Últimamente se ha destacado la cuenca del río Santa Lucía porque de allí se extrae el agua para abastecer a 60% de la población del Uruguay. Sin embargo, tiene ecosistemas maravillosos que deberían preservarse por varias razones más, incluidas las funciones que cumplen en el ciclo de la naturaleza, donde los seres humanos estamos inmersos. Están sus humedales salinos-costeros, que constituyen una especie de “esponja”, donde se capta el agua de lluvia, se filtra y recarga los acuíferos. Ellos, además, se encargan de regular las inundaciones, reducir la erosión y funcionar como hábitat de especies nativas. También se encuentran distribuidas, a lo largo de este territorio, diversas especies de flora y monte indígena y –en este punto se va a centrar esta nota– playas arenosas e islas fluviales. Las principales amenazas de esta cuenca están asociadas a la expansión de la agricultura y su paquete tecnológico, junto con la contaminación por fuentes puntuales de urbanización e industrialización. Pero ¿qué sucede con la extracción de arena por parte de empresas privadas?
La cuenca abarca parte de Lavalleja, Canelones, San José, Montevideo, Flores y Florida. En este contexto, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, presentó el miércoles una denuncia al subsecretario del Ministerio de Ambiente (MA), Gerardo Amarilla, vinculada a la problemática. Relató que empresas areneras hicieron un terraplén para desviar artificialmente el río Santa Lucía, en una zona cercana a San Ramón. En las imágenes difundidas por la comuna se podía observar como una máquina retroexcavadora tomaba arena del lugar para construir un camino. Cabe resaltar que, en octubre del año pasado, la Intendencia ya había alertado a la cartera ambiental. Este lunes, Amarilla manifestó en diálogo con Doble Click que, luego de la visita de técnicos, se detectó que las acciones por parte del privado tuvieron lugar en el arroyo Vejigas –uno de los cursos principales del río Santa Lucía– y si bien “había una calzada construida y algunos movimientos de arena” no observaron “alteraciones en el curso, ni estancamiento del agua”. De todas formas, sí se detectó tala de monte nativo, actividad que está prohibida.
Esta no fue la única denuncia que se hizo pública en el último mes vinculada a empresas areneras y su accionar en la cuenca. Un grupo de vecinos de La Macana, Florida, se comunicó a mediados de enero con ediles del departamento para manifestarles su preocupación por una serie de acciones que se llevaron adelante sobre el río Santa Lucía Chico, en el sitio conocido como Picada Varela. Fabiel González, uno de los ediles que intentó obtener más información sobre la obra, describe a la diaria que se colocaron caños sobre el río y se construyó una calzada para que vehículos pesados pudieran circular. Y así se evidencia en las fotografías que comparte. “Ese lugar es utilizado por los vecinos y vecinas como playa. Hay una empresa que está sacando arena del río para la obra de la doble vía de la ruta 5. Se hizo la denuncia y nosotros, como la bancada de ediles del Frente Amplio, se la llevamos al ministro de Ambiente [en ese entonces aún estaba Adrián Peña]. Él vino y dijo que de parte del Ministerio no tiene permiso”, apuntó.
En ese momento, Peña indicó en diálogo con FM Claridad que la interrupción del curso era “un poco grosera”, que “nadie gestionó” el permiso en la cartera y, por lo tanto, “autorizado no está”. “Lo que tenemos que hacer ahora es ver quién lo hizo y si algún otro organismo lo autorizó, para ver si nosotros podemos actuar dentro de nuestras competencias”, indicó el exjerarca.
González declaró que también detectaron la construcción de otra calzada que corta el río Santa Lucía Chico en la misma zona. “La Intendencia de Florida elevó a la Junta Departamental una habilitación para abrir una servidumbre de paso, para que otra empresa que saca arena para la doble vía pueda acceder a terrenos municipales. Tiene permiso de la Dirección de Hidrografía, pero, de todas formas, no sabemos si va a ser una calzada de este tipo. Más allá de que sean calles transitorias, que a la primera creciente se borran, el problema es que se modifica el ecosistema. Al entrar la maquinaria, destrozan árboles. Todo lo que está al paso lo rompen y acá no hay un cuerpo inspectivo que esté monitoreando”, sumó.
