Es un tema muy viejo que se vuelve cada vez más sutil, un poco por el impacto de algunas tecnologías que se ponen al servicio de los adultos victimarios y complejizan el tema de la explotación, por lo menos en lo que tiene que ver con la pornografía”, dijo a la diaria Edgart Marzarini, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial y no Comercial de la Niñez y la Adolescencia.
Marzarini mencionó el surgimiento de redes de trata interna, dentro de las fronteras del país, y aclaró que no se ha detectado ningún sistema de trata internacional.
Consultado sobre la legislación con que cuenta Uruguay para proteger a las víctimas, recordó que el país ha tipificado los delitos de explotación sexual en todas sus modalidades, así como la noción de cliente y de trata con fines de explotación sexual. “Uno se siente un poco en deuda con las víctimas en cuanto a qué protección, rehabilitación, mecanismos y metodología implementar para la restitución de sus derechos. Eso es complicado porque el abordaje debe realizarse desde múltiples perspectivas e instituciones del Estado; por eso existe este comité, que busca dar un abordaje integral y transversal que pueda atraer al adolescente, en lugar de que éste llegue a un hogar del INAU [Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay] y se fugue al día siguiente porque no considera atractiva la propuesta del Estado”, dijo, y apuntó que hay que trabajar con el adolescente en su medio.
Marzarini agregó que pobreza y marginación son caldos de cultivo de esta problemática, pero el problema no se puede reducir a que la explotación solamente ataca a los pobres.
“Todos los adolescentes pueden ser víctimas de estas conductas por parte de adultos”, consignó.
Sobre los dispositivos previstos por la sociedad para efectuar las denuncias del caso, el presidente del comité mencionó que la sociedad tiene que tener claro que eso que está viendo, que tiene enfrente, no es un trabajo sino un delito. “Muchas veces el adolescente no lo vive como una situación de explotación pero eso no es trabajo, el adolescente tiene que estudiar, trabajar pero no ser víctima de adultos que no tienen dudas en pagar por mantener relaciones sexuales”, agregó, y dijo que no hay penas para los adultos que no denuncian los casos.
A su entender, las políticas públicas deben tener en cuenta los intereses de la población victimizada, que en su mayor parte está compuesta por mujeres jóvenes.
“Consideramos que tiene que haber un abordaje especializado y con continuidad en el tiempo.
Todo eso necesita recursos”, dijo.
Marzarini señaló que “lamentablemente muchas veces son los padres los que llevan a sus hijas adolescentes a estas situaciones para contribuir con la alimentación de la familia”. En ese sentido, destacó la importancia de haber empezado a transitar el tema de la educación sexual en la enseñanza, que pone de manifiesto que todo eso es un ataque a la dignidad de las personas.
Si bien dejó claro que el tema se produce en todo el país, dijo que las zonas de frontera son complicadas porque dividen jurisdicciones diferentes. “En las fronteras hay una sensación de impunidad, de que nada pertenece a nada, y eso genera situaciones que alientan estas conductas”, dijo.
Sobre la misión del comité dijo que es crear una política pública, pero no hacer atención directa de casos. En cambio, se encarga de sensibilizar y formar recursos humanos y de organizar encuentros con actores clave para ponerse de acuerdo en qué fortalezas existen y qué está faltando. “Creo que el Estado ha asumido este tema pero no como un tema de seguridad sino de agenda y de derechos humanos”, dijo. No hay estudios sobre la cantidad de adolescentes que cursan esta situación pero, según Marzarini, “son más de los que uno quisiera pensar”.