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Esteros de Farrapos el 16 de diciembre de 2022.

Foto: Alessandro Maradei

Empresa minera lindera al Área Protegida Esteros de Farrapos busca explotar predios de Colonización durante 30 años

9 minutos de lectura
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El INC envió una carta a autoridades del Ministerio de Industria en la que sugiere “evitar poner en riesgo la conservación y protección del área”; investigadores del CURE alertan que en los predios existen sitios arqueológicos de relevancia.

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Leído por Mathías Buela.
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El grupo Los Costeros está conformado por cuatro pequeños productores ganaderos arrendatarios de dos predios contiguos del Instituto Nacional de Colonización (INC), ubicados sobre la costa del río Uruguay, linderos al área protegida Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay y a pocos kilómetros de San Javier, departamento de Río Negro. El grupo está llevando adelante la tarea de recuperar los suelos, que se encontraban degradados por actividades agrícolas que desempeñaban los anteriores propietarios. Luego de años dedicados al cuidado, los resultados se estaban comenzando a observar.

Sin embargo, en diciembre de 2022, la empresa Servifor Group -propiedad de Miguel Otegui, exdiputado por el Partido Nacional y exintendente interino de Paysandú- se hizo presente en sus tierras por segunda vez. Durante el primer encuentro, que tuvo lugar un año atrás, los delegados de la empresa sólo hicieron mediciones dentro del campo, pero esta última visita inesperada fue diferente: también colocaron mojones con el objetivo de marcar el área que pretenden explotar. En una carta, el INC les aclaró a los productores que, si bien la empresa tenía autorización para ingresar a su fraccionamiento, no podía “realizar ningún tipo de extracción de materiales”. También se planteó que se había creado un expediente en la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) y que aún restaba que el Ministerio de Ambiente apruebe el proyecto.

Mediante un pedido de acceso a la información pública, la diaria consiguió el expediente de este proyecto minero, que busca extraer arena y canto rodado. Cabe resaltar que el artículo 4 del Código de Minería establece que “todos los yacimientos de sustancias minerales existentes en el subsuelo marítimo o terrestre o que afloren en la superficie del territorio nacional integran en forma inalienable e imprescriptible el dominio del Estado”. En base a la normativa, las empresas se pueden presentar ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para obtener permisos y explotar este tipo de recursos. La preocupación de los productores radica en los impactos ambientales que podría causar la iniciativa y que sus esfuerzos de reconstruir el ecosistema pueden haber sido en vano. A su vez, el primer informe que presentó Servifor Group a la Dinamige es de febrero de 2021 y brinda información sobre las actividades que intentan llevar adelante. El técnico responsable designado por la empresa fue Martín Apratto, licenciado en Geología y actual director de la Unidad de Gestión Ambiental y Cambio Climático de la Intendencia de Paysandú.

El informe de la empresa

Según se relata en el informe elaborado por Servifor Group, el objetivo del proyecto es “la extracción de arena suelta fina y canto rodado con fines comerciales, previéndose la explotación del recurso mineral a cielo abierto, mediante el uso de maquinaria convencional (retroexcavadora)”. De aprobarse, la extracción tendría lugar en cuatro padrones -dos de ellos son los del grupo Los Costeros-, que equivale a 206 hectáreas en total. Sobre durante cuánto tiempo pretende la empresa tomar la arena y canto rodado que caracterizan el territorio, en el informe responden que depende de “varios factores”, tales como las “dimensiones del frente de cantera abierto” o la “demanda del recurso material en el mercado”. Si bien manifiestan que no es posible “establecer plazos precisos”, estiman que la explotación tendrá lugar durante “un período de tiempo total de 30 años”.

“El yacimiento se encuentra aflorante entre las cotas 20 y cinco metros. A nivel de campo y sobre la base de las excavaciones realizadas en el lugar con máquina retroexcavadora, el perfil observable hasta la profundidad alcanzada de tres metros, se compone íntegramente de arena suelta, fina, cuarzosa, con presencia de niveles intercalados de canto rodado, el cual en ocasiones también se encuentra aflorando”, describen en el informe y suman una fotografía. No se indica expresamente si fueron ellos quienes hicieron la excavación en los predios, tampoco la ubicación precisa de la intervención. Al mismo tiempo, hacen un cálculo “conservador” para medir el volumen de material que podrían tomar con excavaciones “en el orden de los tres metros promedio, de 140 hectáreas de superficie”. En base a estos datos, tendrían como resultado “un volumen de reserva de 4.200.000 metros cúbicos, de los cuales, de acuerdo a los relevamiento de campo realizados, 75% corresponde a arena y 25% a canto rodado”.

