En lo que va del siglo XXI se registraron miles de denuncias por niñas, niños y adolescentes (NNA) ausentes en Uruguay. Aunque en la sociedad no se percibe como una problemática grave, las cifras oficiales muestran lo contrario: la cantidad de desapariciones ha aumentado a lo largo de los años y las infancias y adolescencias concentran la mayoría de las denuncias.
Hasta setiembre de 2026 existía un sitio web del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes (DRBPA) del Ministerio del Interior (MI) que mostraba que en 2025 se denunció la ausencia de 162 niñas y niños y de 3.367 adolescentes, lo que representa cerca del 70% de todas las denuncias.
De ese total, más de 2.500 casos correspondieron a “fugas del INAU”, es decir, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, una categoría que el propio Estado separa de “personas ausentes”, aunque en ambos casos se trata de NNA cuyo paradero se desconoce.
Al 11 de agosto de 2025, 123 personas denunciadas como ausentes ese año continuaban sin ser ubicadas. Además, no existe un desglose público que indique cuántas de ellas son menores de edad. Sin embargo, el porcentaje histórico permite inferir que una parte significativa corresponde a NNA.
Tampoco existen estadísticas que integren las variables de género y edad, lo que impide identificar cuántas de esas desapariciones corresponden a mujeres y cuántas a varones. Las estadísticas oficiales están segmentadas, lo que no permite comprender la magnitud del problema. En lo que va de 2026 no existen actualizaciones de cifras de NNA ausentes.
La página con los datos estadísticos no se encuentra disponible, tampoco el listado de personas ausentes, por lo que ya no existe información de carácter público. Sin embargo, el artículo 11 de la Ley 20.381 –que define las directrices para la aplicación de la Alerta Amber– establece que el MI debe tener una página web con el registro actualizado de las personas ausentes e información de cada una de ellas. Sobre la falta de visibilidad del sitio sin que se dé una explicación, la Dirección de Comunicación del MI aseguró que se debe a fallas técnicas: “No es que no va a estar más, sino que es por estos días”. Tras las consultas realizadas, en la página se activó el aviso de que se encuentra en tareas de mantenimiento.
En un pedido de acceso a la información pública realizado el 11 de agosto de 2025, se solicitó al MI el número total de NNA ausentes a la fecha, su edad, sexo y si fueron localizados. La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional informó, por medio de sus máximas autoridades, que no cuenta con esa información. Según Robert Parrado, experto en seguridad y exdirector del DRBPA, “tendrían que bajar la cortina, cerrar y decir ‘ni vergüenza me queda’, para empezar”. En su análisis Parrado planteó dos escenarios: o los datos dejaron de relevarse –lo que implicaría negligencia– o existen y no se entregan, lo que sería “aún más grave”.
Para el experto, el Estado debería actuar con máxima diligencia: “Son sujetos particularmente vulnerables, cuentan con una protección reforzada en la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos”, sostuvo.
Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, afirmó que las infancias y adolescencias “se muestran como un factor de discriminación y, por ende, de vulnerabilidad”. Por otro lado, señaló que la pobreza impide o dificulta el acceso a la Justicia y a las investigaciones eficientes. Aseguró que la capacitación con perspectiva de género e investigativa es fundamental.
En ese sentido, Gimena Albarenga, integrante del colectivo ¿Dónde Están Nuestras Gurisas?, remarcó que las desapariciones de mujeres tienen características vinculadas al género, lo que incide tanto en los motivos detrás de estas como en los riesgos a los que están expuestas. A su vez, advirtió que existen desapariciones que preceden a un femicidio o que derivan en redes de tráfico: “Las principales situaciones de trata afectan a las mujeres y las niñas, y la mayoría es por el confinamiento de explotación sexual”.
Andrea Morniroli y Magdalena Bruzzone, del proyecto Itinerantes de la organización El Paso, explicaron que en casos de explotación sexual a veces no se sabe dónde están las víctimas, en ocasiones se tienen sospechas y con frecuencia se vinculan al narcotráfico. Afirman que muchas veces son rescatadas de bocas o puntos de venta de drogas, “incluso son tomadas como rehenes donde son explotadas sexualmente y el cuerpo de esa gurisa suele transformarse en objeto”.
