Ayer, los empleados de Metzen y Sena se enteraron por el ministro de Trabajo, Julio Baráibar, del cierre inminente de la empresa. Según el dirigente del SUNCA Richard Ferreira, la empresa mantiene deudas con el Estado por 27 millones de dólares y las garantías que había presentado eran insolventes.
Juan Castillo, dirigente del PIT-CNT, dijo a la diaria que las deudas totales de la empresa ascienden a 100 millones de dólares, ya que además del pasivo con el Estado hay que tener en cuenta los préstamos impagos a los bancos y privados.
Castillo dijo que se manejaba la posibilidad de que el gobierno presentara una denuncia penal o civil contra los patrones de Metzen y Sena, ya que la Ley de Concurso (que suplantó la Ley de Quiebra) habilita esa clase de mecanismo y permite al gobierno apelar a la Justicia.
Ayer, luego de una asamblea, los trabajadores resolvieron tomar el control de la fábrica y mantener los hornos encendidos para continuar con la producción sin la presencia del personal jerárquico, hasta que el Estado ponga un síndico interventor, para que no haya vaciamiento mientras la justicia actúa. “La idea es mantener la fuente de trabajo”, dijo Ferreira. Consultado sobre la reacción de los empresarios, el dirigente sindical dijo que no dieron mucha opción de respuesta, tomaron una decisión y la comunicaron. No iban a negociar. “La respuesta fue la esperada: no reconocieron la medida, pero eso es lo que suele suceder en estos casos”.
Impacto social
La fábrica tiene alrededor de 700 trabajadores entre administrativos, integrantes del área de producción, ventas y extracción de materias primas, que se realiza en la localidad de Blanquillo, en el departamento de Durazno. También están los que trabajan en los campos forestados (ya que antes los hornos se mantenían a leña) y los que atienden los locales (uno en Montevideo y otro en Punta del Este).
La fábrica está ubicada en Empalme Olmos, en el kilómetro 40 de la ruta 8. Cuando se instaló allí, hace poco más de 70 años, tomó el nombre del pueblo, que si bien tiene unos 120 años, se recreó a su entorno. Castillo dijo a la diaria que se preparan para una “lucha larga”, una situación “difícil de revertir”, y que están tratando de abrir puertas para minimizar el posible impacto social que generarían una fábrica cerrada y 700 trabajadores en seguro de paro.
Según Castillo, el gobierno se comprometió a buscar nuevos inversores para una rápida apertura, algo fácil de decir pero no tanto de poner en práctica. “El compromiso es que el ingenio productivo no fallezca”, resumió y agregó que los trabajadores están “trabajando a cien por hora” para buscar canales de salida, evaluando la posibilidad de instrumentar un proyecto autogestionado o un sistema cooperativo.
Ferreira dijo que la preocupación no es sólo por la fuente de trabajo, sino por las consecuencias que el cierre -y un despido masivo- puede tener en todo el pueblo, que tiene alrededor de 6.000 habitantes, entre otras cosas porque se da la particularidad de que en la fábrica trabajan familias enteras: el padre, la madre y un hijo. “El cierre de la fábrica significaría cortar con la totalidad de los ingresos de muchas familias”, resumió. El secretario general del sindicato de Metzen y Sena, Ruben Cauna, no dudó en afirmar que eso “mataría a Empalme Olmos”.
Los empleados recibieron la noticia del cierre con sorpresa y angustia. Hay trabajadores que llevan muchos años allí y que han luchado por sanear el déficit económico de la empresa. “El Estado tuvo voluntad de buscar soluciones pero hubo mucha irresponsabilidad por parte de la gerencia de la empresa”, dijo Ferreira sobre el corte de los créditos. La empresa está gestionada por una sociedad anónima. Alejandro Barreto es quien tiene el 65% de las acciones de Metzen y Sena.
Según Cauna, un informe sobre los empresarios al frente de la empresa, realizado por la Corporación Nacional para el Desarrollo -que apoya un emprendimiento de la empresa con 4 millones de dólares-, no es todo lo positivo que uno quisiera escuchar, entre otras cosas porque la empresa daba al gobierno pérdidas por 700 mil dólares mensuales, mientras que facturaba 2 millones de dólares por mes. Claro que una cosa es facturar y otra cobrar...
De momento los sueldos de los trabajadores -los menores son de 13.000 pesos- serán pagados al igual que los aguinaldos, según garantizó al personal el Poder Ejecutivo.
Ferrari dijo que tiene claro que la salida no va a ser fácil, pero van a “trabajar para encontrar una”. Hoy se abre una mesa de negociación con la Unidad de Recuperación de Empresas del gobierno y habrá una audiencia con la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).
La historia se repite: el Estado acepta garantías sobrevaluadas, e incluso cuentas sin fondos, los que sufren las consecuencias son los trabajadores y los pueblos.