El conflicto socioambiental causado por el proyecto inmobiliario que pretende instalar más de 70 chacras alrededor de la Laguna del Cisne continúa avanzando. En diciembre de 2025, la Comisión en Defensa de la Cuenca de la Laguna del Cisne y el Yasyry presentó una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Los vecinos y vecinas entienden que el emprendimiento inmobiliario de 300 hectáreas afectará la única laguna natural de Canelones, que provee desde 1970 agua potable a parte de la población de Costa de Oro y que actualmente se encuentra en problemas debido a la contaminación que históricamente ha recibido. En el marco de un convenio con la INDDHH, el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República hizo un informe técnico al que accedió la diaria.
Una de sus conclusiones es que la iniciativa privada “presenta riesgos ambientales relevantes para calidad y resiliencia del sistema lacustre” y suma que “los impactos potenciales son particularmente significativos debido al uso prioritario del agua de la laguna para el abastecimiento de agua potable para la población”. A su vez, OSE también informó al organismo estatal que “no ha recibido formalmente el proyecto para su análisis, ni ha sido consultada por el Ministerio de Ambiente en el marco de los procedimientos de evaluación ambiental”.
“Un sistema ambientalmente frágil y sometido a presiones significativas a lo largo de los años”
El informe técnico lo realizaron las investigadoras del IECA Aline da Fonseca y Patricia Gallardo. Manifiestan que el objetivo es “caracterizar la problemática asociada al emprendimiento y aportar elementos que permitan evaluar los potenciales impactos derivados de la urbanización de un área de alta relevancia ecosistémica”. Aclaran que “se basa en la revisión de información técnica secundaria, antecedentes académicos, un análisis general de la normativa vigente, consultas a especialistas, gestores departamentales y una salida de campo”. Enseguida, describen que la Laguna del Cisne es “un cuerpo de agua de superficie muy variable a nivel temporal, con valores máximos de 140 hectáreas y mínimos de 20 hectáreas”. Señalan que varios cursos hídricos desembocan allí, como la cañada del Cisne y la cañada Piedra del Toro. A su vez, alimenta al arroyo Tropa Vieja, que desemboca en el arroyo Pando y posteriormente en el Río de la Plata. Resaltan que la laguna tiene conexión con los Humedales de la Laguna del Cisne y El Estero, un sistema protegido por el decreto 228/2025.
En el documento, recuerdan que en el cuerpo de agua y sus inmediaciones se encuentra una toma y una planta potabilizadora de OSE. Expresan que estudios y monitoreos han identificado “elevadas concentraciones de nutrientes”, “presencia de agroquímicos en agua, sedimentos y biota”, “cambios de coloración asociados a floraciones algales” y “pérdida de servicios ecosistémicos, especialmente en el humedal El Estero”. “En este contexto, se viene resaltando desde la academia que la laguna es un sistema ambientalmente frágil y sometido a presiones significativas a lo largo de los años. La eutrofización asociada a las tendencias de cambio sostenidas sobre múltiples variables ambientales, como la presencia de contaminantes, los altos niveles de nutrientes y el surgimiento de nuevas presiones de intensificación del uso del suelo en la cuenca que drena hacia la laguna, explicita la necesidad de la protección integral de los procesos ecológicos que sostienen la calidad y resiliencia del sistema”, subrayan.
Los límites
Las investigadoras insisten en que la Laguna del Cisne y su cuenca han sido contempladas en informes, planes, normativas, procesos participativos e investigaciones académicas. Explican que la categorización establecida para los padrones donde pretende instalarse el proyecto inmobiliario son: “área rural natural -incluye el espejo de agua, los humedales asociados y una franja de 100 metros desde la cota máxima del agua-”; y “área rural productiva -con exigencias de reconversión a sistemas sostenibles-”. Ven que los principales antecedentes vinculados a la denuncia remiten a “discusiones sobre el manejo de las normativas vigentes”, “la priorización ambiental de una fuente de agua potable en detrimento de intereses privados”, “al acompañamiento y reflexiones sobre la participación ciudadana” y “las distintas formas de acceso, conocimiento y manejo de información legal disponible”.
