12 resoluciones y dos decretos en casi tres años es el legado que dejó Adrián Peña en el Ministerio de Ambiente tras su renuncia, luego de que tomara estado público que había mentido sobre su título universitario.
En su lugar, asumió como titular de la cartera más joven, creada por la ley de urgente consideración en 2020 como forma de hacer carne uno de los postulados del programa de gobierno, el hasta entonces vicepresidente de Antel, Robert Bouvier, lo que significó el séptimo cambio en el gabinete del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
En 2019 el texto del entonces candidato hablaba de “la necesidad de desarrollar una política ambiental integral y de alcance nacional, consolidando el proceso de construcción del Estado ambiental de derecho iniciado en los años 90” en busca de fortalecer “el papel rector del Estado mediante el diseño y aplicación de reglas claras y válidas para todos; esta política, auguraba el programa, debía ser “realista para ser eficaz: tiene que proteger el medioambiente y al mismo tiempo ser compatible con un desarrollo social y económico sustentable”.
Atado a esto, se identificaba como una acción a tomar “jerarquizar el tema ambiental en la agenda pública”, y para eso proponía la creación del Ministerio de Ambiente “por la vía de una reubicación de funcionarios y de recursos presupuestales que hoy están radicados básicamente en el MVOTMA [Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en ese entonces]”.
“Esta reorganización no sólo asegurará un funcionamiento más ordenado y profesional, sino que fortalecerá las tareas de rectoría, regulación y habilitación, que pasarán a ser ejercidas con independencia funcional y autonomía técnica”, aseguraba el programa.
En 2023 activistas e integrantes de organizaciones destinadas a la protección del medioambiente, consultados por la diaria, ven una situación distinta a la que se auguraba entonces, sin olvidar que la política ambiental nunca fue una prioridad en el Estado uruguayo.
Según Natalia Carrau, de Redes-Amigos de la Tierra, señaló que si bien “es importante la institucionalidad para la protección ambiental”, también lo son iniciativas como “la implementación de mecanismos de participación, reales y efectivos”, algo que a su entender se dejó de lado en la toma de decisiones por parte de la cartera; “se está dejando de lado lo que la sociedad está pidiendo, no hay un diálogo con las comunidades y tampoco se respeta el acuerdo de Escazú, que Uruguay firmó y garantiza el acceso a la información en materia ambiental”.
Este último punto, el acceso a la información, es el centro de una postura publicada por María Selva Ortiz en la diaria, en la que se critica al ahora exministro Peña por no haber proporcionado datos sobre el Proyecto Neptuno a la sociedad civil, proyecto que prevé la construcción por parte de empresas privadas de una planta potabilizadora de aguas del Río de la Plata para abastecer al área metropolitana.
Si bien este proyecto es el ejemplo más fehaciente, el activista Eduardo Gudynas entiende que hay, por un lado, “cosas que quedaron pendientes”, como “la gestión ambiental y las prácticas agropecuarias en la cuenca del río Santa Lucía, lo que implica que siga habiendo contaminación”, además del apoyo al “decreto que liberalizó parte de las restricciones a la caza”.
Mariana Achugar, del colectivo ecofeminista Dafnias, señaló a la diaria que “la manera en que se desarrollan las políticas de Estado no tienen nada que ver con ni con derechos humanos ni con una perspectiva ecologista”, sino que es un caso de green washing o “maquillaje verde”, que es “pretender que estás siendo ecologista porque usás ciertas palabras” o se suscriben acuerdos internacionales que luego no se respetan.
Según Achugar, más allá de la administración, “no hay una visión que incorpore una idea de cómo nuestra vida y el ambiente están interconectados”, y se deben “tomar decisiones y diseñar políticas” no sólo pensando en “el rédito a corto plazo y a nivel económico, sino también otros valores: la vida, la sociedad, los derechos humanos, los no humanos”.
Con este mar de fondo es que se dio, primero, la llegada de Peña al Ministerio y, posteriormente, la designación de Bouvier, algo que para Gudynas demuestra que “lo que se privilegia en el caso del Ministerio de Ambiente (pero ocurre lo mismo en otros ministerios) es el mantenimiento de equilibrios políticos partidarios dentro de la coalición”, es decir, para el activista, “el presidente Lacalle está obligado a nombrar a alguien indicado por Ciudadanos independientemente de su capacidad, conocimiento o experiencia en el área ambiental”.
“La gestión está en segundo plano y lo que prevalece es que haya un equilibrio entre los socios de la coalición en el Poder Ejecutivo para que ese equilibrio se traduzca y asegure las mayorías necesarias en el Poder Legislativo”, agregó, e insistió con que “queda en segundo plano si el ministro tiene un mal o buen desempeño”, y eso lleva a que las políticas públicas “no estén siendo evaluadas”.
Para Achugar, estos cambios “son decisiones que tienen que ver con intereses políticos que no están vinculados ni tienen idea de la sensibilidad o la discusiones y los debates que se dan sobre temas ambientales”.
Así, más allá del perfil que pueda tener el nuevo ministro, a Achugar no le parece algo “que un tecnócrata pueda resolver”, sino que desde la administración central debe existir “una visión macro” y ver “qué lugar tiene el ambiente en la política nacional”, que hoy en día “no es un lugar de prioridad”.
“Si lo estuvieran pensando realmente, tendrían que cambiar el modelo productivo, quiere decir que el MGAP [Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca] tiene que estar involucrado, porque no podés, por ejemplo, autorizar el uso de agrotóxicos prohibidos en otras partes del mundo”, sentenció.
La génesis está en políticas de “los años 80”, señaló Achugar, políticas que entraron al país “con una ambición muy neoliberal del ambiente como recurso económico que se puede explotar, y cómo es mejor hacerlo y mitigar los los efectos negativos” en lugar de tener una idea “de conservación, de cuidado” y tenerlo presente “como un valor intrínseco un medio ambiente sano en el que podamos vivir”.
En esta línea, Gudynas ejemplificó con que “ahora el gobierno se escandaliza por el impacto económico que tiene la sequía” y se presentan “cifras del efecto que eso va a tener”, cuando “el recorte sobre el gasto de gestión referido a cambio climático ha sido brutal”, y especificó que “la proporción del presupuesto dedicado a cambio climático en manos del Ministerio del Ambiente dentro de todo el gasto de la administración central del Poder Ejecutivo es 0,004%”, además de que en la última Rendición de Cuentas “pasó de ser el penúltimo ministerio en la proporción de dineros asignados en la administración central a ser el último después del Ministerio de Turismo”, y parte de ese presupuesto acotado “se dedicó a alquilar nuevas oficinas”.