Un gran porcentaje de las desapariciones proviene del INAU. Natalia Argenzio, exdirectora de la institución por el Frente Amplio, expresó que las salidas no acordadas –en las que un niño, niña o adolescente abandona sin autorización el centro en el que está– no se suelen valorar como un peligro. La exjerarca aseguró que “la salida no acordada sí es un indicador de riesgo, porque lo máximo que les puede ocurrir es la muerte”.
Argenzio contó que durante su gestión, al momento de hacer una denuncia en la seccional policial, había un formulario llamado “fugados del INAU” y comentó: “Lo pusimos fuertemente sobre la mesa como algo gravísimo, pero no sé si logramos cambiarlo”. En su análisis explica el estigma en esta categorización: “Las palabras son generadoras de derechos. El ‘fugado’ es quien está privado de libertad”, argumentó en referencia a que los jóvenes no son reclusos, sino que están bajo amparo del Estado.
La exjerarca recordó uno de los desenlaces, en su opinión, más graves de desaparición de una adolescente durante su período: “Interpol la encontró en una pieza, que ni pieza se le puede llamar, un rancho… porque tenía tres paredes. Tenía una cama y un balde… en el momento en que la encontraron estaban abusando sexualmente de ella”. Según dijo, en ese entonces tenía 13 años, y estuvo ausente y en esas condiciones durante siete meses.
Detrás de las cifras en la página del DRBPA existen nombres propios y familias que aguardan una respuesta que las autoridades no han sabido dar. A continuación se incluyen cinco casos sobre niñas, niños y adolescentes ausentes que hoy no pueden contar sus propias historias.
Agustín
Es la mañana del viernes 1º de noviembre de 2002. Ana está sentada en su casa en Barros Blancos tomando mate con su esposo, Elbio. En brazos sostiene a su nieto, Agustín, de 7 meses.
Se escucha una frenada. La puerta de la casa se abre de golpe. Una funcionaria policial entra con el arma de reglamento en la mano; no golpea, no se presenta. Pregunta a gritos por el bebé y todos sus documentos. Muestra desde lejos una hoja de papel blanco enrollada; “es judicial”, afirma. Detrás de ella irrumpe una mujer con un bolso grande. “Ella es del Iname [Instituto Nacional del Menor]”, dice la policía. Ana y Elbio no entienden qué pasa. Solo saben una cosa: se lo llevan. “No lo doy. No lo doy”, sostiene Ana mientras llora. La policía muestra y guarda el arma. Empuja a Elbio contra la reja de la casa. Saca el arma otra vez y golpea a Ana en la nuca. Ana sangra, aprieta a Agustín contra el pecho y corre hacia el fondo de la casa. No llega.
Nada de lo ocurrido fue improvisado. La funcionaria que irrumpió en la casa no estaba de servicio ni tenía jurisdicción en Barros Blancos: había pedido el día libre a su superior, a quien le anunció el motivo de la solicitud. Se vistió con el uniforme y pidió apoyo a la Seccional 25, que le concedió el respaldo sin una orden judicial. La mujer que la acompañó no era funcionaria del Iname (hoy INAU), sino la esposa de un matrimonio que había encargado al bebé.
“Me sorprendió. Fue un dolor horrible para mí y para el abuelo”, recordó Ana sobre ese día. Antes había iniciado los trámites para obtener la tenencia de su nieto con el consentimiento de su hija, la madre adolescente de Agustín. “Se adelantaron antes de que se efectivizara el trámite de tenencia de la abuela”, aseguró la doctora Luz Marina Dupetit, abogada que asumió la defensa de los abuelos. Dupetit afirmó que la información sobre el bebé llegó a la policía por intermedio de una tía del niño.
La restitución de Agustín fue reclamada en distintas instancias judiciales. Se presentaron denuncias penales y recursos ante tribunales superiores. Durante los primeros años lograron visitas breves e interrumpidas, pero con el tiempo se cortaron.
En la sala de su casa, Ana conserva una foto de Agustín junto a ella y el abuelo, que falleció hace unos años. “Era un hijo para mí”, contó mirando el retrato. “Algún recuerdo debe tener. Sé que está vivo. Algún día lo voy a poder ver”.
Martha Elizabeth
Martha Elizabeth tenía 11 años en 2006. Vivía con su madre, Elizabeth, Julio Apolo, la pareja, y sus dos hermanos en Paso Escobar, Barros Blancos.