La situación de Florida
Facundo Urban, director de Obras de la Intendencia de Florida, contó que recibieron la denuncia de los vecinos vinculada a la construcción del camino sobre el río Santa Lucía Chico. El procedimiento que siguió la comuna fue enviar por escrito a la regional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) una solicitud para que la Dirección de Hidrografía realizara una “inspección en toda la zona”. Recordemos que esta oficina técnica es la encargada de otorgar permisos para poder extraer arena en los álveos –es decir, cauces– de dominio público. “Sabíamos que había varias empresas, con las obras de la ruta 5... Queríamos aprovechar para que manden inspectores y miren que esté todo en regla, ya sea teniendo la autorización, que es lo primero que tienen que tener, y después, que estén respetando las indicaciones que se les da”, describió.
Según consta en la página web del MTOP, en setiembre del año pasado comenzaron la construcción de la doble vía en la ruta 5, que abarca el tramo Florida-Sarandí Grande. Corresponde a la tercera etapa, la última que “faltaba adjudicar para esta obra, que se extiende desde el departamento de Canelones a Durazno”. En su totalidad, la ampliación de la caminería costó 300 millones de dólares. Por esta razón, había una gran demanda de arena en el departamento.
“Nosotros no autorizamos el camino. Lo único que hay, previo a la construcción de la alcantarilla, fue la solicitud de un privado, que tiene permiso de Hidrografía, para pasar por un terreno nuestro. Esto es una senda de paso y fue a la Junta Departamental. No está autorizado hasta que lo aprueben en la Junta”, expresó Urban.
El jueves, la Dirección de Hidrografía envió un expediente a los ediles donde se afirma que, luego de las inspecciones, constataron varias “irregularidades” vinculadas al camino que se construyó sobre el río Santa Lucía Chico. Una de ellas es la “colocación de caños y terraplenado sobre los mismos para conformar cruce del río con maquinaria”. Se afirma que “dicha intervención es en el álveo de dominio público y no tiene ninguna autorización” y que “en el día de hoy fue desactivada luego de la inspección”.
Además, también se detectó “extracción irregular en el álveo, fuera de la zona autorizada en el permiso” de una persona particular –la solicitud para tomar el recurso no estaba a nombre de una empresa– y se le notificó a la misma, “a modo de intimación, no continuar con dicha actividad”. Por si fuera poco, en el sector donde la persona tenía autorización para tomar arena, se observó un “exceso sustantivo de volumen extraído”. “Luego de iniciar la actividad con un volumen autorizado, si lo desea aumentar, debe solicitar formalmente una 2da autorización, cosa que no ha hecho [...] En este contexto, donde por otro lado existen variadas irregularidades de diverso tenor, se eleva a la Dirección Nacional informando actuaciones cumplidas y quedando a criterio de la Dirección la eventual suspensión de las actividades en el marco del permiso, hasta tanto no se regularice totalmente las situaciones constatadas”, se describe en el informe. Asimismo, se plantea que “próximamente” se harán más inspecciones “en la medida de los recursos humanos disponibles”. Sobre este punto volveremos más adelante.
Por otra parte, se consultó al Director de Salud y Gestión Ambiental de la Intendencia de Florida, German Lapasta, si estaba al tanto de la construcción del camino sobre el río Santa Lucía Chico. Respondió que no pasó por su oficina. A su vez, fuentes de la División de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales del MA dijeron a la diaria que están “haciendo una vigilancia” pero no tienen competencias para actuar, ya que el álveo público es gestionado por la Dirección de Hidrografía. Enseguida, se reconoció que en otros casos han apelado a la Ley de Protección del Ambiente para poder defender el territorio.
Difícil control
Marcos Paolini, director de Hidrografía, habló con la diaria sobre las dificultades para controlar la situación de las areneras que se encuentran sobre álveos públicos y están bajo su competencia. “Hay cuatro inspectores para todo el país, para todos los ríos. No hay una fiscalización permanente. Son cientos y cientos de permisos. Hay alrededor de 400 permisos en vigencia, desde dragas, embarcaciones, chalanas, extracción con retro”, contó.
Al preguntarle si es habitual que las empresas areneras construyan caminos sobre los cauces, respondió: “Es habitual que los empresarios que viven de esto tengan que llegar a donde está la arena. Entonces, a veces, hacen una calzada para pasar con una máquina pesada y llegar al lugar. Se da seguido y hay que estar controlando. También se da seguido que extraen más volumen de lo que se les permite o piden. Es como en el tránsito, ahora hay cámaras por todos lados. Si vos no tenés cámaras para controlar la velocidad en la ruta y no tenés inspectores... Esto es lo mismo. ¿Cómo haces para controlar?”.
