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Mario Bergara, Fernando Lorenzo y Héctor Tajam, ayer, en la sede del Banco Central.

Foto: Pablo Nogueira

Tormenta de ideas

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Gobierno promueve inclusión financiera y discutirá medidas con instituciones y empleados bancarios.

En una “región rezagada” en cuanto a la inclusión de sus sociedades en el sistema financiero, Uruguay presenta “indicadores mediocres” en la materia, por lo que el gobierno convocó a instituciones y empleados del sector a discutir medidas que promuevan la “bancarización”, según informaron ayer el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara. Dentro de 15 días se realizará la primera reunión entre los representantes de la banca pública, la privada y los trabajadores, en un proceso que las autoridades esperan culminar en agosto a fin de introducir las modificaciones legales que se requieran. Lorenzo valoró que una mayor cultura financiera resulta “fundamental para el desarrollo económico del país”.

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En una presentación titulada “Uruguay: hacia una mayor inclusión financiera”, que contó con la presencia de diferentes representantes del sector, el gobierno presentó “formalmente” la convocatoria a discutir propuestas para la promoción de la utilización de los servicios financieros por la población. Además, la iniciativa apunta a “educar a la sociedad” y “cambiar el recelo” que puede tener hacia el tema.

Lorenzo manifestó que el acceso de la sociedad al sistema financiero “es un síntoma de cómo nos pueda ir hacia futuro”, y subrayó que el asunto “es sumamente importante porque tiene directa relación con el bienestar de la población”.

Bergara explicó que se busca avanzar “con todas las partes involucradas” en un proceso de mejora del acceso a los servicios financieros, al que definió como “un aparato circulatorio que debe llegar a toda la sociedad”, ya que “su profundización se asocia a un mayor desarrollo económico y social”. Asimismo, se apunta a que el ahorro sea canalizado hacia “la actividad productiva” y al “financiamiento del bienestar de la población”.

El jerarca valoró que tal proceso debe ser transparente para mejorar la eficiencia, y que la educación debe ser un “elemento fundamental para entender y evaluar los diferentes instrumentos” del sistema. En ese orden, criticó la “reducida penetración financiera” en la sociedad uruguaya, el “escaso desarrollo del mercado de capitales” local y “la baja cobertura” de la infraestructura bancaria, como sucursales o cajeros automáticos. Informó que se trata de una “situación generalizada” en América Latina, región que mantiene grandes distancias respecto de los países desarrollados.

Lorenzo añadió: “Estamos en una región rezagada en materia de profundidad de acceso a los servicios financieros, [...] pero aun en la región Uruguay tiene indicadores mediocres”. No obstante, aseguró: “Hay buenos fundamentos en nuestra realidad económica y en la experiencia internacional que nos alientan a pensar que podemos dar un esfuerzo entre todos los actores en pos de profundizar y de lograr un mayor acceso”.

Sin pausa

Por ese motivo, Bergara detalló que la bancarización “debe hacerse de manera firme” desde el Ministerio de Economía y el BCU, pero también con la participación de las empresas y los trabajadores del sistema, como lo prevé la convocatoria.

Entre las posibles líneas de acción, el jerarca remarcó la necesidad de definir los criterios de medición del acceso a los servicios financieros, identificar los factores que limitan la inclusión financiera para empresas y familias, y evaluar los motivos que inhiben la demanda de estos servicios. Una vez hecho ese diagnóstico deberá procederse a la evaluación de propuestas en los aspectos legal, reglamentario y tributario, entre otros, así como determinar los programas de acción, que deben ir acompañados de elementos educativos para mejorar la visión que tiene la población del sistema y “cambiar el recelo que la sociedad pueda tener”.

El ministro de Economía sostuvo que “la intención no es limitarse a plantear ideas” sino apuntar al intercambio y la comunicación entre los actores, lo que puede potenciar la capacidad de acción conjunta. Reconoció que muchas de las propuestas que surjan deberán traducirse en “reformas legales”, y, por ello, se estableció que la actual etapa de discusión finalice en agosto, para que luego se pueda “dar aplicación a las cosas que precisan una adaptación de ley”. No obstante, matizó que este proceso “no es la única instancia” a ser cumplida sino que “se tiene que materializar a lo largo del tiempo”.

En estas reuniones, que tendrán su primera sesión en 15 días más, habrá dos representantes de los bancos privados, dos de la banca pública y otros dos de los trabajadores del sector. Más allá de esto, Lorenzo añadió que se espera también la participación de otras áreas que estén involucradas en el proceso.

Si bien la “agenda es abierta”, mencionó que hay aspectos operativos que deben ser considerados, tales como “la disponibilidad de cajeros dispensadores de dinero o la posibilidad de realizar operaciones con tarjeta de crédito y de débito en un mayor número de comercios”. El jerarca concluyó que “la sociedad tiene mucho para ganar, pero eso dependerá del grado de compromiso” que se asuma desde los sectores.

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