El 25 de mayo, a la hora de la merienda, la niña jugaba con sus hermanos en un campo frente a su casa. “Les dije que me dieran cinco minutos, que les preparaba la leche”, declaró su madre en el expediente judicial. Minutos después, ya no estaba. “Empecé a los gritos a llamarla y no hubo respuesta. A las 19.00, mi hija mayor llamó a la Policía”. Esa fue la última vez que supieron de Martha.
En 2013, a siete años de su desaparición, la Policía obtuvo nuevas pistas que señalaron a Julio Apolo, su padrastro, quien tras años de versiones falsas, finalmente admitió el crimen: “Cuando jugábamos, le dije a Martha para salir a caminar”. Deambuló con ella hasta llegar a un predio baldío con un aljibe viejo, en el que los vecinos tiraban basura. La tiró al pozo y la cubrió con follaje. Apolo permaneció allí mirándola, hasta que el agua tapó sus gritos de auxilio. Luego, cubrió el aljibe y regresó a la casa.
“Siempre tuve la sospecha de que él la había matado”, reveló su madre ante la Justicia, pero argumentó que el miedo la paralizó. Cuando intentó confrontarlo, él la amenazó: “Antes te mato”. Según el expediente, durante años sospechó que Martha podía estar siendo víctima de abuso por parte de su padrastro. Años antes, le había preguntado directamente y la niña había asentido con gestos, sin poder ponerlo en palabras. Había notado que su hija tenía sangrados anormales y dificultad para caminar, pero la falta de recursos le impidió llevarla a un centro de salud.
Julio Apolo fue condenado a 22 años de prisión por homicidio muy especialmente agravado en setiembre de 2013.
El silencio mantuvo a Martha ausente durante años. Su vida estuvo marcada por violencia de género y pobreza, que no fueron ajenas a su desaparición y muerte.
Ahielén Casavieja
La noche que desapareció, Ahielén acababa de cumplir 16 años y tenía una bebé de cuatro meses. En Santiago Vázquez todos se conocían; su familia tardó pocas horas en averiguar con quién había estado por última vez. Aun así, tuvieron que pasar 19 días para que la Justicia autorizara un allanamiento.
Ahielén estaba bajo amparo del INAU en un hogar para madres. El 11 de febrero de 2022 festejó su cumpleaños tras una salida acordada y esa noche saldría a bailar con una amiga, pero el plan se canceló y salió rumbo a la parada de ómnibus para regresar a la casa de su madre.
En la espera, se acercó Leonardo Mauricio Docampo, quien repetidas veces insistió en ofrecerle drogas. Esa fue la última vez que se la vio con vida.
En la seccional dijeron a la familia que debía esperar 24 horas para denunciar; para Maite, su prima, fue el primer signo de desconfianza institucional: “Como estaba en un contexto de previa adicción y en el INAU, ya empezaron a desestimar la desaparición”. Cuando la denuncia se efectuó, la familia señaló a Docampo. La Policía fue a la casa y él les prohibió la entrada: “Ahí hay que esperar la orden de allanamiento… nunca llegó”. Maite aseguró que hubo que insistirle a la Policía para que hiciera un rastrillaje en la zona, y que la búsqueda la hicieron su tía y su madre en asentamientos y bocas. “¿Qué más querían que pusiéramos sobre la mesa para que patearan la puerta y entraran?”, cuestionó.
El 3 de marzo de 2022, el hermano de Docampo, al destapar el pozo séptico, encontró una pierna humana. Luego, en el fondo del terreno, la Policía halló una bolsa con los restos del cuerpo de Ahielén. La orden de allanamiento y la detención llegaron recién al día siguiente. La familia de la joven se enteró del hallazgo por televisión. El 7 de marzo, Docampo fue arrestado en Tristán Narvaja y Mercedes mientras cuidaba coches.
Hoy, Maite intenta darle sentido a lo vivido: “Ahielén fue una posibilidad para que las que quedamos levantemos la voz de las que pasaron por esas situaciones”. “Nosotros no tuvimos una espalda para poder dedicarnos a sufrir mientras alguien se hacía cargo de la situación”, concluyó.
Milagros Cuello
Los últimos recuerdos que tiene Nancy Baladán de su hija Milagros fueron los de una mañana tranquila, como las que usualmente compartían. En la mañana del 3 de diciembre de 2016, nadie imaginaba que esa noche la vida cambiaría drásticamente. Cuando oscureció, luego de contestar una llamada, algo impulsó a Mili a salir de su casa. Unos minutos después, le preguntó a su padre si podía ir a la plaza de Pando y prometió: “Vuelvo enseguida”.