El jerarca enfatizó en que “son pocos recursos humanos para supervisar todo el país”. “Por lo general se va atrás de la denuncia, lo mismo que sucede en la parte de Ambiente. ¿Cómo vas a hacer para cubrir todo el país, toda la costa, todos los ríos y los arroyos? Es imposible. Normalmente un vecino ve que están sacando arena y hace la denuncia. Los inspectores van a los lugares donde la gente tiene permiso y los supervisan. No van en un avión, ni navegando, para ver dónde hay gente extrayendo arena. Supervisamos los permisos legales, los que no están legalizados no tenemos manera, salvo que denuncien y se le obliga a regularizarlo”, sumó.
Paolini expresó que la Dirección de Hidrografía “no tiene marco legal” para aplicar multas, a diferencia de la Dirección de Minería y Geología del Ministerio de Industria, Energía y Minería que se encarga de otorgar concesiones de explotación a empresas –entre ellas, las areneras– fuera del álveo público. “Desde el año 1906 se otorgan permisos, pero no hay ningún decreto que avale las multas, no hay marco legal. Ahora tenemos un proyecto para incluirlo en la Rendición de Cuentas. Nosotros no podemos multar, si se excede de los volúmenes, le hacemos pagar o le tenemos que cancelar directamente el permiso, que es una cosa extrema”, apuntó. Enseguida sumó: “Lo que podes hacer es no darle permiso, pero hay que hacer un sumario, tenés que justificarlo. La ley dice que podés no renovarle, pero bueno, tenemos que incluirlo en la Rendición, ya hemos tenido varios casos el año pasado”.
La situación de Canelones
El 31 de octubre del año pasado, Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental de la comuna canaria, envió una carta que publicó El Observador y también accedió la diaria, al director Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Gerardo Evia. Allí relata que su equipo técnico constató en dos padrones ubicados en el álveo del arroyo Vejigas “el trabajo de extracción de áridos por parte de maquinaria pesada y dos camiones, observando que el arroyo fue represado en ese lugar para el ingreso vehicular, a causa de esto, el cauce ha sido modificado con el desvío de agua por un canal que se realizó con el empleo de maquinaria, con destrucción del monte ribereño protector de las márgenes”. A su vez, describió que “para la construcción de la represa” se utilizaron “escombros de diferente tipo y cubiertas neumáticas”. “Corresponde observar la importancia de este brazo del curso de agua del arroyo Vejigas, ya que dado su caudal, corresponde en ese tramo al río Santa Lucía”, sumó. En la misiva, se envió documentación fotográfica y satelital como prueba. Tres meses después, en enero, la alerta tomó estado público y se comenzó a investigar por parte de autoridades nacionales. En este contexto, Amarilla informó que “no tenemos consecuencias tan graves cómo se planteó”.
Marcelo Pugliesi, director de Minería y Geología (Dinamige), dijo a la diaria por qué el caso de la denuncia presentada por Orsi estaría bajo su competencia y no de la Dirección de Hidrografía, a diferencia del caso de los ediles. “La extracción de arena se hace de dos formas: con una concesión minera que la damos nosotros o con una autorización de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte. Cuando autorizamos nosotros, sólo se puede extraer arena a una distancia no menor de 70 metros de un curso de agua, vertiente, cachimba, etcétera. Esto lo marca el Código de Minería. Después, están las areneras que autoriza Hidrografía, que son aquellas que están en los álveos de dominio público y, normalmente, son declarados como vías navegables, como es el río Santa Lucía. Donde se detectó minería irregular es en el arroyo Pilatos y el arroyo Vejigas. El río Santa Lucía está un poco más al norte. Como es una zona que no es de uso público, sino de campo privado, nos correspondía a nosotros la tarea inspectiva y tomar las medidas al constatar minería ilegal”.
El jerarca planteó que no entiende “por qué se demoró tanto en hacer la denuncia” y darle aviso a la Dinamige. “Entre que lo constataron y la actualidad, una máquina de este tipo mueve más de 2.000 metros cúbicos de arena sin ningún tipo de problema. Esa arena a algún lado se vendió, pero se hizo de forma ilegal. Pudo haber un desconocimiento desde el punto organizacional estatal, pero la policía minera, por ley, es la dirección nuestra. Indudablemente, después hay que hacer intervenir a Ambiente para ver si se ocasionó algún daño ecológico”, manifestó. Relató que hasta el momento no se han aplicado multas por la construcción del terraplén en el arroyo. Primero se “hace un informe y se da vista a las empresas”, luego los privados pueden hacer sus descargos y, más tarde, “se le da la razón o no”. “Es un trámite lento”, admitió. Sobre el destino de la arena extraída de forma ilegal, señaló que “no hay forma de saber para dónde fue”. Por otra parte, aún resta saber si el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca multará a la empresa –que las autoridades no especificaron su nombre– por la tala de monte nativo.