En el informe, de 14 páginas, se aborda la “etapa de cierre”, cuando se “desarrollarán las tareas de recomposición del terreno, procurando acercarlo lo más posible a su estado original”, que les insumirá “un tiempo aproximado de seis meses”. “Las tareas de excavación, la erosión y la acumulación de finos y polvo, y la circulación de la máquina retroexcavadora, que pueden generar modificaciones en la geomorfología del terreno, suponen una afectación cierta, fundamentalmente sobre el paisaje. No obstante, este potencial impacto negativo […] es perfectamente mitigable mediante la aplicación de un adecuado plan de abandono que incluya la corrección de pendientes en el terreno, que permita restablecer visualmente la estructura inicial del paisaje”, desarrolla el técnico de la empresa. “La etapa de abandono en forma segura es un objetivo sostenido de la industria minera, ya que lo que se procura es llegar a un diseño de cierre del área de trabajo compatible con el ambiente y que brinde al terreno un valor de uso igual o superior al que tenía antes de la actividad minera”, dice el documento.

Sin embargo, no todo se mide según su “valor de uso”. Es necesario recordar que los predios que buscan explotar se encuentran a poca distancia del área protegida Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay. Este territorio se incluye en una propuesta elaborada por 13 técnicos que tienen la ambición de crear un corredor biológico que una el parque nacional con otra área protegida llamada Montes del Queguay, ubicada en Paysandú. Algunos de los objetivos de esta iniciativa consisten en sostener los flujos biológicos de las áreas de interés para la conservación, reducir las amenazas a los ecosistemas y especies nativas, y fomentar las buenas prácticas productivas en todos los sectores, haciendo hincapié en ayudar a la producción familiar. Hasta el momento, la idea no ha prosperado en los ámbitos de toma de decisión.

Por otra parte, en el documento de la empresa se mencionan las “medidas de seguridad” que llevarán adelante si se aprueba el proyecto. “La colocación visible sobre el camino vecinal, portera de acceso al predio y a todo lo largo del perímetro de pedimento, de letreros que indiquen la existencia de un área de explotación minera”, “letreros internos visibles dándose la advertencia de la realización de trabajos de excavación e indicándose el no ingreso al área específica” y “el área de excavación contará con control de acceso, a los efectos de evitar el ingreso a la misma de personas no autorizadas y/o animales (ganado)”, son sólo ejemplos. A su vez, en la conclusión del informe elaborado por las empresas se apunta que el proyecto es “viable y económicamente rentable, además de considerarse favorable desde el punto de vista social”.

¿Prospección o protección?

El 28 de octubre, la División de Agrimensura de la Dinamige envió las “Instrucciones de mensura, deslinde y amojonamiento” a la empresa. Tres días después, se le notificó que tenían un plazo de 60 días para “realizar el amojonamiento”. Hace unas semanas, Adrián Stagi, director de Ambiente, Higiene y Bromatología de la Intendencia de Río Negro, se refirió al hecho de que la empresa colocara los mojones previo a una definición del Ministerio de Ambiente. En diálogo con la diaria, expresó que “esto no se hace” porque tiene que haber “una evaluación antes de iniciar cualquier acción en el terreno”. “Quizás fue para marcar la zona, para que se vea por el tema de impacto ambiental, no sé cuál fue el objetivo, pero esto me permite ver que uno de los mojones está a 50 metros del río. En la normativa se establece una faja de protección costera de 250 metros”, agregó. Para el director, el proyecto es “totalmente negativo”.

Uno de los actores clave en el proceso fue el INC, debido a que es el propietario de los predios. El 7 de diciembre, según consta en el expediente, el Departamento de Agrimensura de esta institución envió una carta dirigida a Marcelo Pugliesi, titular de la Dinamige, y a Omar Paganini, ministro de Industria, en la que se refieren a la situación. “Se trata de fracciones con explotación productiva y en las cuales se están desarrollando un conjunto de proyectos y acciones por parte de los colonos para mejorar la producción y la gestión del predio. Es una zona de interés ambiental próxima al Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, en la que se registra una amplia variedad de flora y de fauna”, se resalta.

Además, se plantea que los terrenos se destacan por “su alto grado de naturalidad, la diversidad de sus ambientes y su función en la prevención y control de inundaciones, la protección de las costas del río Uruguay y como sitio de cría de especies prioritarias para la conservación y de valor comercial”. Por otra parte, suman una nueva variable: se trata de una “zona de interés arqueológico, la cual cuenta con una gran variedad de estudios y publicaciones”. Por estas razones, el INC argumenta en la carta que considera necesario “realizar las gestiones para evitar poner en riesgo la conservación y protección del área”. En el expediente no figura una respuesta por parte de las autoridades del MIEM.

