“Existe una deuda histórica con respecto al impacto que tiene el modelo productivo sobre la salud de nuestra población”, afirmó Leonel Briozzo, subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), y añadió que la deuda comienza con la “falta de diagnóstico”. Estas declaraciones fueron hechas en el marco del conversatorio Agrotóxicos y salud: cómo nos afectan y qué podemos hacer, que fue organizado por el sector frenteamplista Casa Grande días atrás. En la actividad también estuvo presente: Gabriel Ísola, director de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y presidente de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología; Marcelo Amaya, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines; Laura Rosano, productora agroecológica e integrante de la Red Agroecológica del Uruguay; y Sylvia Arias, integrante del Círculo Verde de Casa Grande y médica internista. Entre los oyentes estuvo la senadora Constanza Moreira. Durante la instancia cada uno de los integrantes de la mesa brindó su perspectiva.

Un problema de salud pública

Briozzo manifestó que está abordando la problemática junto con un equipo del MSP que “viene trabajando hace mucho tiempo en esto”. “Lo que interpretamos es que el uso de estas sustancias está en el centro de un problema global que se ha caracterizado como la sindemia global”, resaltó el jerarca. El concepto “sindemia global” fue acuñado en el marco de un trabajo publicado en la revista académica The Lancet en el año 2019 y aborda el vínculo que existe entre la desnutrición, las enfermedades crónicas y el cambio climático. “Estas tres epidemias, plantean los investigadores y es lo que me parece más interesante, tienen un núcleo central común que es el modelo productivo hegemónico, capitalista, de desarrollo actual que impone una sobrecarga sobre el planeta por el uso de estas sustancias que mejoran el resultado cuantitativo de la producción”, indicó.

“El cambio climático se comporta como una epidemia, con efectos directos e indirectos. Los directos son los que vemos en los informativos, efectos climáticos extremos, sequías, inundaciones, incendios. Toda esta situación ha aumentado notoriamente en nuestro país, en la región y en el mundo, pero también hay efectos indirectos muchos más difíciles de cuantificar, que tienen que ver con la contaminación ambiental, la polución de sustancias, tanto a nivel urbano como rural. Este efecto, tanto directo como indirecto, afecta la salud, pero no afecta la salud de todos por igual”, expresó el jerarca del MSP. En este contexto, planteó que entender el “cambio climático como una epidemia” genera “la posibilidad de integrar agendas”.

“Tenemos una gran oportunidad como país, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un problema estructural. Somos 3 millones y medio y producimos alimento para 30 millones y medio de seres humanos, chanchos chinos, no sé; producimos para seres vivos. Ahí está el centro de nuestra riqueza como país [...]. Esto implica que tenemos este estrés y cómo administrarlo yo creo que es el centro del problema actual”, sintetizó el subsecretario de la cartera. Dijo que la clave está en “tratar de buscar un punto que nos permita avanzar sosteniblemente”.

El MSP buscará “optimizar la vigilancia y el monitoreo”. “La deuda histórica comienza con la falta de diagnóstico. En realidad, no sabemos qué pasa, no sabemos qué está pasando ni con los agrotóxicos ni con otros elementos del cambio climático. Tenemos lugares donde se expresa muy claramente, tenemos en Guichón el tema de la forestación, tenemos el tema del arroz como central por la intensidad. Hay cuencas hídricas muy contaminadas [...], pero como Estado tenemos que tener un diagnóstico de esta situación”, expresó.

Señaló que el sistema de vigilancia debe ser más “amigable” y detalló que el actual es “muy hostil” con los damnificados. “Esto lo vimos en situaciones como la de Guichón, donde las presiones ejercidas por los patrones de la zona generaban hasta una presión sobre los docentes que querían denunciar el tema de la fumigación. Hoy, en 2026, tenemos que tener sistemas mucho más adecuados de vigilancia, tenemos que integrar mucho más todo el saber que está trabajando en torno a esto”, insistió.

El objetivo es tener “políticas basadas en evidencia”, “estrategias y capacidades”. “La idea es trabajar desde lo pragmático para deconstruir la idea que está pautada y pactada a nivel del cerebro de los uruguayos que es: ‘glifosato o pobreza’. Es decir que no podemos desarrollarnos si no es con el uso de agrotóxicos. Yo creo personalmente que ahí está el núcleo central para poder avanzar, deconstruir esta idea con evidencias firmes”, reafirmó. Asimismo, sostuvo que existe un “déficit histórico” en la formación de profesionales vinculados a la temática y remarcó que no solo se da en el ámbito de la salud.

“No puede ser que un episodio de intoxicación en un lugar donde se usan agrotóxicos sea interpretado como una cosa más. Tiene que haber un protocolo, pautas, que esto se enmarque en una situación global de la salud de la comunidad. Hoy todavía no hay. No hay un sistema que esté mirando sistémicamente, por tanto, hay que trabajar mucho con los formadores”, manifestó. Adelantó que están planificando visitar parte de los lugares para “poder recabar información directamente desde la sociedad civil organizada”. El 5 de junio también convocaron a una reunión en el marco de la creación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Salud. “Tenemos que avanzar rápidamente en protocolos de diagnóstico y tratamiento específico, adaptados a cada realidad y a cada circunstancia sanitaria”, finalizó.

Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Ísola, puso arriba de la mesa “la importancia del sector agropecuario para el Uruguay”. “Es una identidad de nuestro país, representa el 70% de los ingresos por exportaciones del país y alrededor del 25% de los empleos si contamos los trabajos a lo largo de todas las cadenas de valor agroindustrial, no solo la etapa primaria de producción. Además, es un sector muy diverso, no es un sistema homogéneo, no solo en términos de rubros productivos, sino en términos socioempresariales, en modelos productivos”, subrayó.

El jerarca del MGAP consideró que el país “no había tenido al sujeto productor familiar como sujeto de política pública hasta los primeros gobiernos del Frente Amplio”. Asimismo, habló sobre la importancia de “proteger” el campo natural y cómo es compatible esto con cierto tipo de producción ganadera. Desde su visión, no hay que atarse “al modelo de revolución verde que nos termina haciendo esclavos del uso intensivo de insumos”. Enfatizó que para su dirección “la agroecología es uno de los tres objetivos estratégicos fundamentales”.

Los agrotóxicos como principales aliados en la concentración de la tierra

“El principal aliado de la concentración de la tierra es el uso de agrotóxicos”, planteó Marcelo Amaya, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines. Enseguida, recordó que en este tipo de producción no se utiliza un único principio activo, sino que se mezclan varios y forman “cócteles”. “Esto nos empezó a generar preocupación, sobre todo porque muchas de las cuestiones regulatorias son sobre un principio activo pero ¿qué pasa cuando mezclas tres o cuatro?”, preguntó. Enseguida, comentó las dificultades de los trabajadores para utilizar las medidas de protección al momento de realizar aplicaciones. Por ejemplo, cuando los trabajadores deben introducirse en los arrozales: “La succión que genera la bota de goma en el barro se hace imposible. Esto no lo usaron hasta la primera década de este siglo y solo las empezaron a usar cuando se dieron cuenta de los problemas de salud que estaban relacionados, cuando empezaron a ocurrir decesos de los compañeros. Esto demoró; las afectaciones serias a la salud demoraron entre 10 y 15 años. A partir de ahí, los trabajadores se empezaron a dar cuenta que algo silencioso estaba deteriorando su calidad de vida”, acotó.

Amaya declaró que tuvieron que trabajar junto con la Universidad de la República para “demostrar las afectaciones en algunos trabajadores”, que vivieron la “represión de cada compañero que daba indicio del problema” y que los privados “trataban de sacarlos de las empresas, como también ocurría con las directoras de las escuelas rurales”. A su vez, dijo que el modelo de producción hegemónico “ni siquiera nos asegura fuentes de trabajo confiables, seguras y permanentes”.

En otra línea, comentó que “en los territorios es innegable la preocupación de la gente por la pérdida de calidad en el agua”. “El Ministerio de Salud Pública tiene un rol muy importante como garante de la calidad de vida de las personas, de saber la incidencia de determinadas enfermedades, cómo afecta no solo al trabajador, sino al territorio [...]. Los trabajadores hoy tienen miedo de entrar en contacto con el agua, porque usar la bota de goma es un sufrimiento enorme, porque no pueden cumplir con su tarea y porque el desgaste físico es descomunal. Las usan por miedo a entrar en contacto con el agua y esa agua es la que termina en el río, es la que vuelve al cauce natural”, mencionó.

La médica Arias, integrante del Círculo Verde de Casa Grande, promovió el concepto “ecosalud” que “reconoce que la salud humana, la salud ambiental y la salud animal están físicamente ligadas”, por lo que “si se deteriora la salud humana, se deteriora el ambiente y viceversa”. Ella también es defensora del modelo agroecológico. En su exposición habló sobre los peligros de intoxicación aguda y crónica -es decir, que es progresiva en el tiempo y a partir de dosis más pequeñas- que generan los pesticidas.

“¿Qué pasa con los compañeros y compañeras que están en el territorio y tienen una exposición un día y otro día y se van [a sus hogares] con síntomas tan inespecíficos como cefalea, fatiga, trastorno de la memoria e irritabilidad? ¿Quién después de 12 horas de estar trabajando en el campo, al sol, no tiene dolor de cabeza, fatiga, síntomas respiratorios leves? No consultan, llegan a su casa para dormir, hasta que aparece la enfermedad”, manifestó. Puso sobre la mesa que estos productos están vinculados a “la infertilidad, los abortos espontáneos, la prematuridad, las malformaciones congénitas, el cáncer”. “Creemos que la agroecología es una respuesta sanitaria y una estrategia de prevención primaria de salud pública, es decir, evita daños. [El Ministerio de] Salud Pública tiene que ser el principal fan de la agroecología, además, tiene que tomar cartas en el asunto de los productos que se autorizan o no”, añadió.

Finalmente, la productora agroecológica Laura Rosano hizo referencia a las declaraciones de Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, durante la inauguración de la exposición agroindustrial de Melilla que tuvo lugar en abril. Durante la actividad, el representante del agronegocio opinó que “discutir el impacto enormemente positivo del glifosato y los transgénicos es como discutir los antibióticos”. Rosano respondió: “Siguen defendiendo a capa y espada el glifosato, los transgénicos y la gran mentira de que iban a quitar el hambre del mundo. Pasaron más de 30 años y sabemos que fue todo lo contrario. No podemos seguir escuchando estas grandes mentiras, como la de que Uruguay alimenta a 30 millones de personas. Uruguay produce commodities, no comida”. Resaltó que, en paralelo, “no somos capaces de alimentar con frutas y verduras a nuestra población”. Hecha la aclaración, contó la historia de la Red de Agroecología del Uruguay, explicó la importancia de los sistemas participativos de garantía y también defendió su modelo de producción.