Milagros Cuello Baladán tenía 16 años la noche en que desapareció. Al día siguiente, su madre se presentó en la Seccional 7 de Pando y, luego de asentar la denuncia, comenzó la búsqueda sola, ya que aseguró que si ella no lo hacía, nadie lo haría. Recorrió los 19 departamentos del país: los primeros puntos de exploración fueron canteras, represas, fábricas, casas abandonadas y prostíbulos.
Siguiendo pistas, Nancy descubrió que Mili había sido explotada sexualmente por tres hombres previo a su desaparición. Luego de enterarse, convocó una movilización frente al juzgado de Pando para demandar que procesaran a los agresores; en esa ocasión fue amenazada de muerte junto a una fiscal del juzgado.
En 2017 recibió una llamada del Comcar (hoy Unidad 4 Santiago Vázquez) en la que le ofrecieron información para la búsqueda. “Un preso me llamó”, dijo. Luego de ir a la cárcel, llevó esos datos al DRBPA. Al día siguiente salió en moto y, al doblar la esquina, la interceptó una camioneta; le apuntaron con un arma y la amenazaron: “Dejá de revolver mierda o te volamos la cabeza”. Nancy, sin miedo, respondió: “Volala, porque voy a seguir revolviendo”.
Después de la amenaza, se presentó en la oficina del DRBPA, ya que “los únicos que sabíamos que había ido éramos mi marido, yo y ellos; la información salió de adentro”, afirmó. Una vez allí, Nancy les dijo: “No confío en ustedes y no los quiero ver más cerca”, a lo que una funcionaria acotó: “Nosotros tenemos las manos atadas, hacé lo que nosotros no podemos hacer”.
–¿Cómo estás hoy de energía para seguir la búsqueda?
–Como el primer día. Siempre con las mismas ganas de buscar que el primer día.
El 3 de diciembre de 2026 se cumplirán diez años de la desaparición de Mili; una década sin respuesta alguna.
Jonathan Daniel
Jonathan Daniel Rodríguez tenía 17 años. Tras fugarse de la Colonia Berro (un centro del INAU), no se volvió a saber de él. Su madre, Fabiana Rodríguez, no fue notificada: el 10 de octubre de 2006, luego de 13 días de internación, llamó para coordinar una visita: “Y me dijeron que se fugó. Ahí, nunca más. Nadie me llamó. Nadie sabe nada”.
El joven dejó la escuela: comenzó a entrar y salir de su casa, “empezó con la juntita y con la pasta base”, recordó su madre. “Él robaba para el consumo, un día me decidí a salvarlo. Fui, hablé con la jueza y me lo internó en la Colonia Berro, yo pensando que me lo iban a desintoxicar”. “Era para estar en otro lado, pero yo no podía pagar”, agregó.
El 28 de setiembre de 2006 ingresó al centro. En ese momento cumplía una medida privativa de libertad, por disposición del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y Menores del cuarto turno de Maldonado. “Me parece que no hubo búsqueda, solo recibieron la denuncia”, dijo la madre. Lamentó que por no poder pagar un buen abogado “no dan pelota”.
En 2013, una investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) confirmó que el INAU no hizo ninguna gestión para determinar responsabilidades administrativas ni dio seguimiento a la búsqueda policial. El organismo concluyó que el caso quedó en la más absoluta impunidad: “Al menos demuestra negligencia, impericia y falta de compromiso”, según el documento oficial.
–Fabiana, ¿Cómo te sentís luego de tantos años?
–Con esperanza.
A casi 20 años de su desaparición, no existe respuesta alguna de qué sucedió con Jonathan.
Es de larga data
Cecilia Erhardt, coordinadora técnica especializada de la Dirección Nacional de Políticas de Género del MI, señaló que la desigualdad de género es un componente central: “Las ausencias son mayoría de gurisas, también siempre atravesadas por pobreza y desigualdades estructurales”.
El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, “pese a los esfuerzos y a las políticas integrales en las que ha trabajado, tiene mucho para recorrer”, expresó la coordinadora con trayectoria en el área desde 2005. “Tendría que bajarse una política de Estado fuerte. Si no hay una política, una campaña o algo que se sostenga en el tiempo, es inviable”.
Esta nota es una adaptación del trabajo final de grado de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República realizado por las autoras y el autor.