41 integrantes de la bancada del Frente Amplio en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que busca etiquetar “todos los alimentos para consumo humano que contengan organismos genéticamente modificados (OGM), consistan en OGM o estén producidos a partir de OGM en una proporción superior al 1%”. De aprobarse la normativa, deberán llevar en su envase una etiqueta con un rectángulo de color amarillo con una “T” en rojo, que no puede ser menor al 10% de la cara principal del envoltorio, para que indique su origen transgénico. A su vez, cuando el alimento sea comercializado fresco, deberán rotular el origen en el cartel o etiqueta de venta. La Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) pretende que sea el órgano rector que tenga a su cargo “todas las acciones necesarias y vinculadas a la vigilancia permanente en la comercialización de alimentos OGM o con OGM”.
En la exposición de motivos, los legisladores y legisladoras describen que la siembra de cultivos transgénicos “ha cobrado creciente importancia desde que se comenzaron a autorizar los primeros eventos transgénicos en 1996”. Describen que la estimación de área sembrada en 2024 para soja y maíz fue de 1.229.235 hectáreas y 259.931 hectáreas, “lo que representa el 81% y 17% del total sembrado en cultivos de verano, incluyendo sorgo y girasol”. “Los cultivos transgénicos autorizados y más utilizados son la soja tolerante a herbicidas, el maíz resistente a lepidópteros y con tolerancia a herbicidas. Con el transcurso de los años, estos materiales han reemplazado las variedades e híbridos de origen no transgénico”, resaltan. En este sentido, solicitaron información a la Cámara Uruguaya de Semillas y al Instituto Nacional de Semillas. Les confirmaron que “la superficie sembrada de soja y maíz genéticamente modificado representan “99% y 98,4%, respectivamente”. Destacan que “dichos alimentos forman parte de la dieta a nivel de todo el país ya sea por consumo directo o a través de sus derivados (aceites, harina, polenta, tofu, leche de soja, hamburguesas vegetales, jarabes, etcétera)”. Insisten en que “la presencia total o parcial de OGM en alimentos es muy amplia” y entienden que si no se especifica el origen genéticamente modificado en una etiqueta es de “enorme dificultad” para el consumidor conocer esta información.
Recuerdan que “a nivel país es el Sistema Nacional de Bioseguridad, a través del Gabinete Nacional de Bioseguridad, el que lleva adelante las políticas relativas de los OGM y autoriza las solicitudes relacionadas con la introducción, uso y manipulación de dichos organismos”. Sin embargo, destacan que el uso de transgénicos es de “interés general y despierta en la sociedad ciertas interrogantes vinculadas a sus posibles efectos”. “A nivel de producción científica hay trabajos que defienden la inocuidad de estos alimentos, pero también hay otros trabajos publicados que reportan sobre efectos tanto a nivel toxicológico como alérgico”, manifiestan. A su vez, mencionan que la evaluación de riesgo asociada con la alimentación es “compleja y muchas veces de difícil determinación” debido a “la diversidad de dietas, edades de las personas, posibles patologías o predisposición a reacciones alérgicas, factores de riesgos ambientales” y más. Esto “dificulta llegar rápidamente a determinar la causa del efecto”.
Los diputados y diputadas indican que algunas sugerencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud consisten en “la evaluación continua del riesgo y mantener la coherencia frente a la generación de nuevos conocimientos” sobre “aspectos nutricionales y de inocuidad de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos”. “A nivel de posibles efectos en el ambiente, con base en el ‘principio de precaución’, y fundando la decisión en que no hay certeza técnica que asegure una posible afectación, es que, en algunas partes del mundo, no se permite sembrar cultivos transgénicos. Este principio precautorio también es aplicable en cuanto a salud humana refiere”, detallan en la exposición de motivos.
Sin ir más lejos, plantean que en los países europeos estos productos son “regulados en el comercio garantizando que el sistema de etiquetado tenga toda la información necesaria antes que el consumidor haga la compra”. Afirman que el gobierno departamental de Montevideo fue “pionero” en “establecer la obligatoriedad de que todos los alimentos que contengan organismos genéticamente modificados sean identificados mediante etiquetado o rotulación”. Los parlamentarios y parlamentarias señalan que, “en un país de derecho, se considera impostergable que el consumidor pueda conocer el origen de los alimentos que elige” y, por esta razón, ven necesario “regular a nivel nacional la venta de todo alimento transgénico o que derive de un organismo genéticamente modificado especificando obligatoriamente en la etiqueta del envase su origen”.
La iniciativa ingresó a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes a mediados de junio. Alejandro Zavala, uno de los legisladores frenteamplistas que presentaron el proyecto, señaló a la diaria que esto era un “pendiente”, y remarcó que existen experiencias regionales similares y que “básicamente es ponernos a tiro”. Comentó que aún no han entablado contacto con diputados de la oposición, pero tampoco han encontrado opiniones críticas. “Vamos a ver ahora, cuando se empiece a tratar. En principio, me parece que es de esas iniciativas que van a articular mayorías”, reflexionó.