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Carlos Mendive. (archivo, junio de 2009)

Foto: Victoria Rodríguez

Ordenando la casa

3 minutos de lectura
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El accionar del Estado respecto a la cartera social.

La semana pasada irrumpió en la agenda mediática la ocupación irregular de viviendas vacías del complejo habitacional CH 84 del barrio Casavalle, producto de la ausencia de vigilantes del servicio 222. A propósito del tema, la diaria dialogó con Carlos Mendive, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), unidad que administra éste y otros 400 complejos de la denominada “cartera social” que pertenecieron al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

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Desde el jueves 1º de julio la ANV tiene a cargo el sistema de custodia de las viviendas vacías de los complejos habitacionales de la cartera social que, hasta ese momento, estaba en manos del BHU.

Mendive explicó: “El pasaje formal debió hacerse a la medianoche pero en algún lugar -y es lo que estamos investigando- los servicios 222 se retiraron antes. Por tanto, y en particular en el CH 84 de San Martín y Aparicio Saravia, gente del entorno se enteró y ocupó. En principio no fueron todas, fueron unas cuatro viviendas, pero aparentemente en el correr de los días se ocupó el resto”. En total habrían llegado a ocuparse 42 viviendas vacías de ese complejo.

El viernes 2 la ANV realizó la denuncia judicial y reclamó la desocupación. El desalojo se produjo el domingo por la mañana mediante un operativo efectuado por el Ministerio del Interior y la Jefatura de Policía de Montevideo. El procedimiento fue pacífico porque, al estar en conocimiento de la resolución, la mayoría de los ocupantes ya se había retirado.

Al tomar a cargo el sistema de custodia, la ANV resolvió dar de baja a varios servicios 222, pasando de 115 a 69 efectivos. “Entendíamos que estaba sobredimensionado el servicio. Lo que hicimos fue organizar el sistema de custodia de forma más eficaz; era la oportunidad de readecuar los costos”, dijo Mendive. 115 efectivos insumían 140.000 dólares mensuales y dicha cifra se redujo a 75.000 dólares. El jerarca señaló que “el servicio de custodia es algo transitorio, va a ir reduciéndose cada vez más en la medida en que vayamos comercializando las viviendas vacías”.

Al margen de esto, queda cierto sabor amargo al evaluar los grandes vacíos en materia habitacional. En uno o dos días se produjo la ocupación de 42 viviendas que permanecían vacías desde hacía muchos años y por las que el Estado invierte en su vigilancia desde hace más de una década.

Varios vacíos

La ANV es un servicio descentralizado creado en 2007 a partir de la reestructura del BHU. Este último trasladó en 2009 la cartera social, “unas 32.000 viviendas en alrededor de 400 conjuntos habitacionales en todo el país. Pasaron conjuntos habitacionales enteros con viviendas que tienen créditos hipotecarios o promesas de compraventa, viviendas que están vacías, otras que están ocupadas en forma irregular o que tienen asociado otro tipo de contratos de tenencia, alquiler, comodato, etcétera”, señaló el jerarca.

Pero se desconoce cuál es el número de viviendas vacías. Mendive reconoció que “los sistemas de información respecto al stock de viviendas vacías eran y son bastante deficientes, por eso hoy estamos tratando de ver exactamente cuántas son, en particular en Montevideo, porque ocurren estas situaciones, en las que pueden figurar como vacías pero cuando uno va se entera de que están ocupadas ilegalmente. Desde un área de la agencia nos dicen que podemos tener 69 viviendas vacías, pero el servicio 222 estaba facturando por unas 400 viviendas”.

El año pasado la ANV inició un programa de comercialización de estas casas vacías en dos fases (julio y octubre) en las que vendió alrededor de 400 en todo el país. El entrevistado afirmó que se está trabajando para “afinar bien el número de viviendas vacías, para llevar a cabo una tercera fase de comercialización”. Señaló que en Montevideo el stock más importante está en Euskal Erría y en el Complejo América, ubicado en Colón.

Al día

El otro gran problema de la cartera social ha sido la morosidad. “Tomamos una cartera que tenía un promedio de antigüedad de entre 23 y 24 años, pero constatamos que en función del monto de la deuda y de las tasas de interés, todavía restaban por terminar de pagarse alrededor de 30 años”, dijo Mendive respecto a fincas que estaban pensadas para ser pagas en un plazo de 25 a 30 años.

Por eso la agencia planteó una readecuación de la deuda: “De esas 32.000 viviendas que componen la cartera social firmamos acuerdos con alrededor de 10.000. Es un convenio por el cual se readecua la deuda en función del valor de la vivienda y de lo que haya pagado la persona. Pero esa readecuación, que es una quita, no se hace en el momento sino al año, está condicionada a que se cumpla efectivamente con el pago de la deuda, con los gastos comunes del complejo habitacional, que se llegue a un acuerdo con respecto al pago de los tributos municipales y de que se desista de juicios contra el Banco Hipotecario por vicios constructivos”. Acerca de estos últimos, el entrevistado aclaró: “Como hubo problemas originales de vicios constructivos, les pedimos que desistan de hacer juicios, en tanto les financiamos la deuda en función del valor de la vivienda y si tiene algún problema constructivo vale menos”.

Dentro de esos 10.000 hay personas que eran morosas y otras que estaban al día. Hasta ahora la ANV ha convocado a 14.000 personas, de las cuales 4.000 no se han presentado. Mendive dijo que se las volverá a citar y si son morosas y no acuden, se comenzará con los procesos de rescisión. La ANV se fijó hasta el primer trimestre de 2011 como plazo para convocar a todas las familias que habitan las viviendas de la cartera social. “Les exigimos que vengan a la Agencia Nacional de Viviendas a dar cuenta de la situación y tenemos alternativas para adaptar la cuota a la capacidad de pago de forma transitoria, hay servicios compuestos por asistentes sociales en los cuales se evalúa la situación”, detalló.

La ANV apuesta, además, a reconstruir las comisiones administradoras de los complejos habitacionales, para que éstos “se hagan cargo, se autogestionen a futuro, porque el Estado no puede estar atado de por vida a estas situaciones”.

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