Calificados
En uno de sus artículos sobre el tema, Pellegrino calcula que fueron 126 mil personas las que se fueron expulsadas del país por la crisis de 2003. Según consignó su colega Martín Koolhaas, el porcentaje de retornantes en relación al total de la población es de 2,6% al 2008. Por su parte, la Encuesta Nacional de Hogares de 2006, que incluía la pregunta sobre si alguna vez vivió en el extranjero, captó como retornantes a 3,7% de la población. De acuerdo a un informe todavía en elaboración, y del que Koolhaas dio a la diaria un anticipo, la mayoría de los uruguayos que volvió hasta 2008 es económicamente activa, 25% tiene estudios de nivel terciario. En relación con su inserción en el mercado de trabajo, el informe señala que “los retornantes se desempeñan en ocupaciones más calificadas que el resto de la población residente”.
Las políticas relativas a la migración se concentran, desde 2005, en la Dirección General para Asuntos Consulares y de Vinculación, más conocida como Departamento 20 (D20), del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí funciona la Oficina de Retorno y Bienvenida, creada en el Segundo Encuentro de los Consejos Consultivos del D20, que representan a la asociación de uruguayos organizados en el exterior.
Jorge Muiño, docente de Historia, dedicado desde hace años al tema de la migración, es el titular de la Dirección de Vinculación desde setiembre. En conversación con la diaria, definió: “Cuando hablamos de retorno tenemos que abrir un abanico muy amplio, porque cada ser humano tiene su particularidad y se dan gran variedad de situaciones. Hay personas que vienen en estado de vulnerabilidad y otras con algunos ahorros; algunos preparan el retorno y en muchos casos éste no tiene que ver con la crisis económica, vuelven porque quieren”.
La Oficina de Retorno y Bienvenida recibe entre 20 y 25 correos electrónicos por mes de gente que quiere regresar, y atiende mensualmente a unos cien retornantes. Según contó Muiño, “la mayoría se trata de uruguayos que vienen de España y Estados Unidos, y en tercer lugar de Argentina. Lo más importante es ver la parte humana; son personas que están requiriendo una ayuda de parte del Estado para integrarse a la sociedad. Los tres requerimientos que demandan son salud, trabajo y vivienda”.
La articulación y coordinación con otros organismos públicos a fin de responder a estas demandas es, según Muiño, fundamental: “Estamos articulando y coordinando con muchos organismos para informar, sensibilizar e ir pensando soluciones. Por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda estamos trabajando en los tres niveles, con el funcionario que está en la primera línea recibiendo a la gente, con el jerarca intermedio y con el director nacional de Vivienda. En este caso, una de las dificultades es que el instructivo para acceder a una vivienda exige una antigüedad de trabajo que el retornante no tiene”.
Pero lo más urgente es el tema laboral. Uno de los problemas que se presentan, sobre todo en aquellos retornados que han trabajado en forma irregular, es que no tienen manera de certificar lo que han hecho. Por otro lado, contó Muiño, “hay personas que vienen con una iniciativa de emprendimiento, quizá hace muchos años que no están en el país y preguntan cómo se hace para abrir una empresa. Nosotros les explicamos la forma, los gastos, las posibilidades. Nos hemos reunido con el Ministerio de Industria, donde se hacen los cursos de emprendedores y con la gente del pymes de la Intendencia de Montevideo”.
En el caso de la salud, la Oficina de Retorno y Bienvenida se encarga de guiar a la persona sobre los pasos que tiene que dar. “Vino una persona que hace 14 años que vive fuera del país y que regresó por la crisis. Cuando llegó se puso a buscar trabajo pero le pedían el carné de salud. Para sacarlo necesita un certificado de asistencia pero, por lo general, la gente no tiene sociedad médica cuando viene, así que nosotros le dimos ese certificado para que lo llevara a Salud Pública y ahí le hicieran el trámite en forma gratuita”, explicó Muiño.
El trabajo hecho hasta ahora es muy positivo, según dijo el director de Vinculación, y la expectativa es de seguir avanzando en este tema. La estrategia a futuro es “abrir el espectro de contactos y coordinación, es por eso que ya estamos pensando en el Congreso de Intendentes, porque no todo el mundo tiene que retornar para vivir en Montevideo”.
Política de Estado
El flujo más importante de retornantes comenzó en 2009, a raíz de la crisis económica mundial de 2007 que golpeó a Estados Unidos y a Europa, principalmente a España. “Me acuerdo de que [la demógrafa] Adela Pellegrino decía, hace mucho tiempo, que podía revertirse el flujo migratorio hacia el exterior y que había que estar sumamente preparados para ese momento. Eso está pasando, por varias razones. Por un lado, lo que se escucha de Uruguay, que es una economía que va en aumento y, por otro, la crisis del norte, que tiene un peso sustancial en todo esto”, expresó.
Consultado sobre si están preparados para enfrentarse al actual flujo de retornantes, Muiño opinó que “la Dirección de Vinculación no puede con el tema” e insistió en que “la temática migratoria, tanto como el retorno, es una política de Estado y como tal todos los organismos estatales, y algunos privados también, tienen que ofrecer su cuota parte para atender a esta demanda. Hay que ser muy cautos en las cosas que nosotros formulamos y decimos, hay que preparar el regreso. La reacción del Estado implica cambiar estructuras, instructivos, convenios y leyes que no amparan a los retornantes”.
La casa a cuestas
La Ley de Migración, aprobada en 2008, incluye disposiciones que tienden a favorecer el retorno. El artículo 76 establece que se podrán ingresar al país muebles y enseres del hogar, herramientas, maquinarias e instrumentos vinculados a un oficio o profesión, e incluso un automóvil, “libres de todo trámite cambiario y exentos de toda clase de derechos de aduana, tributos o gravámenes”. Para acceder a estos beneficios, el retornante debe tener más de dos años de residencia en el exterior. En el caso de los autos, éste no podrá ser vendido en un plazo de cuatro años.
Según explicó Muiño, los trámites públicos están exonerados, pero no lo está lo que tiene que ver con el traslado (almacenaje, flete, empresa marítima, despachante de aduana, descarga). “Trabajamos muy de cerca y en coordinación con la Aduana, con el Ministerio de Economía y Finanzas, y muchas veces con la Asociación de Despachantes de Aduana. Lo que queremos es que el retornante sepa bien cuáles son los pasos que tiene que dar y cómo están involucradas empresas privadas, en las que no tenemos incidencia; les pedimos que sean cautelosos, que se asesoren bien, para que no haya frustraciones o sorpresas”, recomendó el jerarca.