El INC, poco a poco, ha ido fortaleciendo la inclusión de la perspectiva ambiental en el manejo de sus predios. Sin ir más lejos, en el Plan Político Estratégico del Instituto Nacional de Colonización para el período 2020-2024 se describe que proyectan “pasar de una visión cuantitativa al desarrollo de un paradigma cualitativo desde el punto de vista productivo, económico, social, cultural y ambiental, el cual va a ser implementado indefectiblemente en forma paralela con la mejora de la gestión y eficiencia institucional”. También resaltan como objetivo que el proceso de colonización esté determinado por “las dimensiones del desarrollo sustentable, en cuanto a la coherencia entre crecimiento económico, justicia social, explotación y producción, sin comprometer los recursos y el ambiente”. Al momento, aún resta esperar la respuesta del Ministerio de Ambiente, que está estudiando el proyecto minero y tendrá la última palabra.

¿La retroexcavadora o nuestra historia?

Los arenales, además de cumplir funciones ecosistémicas fundamentales, albergan parte de nuestra historia. Así lo cuentan Noelia Bortolotto y Andrés Gascue, arqueólogos e investigadores del Centro Universitario Regional Este (CURE) de la Universidad de la República. Ambos comenzaron a trabajar en el departamento de Río Negro en 2009, donde conocieron a dos figuras clave que los apoyaron en sus investigaciones: René Boretto y Rosendo Bernal. Boretto y Bernal participaron en el Primer Congreso Nacional de Arqueología, que tuvo lugar en diciembre de 1972, y presentaron su trabajo Arqueología del departamento de Río Negro: esquema tentativo de una secuencia cronológica para sitios del Uruguay y Río Negro. Según cuentan los investigadores del CURE, se convirtió en el primer antecedente que mapea y describe como sitio arqueológico los predios que la empresa minera pretende explotar. Lo denominaron “sitio Ofir”, pero no es el único en la zona.

“Cuando tenés un caso claro de afectación ambiental donde hay sitios arqueológicos, sirve para entender que somos parte de un sistema en el que todos jugamos un rol. Los que pasaron antes que nosotros también jugaban su rol y dejaban sus huellas. Está en nosotros ver qué hacemos con esas huellas. ¿Las tenemos en cuenta o las descartamos?”, pregunta Bortolotto. Tanto a ella como a Gascue les preocupa el precedente que puede generar la autorización del proyecto. En el documento de la empresa no se hace mención a cómo manejarán los sitios arqueológicos.

Gascue señala que existe evidencia en la zona de que parte de estos sitios están ocupados desde hace 1.600 años. Se trata de lugares secos, drenados y con menor cantidad de insectos. “El sitio Ofir no lo tenemos fechado, pero básicamente comparte características con los sitios en arenal. Los materiales arqueológicos se encuentran en niveles que están modificados por la ocupación humana, donde la arena es más oscura. Queda con mucha cantidad de materia orgánica y de nutrientes. Estos grupos eran ceramistas, el lítico es bastante abundante con respecto a otros sitios de culturas similares del Paraná. Tenemos registros de cómo se alimentaban, había un aprovechamiento del medio fluvial y las praderas interiores. Utilizaban instrumentos óseos, como arpones para pescar o puntas, pero también boleadoras y piedras de onda, que están más adaptadas a la cacería en ambientes abiertos”, cuenta el investigador. La cantidad de piezas e información recabada en la zona es mucha, pero aún queda mucho por conocer en las capas más profundas del suelo.

Gascue suma un nuevo punto que deberíamos poner sobre la mesa: estos grupos indígenas enterraban a sus fallecidos en las mismas zonas donde acampaban. “Son lugares sagrados que tienen que ser cuidados. Este es un tema que está en el debate de las comunidades indígenas de América del Sur. Por ejemplo, se están sacando los restos humanos de las vitrinas de los museos, ya quedan muy pocos. En este tipo de emprendimientos, las retroexcavadoras estarán removiendo, además de información, nuestro pasado y sus restos humanos. No hay mucha empatía. A un empresario no le gustaría que fueran a un cementerio a profanar las tumbas de sus familiares”, cuestiona. Entiende que tenemos mucho por aprender de los pueblos indígenas. Una de las formas de escucharlos, es con más investigación.

“Siempre es más fácil borrar la memoria. Cuanto menos historia tengamos, es más fácil seguir haciendo el camino de la destrucción Por suerte, hoy día, tenemos un montón de personas que se autoidentifican con distintas etnias y grupos originarios que están defendiendo sus derechos. Yo pienso que nuestro rol como antropólogos y antropólogas también es poner esto sobre la mesa. Pero no sólo como objeto de estudio, sino como parte de un todo, donde todos tenemos que ser escuchados. Estamos tratando de que se cuente un pedacito de la historia y hay máquinas que están viniendo a desaparecerla de un momento a otro”, finalizó Bortolotto.

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