Plantean que el proyecto tendrá una “zona buffer” o “parque lineal” constituído por “una faja de amortiguación de 100 metros entre la laguna y los predios, establecida por reglamento departamental, en el cual no se puede realizar ningún tipo de construcción”. Este territorio, afirman, estará regido por un “reglamento de copropiedad que establecerá condiciones de comportamiento, así como actividades no permitidas en la zona”. “No queda explícito en el proyecto presentado a la Intendencia si el uso del suelo en las chacras será productivo convencional, productivo agroecológico o no productivo, si cuentan con estudios hidrogeológicos integrales y/o plan hidráulico, y si presentarán mecanismos de control o algún sistema de monitoreo de las actividades que puedan deteriorar la calidad e integridad de la laguna”, indican.
Destacan que para el diseño de la franja de 100 metros desde la cota máxima de la laguna “no se tuvo en cuenta lo variable que es el espejo de agua”. “A partir de las imágenes disponibles en Google Earth de los años 2009, 2011, 2015 y 2019 y asociando con el plano del proyecto y las cédulas catastrales se visualiza que, debido a la variabilidad en las dimensiones del cuerpo de agua, varios padrones del fraccionamiento se localizan a una distancia menor a los 100 metros de la laguna. Esto hace que el proyecto no cumpla con lo establecido en la normativa departamental. El área total del emprendimiento no respeta la franja de 100 metros e incluso para algunos años la superficie del espejo de agua queda dentro del área del emprendimiento. Con la actualización de la cédula catastral para el emprendimiento se ven áreas de solape en varias chacras, es decir, una superficie importante del proyecto incumple la normativa por situarse a menos de 100 metros de la laguna”, esgrimen las investigadoras.
Enfatizan que el análisis comparativo de las imágenes satelitales históricas muestra “que el espejo de agua presenta variaciones interanuales significativas”. “Algunas infraestructuras proyectadas podrían ubicarse en zonas inundables, incluso se puede observar en la foto de divulgación del emprendimiento que el ‘Club House’, construido entre 2024-2025, se encuentra en un área inundable. Es decir, la delimitación de los 100 metros presenta limitaciones por la dificultad de definición de la cota máxima y la dinámica histórica del cuerpo de agua. A los efectos de respetar lo estipulado para zona área natural, es necesario incluir una revisión técnica independiente de la delimitación efectiva de la franja de protección, que integre la dinámica hidrológica y geomorfológica de toda la planicie asociada a la laguna”, refuerzan.
La inspección
Las investigadoras cuentan que la visita a la Laguna del Cisne y sus alrededores se hizo el 24 de febrero de 2026. “No fue posible acceder a los predios en donde se proyecta el emprendimiento, así como tampoco al álveo de la laguna que linda con los mismos. De forma contraria, fue posible acceder a orillas de la laguna a través del predio propiedad de OSE, correspondiente a la usina de potabilización de agua”, agregan. Lograron hacer un relevamiento aéreo con drone y tomaron fotografías. Reconocieron “un sistema de planicies con humedales, un sistema de planicies con pastizales, un sistema de dunas forestadas, el cuerpo de agua y alguna infraestructura ya realizada por los promotores del proyecto”.
Advierten que “es reconocido mundialmente que la artificialización de suelos para proyectos urbanos impacta negativamente en los cursos de agua, en las aguas subterráneas, en los suelos y en los ecosistemas asociados”. Por ejemplo, pueden generar escorrentías que transportan contaminantes como metales pesados, nutrientes y residuos sólidos. Entienden que existe una “contradicción en aceptar un fraccionamiento de 73 ‘chacras’ propuestas en un área rural productiva, con un perfil de tipo vivienda habitacional no permanente”, también consideran necesario “un estudio hidráulico socio-ambiental” que incluya “el análisis de escurrimientos, una memoria constructiva de infraestructuras y medidas específicas para el manejo del suelo”. Finalmente, desde el punto de vista paisajístico, también está el desafío de “cómo garantizar la posibilidad del acceso común al disfrute y a la cuenca visual de la laguna, generando un ‘parque lineal’ que no sea exclusivo a los propietarios”.
