Este miércoles, el equipo económico liderado por el ministro Gabriel Oddone compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados que tiene a estudio el proyecto de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2025. Como indicó a los medios al término de la sesión, el ministro de Economía y Finanzas dedicó parte de su intervención inicial a explicar que “es habitual y frecuente” que el crecimiento se desvíe de la proyección contenida en la ley de presupuesto. En 2025, ese desvío fue de 0,8 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado (2,6%): “Es decir que no fue significativa”, dijo Oddone, según consta en la versión taquigráfica.
“El escenario de crecimiento que nosotros estamos poniendo sobre la mesa para 2026 y 2027 está dentro del rango de lo que son proyecciones privadas, desde los analistas locales hasta los analistas internacionales que nos miran, y organismos internacionales”, defendió el ministro. Aseguró que los modelos de predicción utilizados por el equipo económico “están alineados a lo que hoy, subrayo hoy, junio de 2026, pensamos que va a pasar a final de este año y a final del año que viene”. Sin embargo, reconoció: “Por supuesto que cuando llegue final del año va a haber desvíos, pero lo importante es que nosotros hoy estemos en condiciones de fundamentar que nuestra predicción está fundada en rigurosidad técnica y en supuestos razonables de cumplimiento”.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respondió a la afirmación del diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala respecto de que el plan económico del gobierno “se derrumbó”. “Es un poco exagerada”, dijo Oddone, y consideró que “derrumbarse es lo que pasó en 2002; derrumbarse es lo que pasó en 1982; derrumbarse es lo que pasó en 1965”. Reiteró que, “en todo caso, lo que hay es un desvío del crecimiento”, sobre el cual, “en absoluto” están satisfechos, aclaró.
Asimismo, rechazó que la Rendición sea “un borrón y cuenta nueva” del presupuesto quinquenal o una “mini LUC [ley de urgente consideración]”, como la calificó el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado. “Si bien entiendo que en la tecnología parlamentaria el efectismo juega un papel muy relevante –y está muy bien que así sea–, yo estoy obligado a decir que no creo que esta sea una mini LUC, sino una ley que redirecciona –afortunadamente tenemos esta herramienta– algunos recursos para poder conducir el proceso”, señaló Oddone.
Discusión sobre la efectividad de las condicionalidades
La Coalición Republicana, que esperó a la comparecencia del MEF para definir una postura en común frente al proyecto, confirmó este jueves de tarde que no votará la Rendición de Cuentas en general.
El oficialismo confiaba en que el aumento de 31 millones de dólares para la unificación de las transferencias a la primera infancia tendría los votos de la oposición. El diputado del PN Sebastián Andújar sostuvo en la comisión: “Estamos todos de acuerdo en que tenemos que encontrar soluciones y en que vamos a trabajar para mejorar el mensaje del Poder Ejecutivo, en busca de soluciones que, a su vez, puedan ser más efectivas”. Andújar consultó, entre otras cosas, sobre “la meta concreta de reducción de la pobreza infantil que el Poder Ejecutivo asume para 2027” y “qué indicador nos va a permitir afirmar, a fines de 2027, que la nueva Asignación Única fue exitosa”.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, respondió que, de aprobarse el proyecto tal como se remitió, el incremento en el valor de las transferencias para los hogares donde viven niños nacidos en 2025, 2026 y 2027 será de 82%. Cuando todo el sistema esté desplegado, la proyección del gobierno es que impacte en una reducción del 25% de la pobreza entre los niños de 0 a 3 años. El jerarca precisó que los cálculos “son estáticos”, es decir que “no internalizan el funcionamiento de la economía”. “Con una economía que cree más puestos de trabajo de los que estamos previendo o en la que se acelere el crecimiento económico es probable que el impacto sea mayor”, puntualizó. Del mismo modo, ante un escenario adverso, podría funcionar “como una malla de contención, un colchón amortiguador”.
En otro momento de la sesión, Arim fue interrogado sobre las condicionalidades a las transferencias. Al unificar las transferencias, el Ejecutivo resolvió que el 20% de estas sea condicionado (sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, como la asistencia a clase de niños y niñas) y el 80% no lo sea. El director de la OPP reiteró que esto se explica porque algunas de las transferencias que se unificaron, como el Bono Crianza y la Tarjeta Uruguay Social, no están condicionadas, mientras las asignaciones sí lo están. “Entonces, tiene que haber un componente necesariamente no condicionado”, argumentó Arim.
Más allá de esto, el director de la OPP reiteró su postura crítica sobre las condicionalidades. “No son particularmente eficientes las condicionalidades como mecanismo para retener en el sistema educativo. En Uruguay hay evidencia, repito; son parte de las evaluaciones que hemos hecho, están escritas por distintos actores académicos. En el mundo sucede algo parecido”, señaló Arim. Agregó que es “mucho más importante” que la persona reciba la transferencia y “eso incentive otras cosas”. Y recordó que hay “otros instrumentos” para garantizar la asistencia de niños y niñas a la escuela, como los programas de revinculación que tiene la Administración Nacional de Educación Pública.
