MGAP desde mayo de 2015, siendo la única entidad certificadora del país que se inscribió en el Registro creado en 2008 por el propio Ministerio”.
“Este gobierno nos ha mentido sistemáticamente”, aseguran en el comunicado y agregan que “lejos de trabajar en conjunto, se nos ha desconocido, inhabilitado, y ahora, con este nuevo decreto, eliminado a los sistemas participativos de garantías de la normativa nacional”. Por esta razón, exigen su anulación y la “creación de un espacio de trabajo intersocial e interinstitucional para el armado de una nueva normativa que dé cuenta de lo acumulado en lo referente a la agricultura orgánica de los últimos años”.
Otros “retrocesos”
La RAU afirma que el decreto tiene otros puntos que le parecen un “retroceso en materia de regulación de producción orgánica” y que “deben ser revisados”, como “la creación de diferentes autoridades competentes (que terminan funcionando como diferentes ventanillas burocráticas)” y “el armado de un sistema de certificación en conjunto con otro modo productivo que nada tiene que ver con ecológico, como es el de la producción integrada”.
A su vez, la organización integra la comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología. Recuerdan en su carta que en él se establece una serie de pautas como el “fortalecimiento de los sistemas participativos de garantía para consolidar las áreas de capacitación (incluyendo la modalidad de agricultor a agricultor)”, el “apoyo para la elaboración y aplicación de indicadores de sustentabilidad para la evaluación dinámica y sostenida de los sistemas de producción y los sistemas participativos de garantía” y la articulación entre la comisión honoraria y “la autoridad oficial competente en la certificación, con el propósito de una mejora continua de la implementación y actualización del marco normativo”.