Las recomendaciones
Las científicas del IECA destacan que el “riesgo principal no radica en una unidad aislada, sino en el efecto agregado o la carga ambiental acumulativa de 73 unidades habitacionales, infraestructura vial, uso recreativo, mascotas, fertilización de jardines, mayor posibilidad de especies exóticas, iluminación nocturna, manejo de residuos”. “En un ecosistema ya afectado, pequeños aportes constantes pueden generar cambios irreversibles. El nivel de naturalidad de este territorio que compone el sistema inundable y no inundable de la laguna debe ser el más alto, disminuyendo los niveles de riesgo, atentos al principio precautorio”, agregan.
En este contexto, concluyen que la Laguna del Cisne es un “ecosistema frágil y estratégicamente prioritario por su función de abastecimiento de agua potable”. Ven que la iniciativa inmobiliaria “introduce presiones adicionales en una cuenca ya comprometida ambientalmente, lo que resalta la pertinencia de la denuncia”. “Uno de los principales elementos a considerar son los impactos acumulativos sobre la calidad del agua y el equilibrio hidrológico. La información disponible indica que no se realizaron los estudios hidrogeológicos e hidráulicos integrales acordes al nivel de riesgo”, remarcan. A su vez, establecen que “la normativa es confusa y poco clara en lo que respecta a lo que se puede o no hacer y edificar, por lo cual, se recomienda la revisión por especialistas, siendo un punto clave en el reclamo por parte de los denunciantes”. “En las decisiones sobre intervenciones en sistemas hídricos cuya prioridad es el abastecimiento humano, debe prevalecer el principio precautorio”, esgrimen.
Consideran que es “técnicamente improcedente avanzar en la consolidación del proyecto sin un encuadre ambiental y territorial acorde con el riesgo”. Reiteran que debido al carácter “estratégico” de la Laguna del Cisne “el uso prioritario debe ser el abastecimiento humano conforme al ordenamiento jurídico vigente que incluye la Constitución de la República”. “El proyecto presenta riesgos ambientales relevantes para la calidad y resiliencia del sistema lacustre. Asimismo, debe considerarse que los impactos potenciales son particularmente significativos debido al uso prioritario del agua de la laguna para el abastecimiento de agua potable para la población. Dado que la reversión de procesos de eutrofización y contaminación en sistemas acuáticos es costosa y técnicamente compleja, la prevención y el principio de precaución deben guiar las decisiones territoriales”, finalizan.
Pablo Bidegain, propietario del emprendimiento de chacras alrededor de la Laguna del Cisne, dijo que no tuvo acceso al informe de la Facultad de Ciencias, pero que sus “asesores” le transmitieron que es “totalmente inexacto”, “inducido por manifestaciones falsas”. A su vez, señaló que los “ambientalistas” lo están “difamando” y que está en un proceso judicial. Este procedimiento que inició el empresario generó que la Cátedra de Derechos Humanos de la Unesco-Udelar emitiera un comunicado repudiando la “judicialización” contra defensores ambientales. Finalmente, Bidegain expresó que tienen “autorización de todas las autoridades”.
Sin consulta a OSE
En el marco de la denuncia que presentaron los vecinos y vecinas, la INDDHH también entabló contacto y le pidió información sobre sus actuaciones a OSE. La empresa estatal encargada de suministrar agua potable a la población remarca a través de un documento al que accedió la diaria que: “OSE no ha recibido formalmente el proyecto para su análisis, ni ha sido consultada por el Ministerio de Ambiente en el marco de los procedimientos de evaluación ambiental. En consecuencia, a la fecha no se han realizado evaluaciones formales ni estudios específicos por parte del organismo respecto de los eventuales impactos que el mismo pudiera generar sobre la cantidad y calidad del agua de la Laguna del Cisne como fuente de abastecimiento”. También dice que OSE “no tiene constancia de denuncia formal respecto del proyecto” y que únicamente tomó conocimiento de la iniciativa a través de la Comisión de Cuenca, “no habiendo recibido formalmente el proyecto para su análisis”.