“Cuando operaban solamente las condicionalidades, en 2024, fundamentalmente en el caso de los adolescentes que habían dejado de concurrir al sistema educativo, volvieron 300. Este año, y en particular el pasado, de los 5.200 que se habían desvinculado, volvieron 3.000. La política más eficaz y eficiente es saber quién está cobrando para ir a buscarlo y revincularlo”, remarcó Arim.
A su turno, Oddone confesó que el tema de la condicionalidad era algo que le hacía “ruido”, pero dijo: “Hay un argumento que me parece muy importante; la condicionalidad puede encerrar un hecho y es que las personas que, precisamente, no pueden asistir son las que están en el último tramo de acceso”. “O sea, ¿cuáles son aquellos hogares de los niños que finalmente no terminan yendo o aquellos hogares de los niños que no pueden concurrir, por ejemplo, a la vacunación? Precisamente, son los que están en la cola final, por un sistema de desarreglo institucional enorme dentro de la familia o del hogar o, incluso, por un tema de cuidados de las personas que tienen que estar a cargo para hacer el traslado o la vigilancia”, indicó.
“Es muy difícil que la gente deje de comprar eléctricos” por la introducción del Imesi
El combate a la pobreza infantil se financiaría con base en la reestimación de la recaudación de algunos impuestos aprobados en el presupuesto, en particular, el impuesto mínimo global, y la introducción del impuesto específico interno (Imesi) a los vehículos eléctricos con precios de venta al público superiores a 30.000 dólares, aproximadamente. Por este último concepto, el gobierno prevé recaudar 16 millones de dólares; el planteo de la oposición pasó por cómo el MEF asegura esa recaudación, si, eventualmente, la medida desestimula la compra.
Oddone señaló que, en 2027, el universo de vehículos impactado será de 10.000 en promedio, que pagarán 1.600 dólares adicionales, lo que arroja una recaudación de 16 millones de dólares. Dada la distancia entre el impuesto introducido y los impuestos a los vehículos a combustión, Oddone consideró que “es muy difícil que la gente deje de comprar eléctricos e híbridos para irse a la combustión”. No obstante, apuntó que, “si así fuera, sería una muy mala noticia desde el punto de vista ambiental, o sea que sería una mala política de parte nuestra, pero desde el punto de vista fiscal sería espectacular, porque lo que pagan los de combustión es extremadamente más alto”.
Por otro lado, el ministro reconoció que podría haber “una menor venta de vehículos eléctricos y de híbridos con relación a lo que sería si no hubiera gravamen”. Sin embargo, “en la medida en que esto está concentrado en el 33% de los vehículos para franjas de valor alto, en aras de poder defender la recaudación, de no hacer tanta renuncia fiscal para estimular una tecnología que está madura, el gobierno decidió avanzar en la materia”.
Diálogo con las AFAP: “Es un tema que está encaminado”
El equipo económico fue consultado por los cambios al rol de las AFAP sugeridos en el Diálogo Social. Oddone aseguró que esta semana se están cerrando las conversaciones con las AFAP por los resultados del Diálogo. El Ejecutivo creó a principios de mayo un ámbito de intercambio con estas empresas privadas tras la inquietud que les generó el anuncio de que habría un cambio de rol de estas entidades.
“Nosotros creemos que estamos llegando a un punto en el cual vamos a poder comunicar algo que contemple los dos aspectos: por un lado, lo que el Diálogo Social recomendó y, por otro lado, lo que a las AFAP les preocupa”, aseguró el ministro. Si bien no quiso adelantar las conclusiones del ámbito de intercambio, afirmó que “es un tema que está encaminado”.
Aumento del gasto estatal por juicios de amparo
El subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, informó que “uno de los principales elementos que ha incrementado el gasto presupuestal en materia de salud tiene que ver con la evolución” de los juicios de amparos que condenan al Ministerio de Salud Pública, “pero que también han empezado a condenar al Fondo Nacional de Recursos”.
El subsecretario apuntó que en 2015 los amparos le costaban al Estado seis millones de dólares y en 2025 le costaron 164 millones. “Este es un elemento que constituye un problema que es necesario abordar y tratar de ver cómo se puede encaminar y resolver, porque es una de las cosas que tensionan la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud y, por lo tanto, es uno de los desafíos que tenemos cuando miramos para adelante respecto de los ajustes que debemos hacer al SNIS [Sistema Nacional Integrado de Salud], al Seguro [Nacional de Salud] y al Fonasa [Fondo Nacional de Salud]”, consideró el subsecretario.