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Integrantes de las familias que ocuparon el predio abandonado en el barrio Nuevo Capra.

Foto: Javier Calvelo

Preocupados

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Familias desalojaron anoche el terreno en el que se habían instalado, luego que liberaron a sus delegados; pero siguen sin vivienda.

Tal como estaba anunciado, ayer a las 17.00 la Policía se presentó en el predio de Paso de la Española y camino del Águila, ocupado días atrás por vecinos del lugar. Los funcionarios policiales pidieron a 20 hombres que los acompañaran a la Seccional 18ª para darles “una nueva notificación judicial”. Los 18 que concurrieron quedaron detenidos y horas después el grupo GEO fue a buscar una cantidad similar de ocupantes, pero la convocatoria no tuvo quórum. Pasadas las 22.00, los detenidos fueron liberados con la condición de que el resto desocupara el predio, pedido al que accedieron.

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Sobre las 16.45 de ayer, 15 minutos antes del arribo de la Policía, los vecinos acordaban detalles y transmitían las informaciones surgidas a partir de la ida a los ministerios de Vivienda y de Desarrollo Social. Algunos discrepaban con las soluciones propuestas, que indicaban que en ningún caso podrían quedarse en ese predio, y como contrapartida ofrecían estudiar cada caso para ver si podían ser incluidos en planes cuya concreción podía llevar este año y el que viene.

Algunos de los ocupantes, temerosos por el arribo policial, habían abandonado el predio, pero otros afirmaban: “Yo de acá no me muevo”, lo que merecía el aplauso y la aprobación del resto. Constantemente se abrían diálogos paralelos con cientos de historias de vida para contar ante cámaras y micrófonos que rara vez se acercan. “Estamos dispuestos a pagar la deuda de contribución, pagamos la deuda y con lo que sobre le pagamos al dueño”, planeaban unos. Otras voces se alzaban, reclamaban al grito que querían una vivienda digna, pero al instante intentaban contenerse, primando la consigna de mantener la calma cuando llegara la Policía.

El subcomisario Rilo Márquez, de la Seccional 18ª, fue el portavoz policial y pidió que los ocupantes seleccionaran a “20 personas de sexo masculino, entre ellos los distintos delegados que han asistido a los medios de prensa para exponerles las necesidades, [para que] concurran con nosotros a la Seccional para allí darles una nueva comunicación judicial y notificarlos de lo que en primer término eran sus dudas”.

Fueron 18 y todo transcurrió en buenos términos. Quedaron detenidos para ir hoy a las 8.00 a declarar al juzgado. Cerca de las 19.00 el grupo GEO volvió al predio a buscar a otros 20, pero “sólo fueron uno o dos”, explicó a la diaria Juan Bocalandro, quien estaba ocupando ayer de tarde. Después de las 22.00 y con el grupo GEO mediante, accedieron a desocupar el predio para que fueran liberados los detenidos. Rosana, otra de las ex ocupantes, dijo a este medio que hoy se congregarán en la calle para tratar de organizarse e ir al Ministerio de Vivienda.

La ocupación surgió luego de un incendio en el predio, el viernes 14, y se afincaron los vecinos que contribuyeron a apagarlo. El lunes, ante la denuncia del dueño, el caso pasó a la Justicia y el martes se les comunicó que serían desalojados ayer. La Policía ejecutó la orden del Poder Judicial.

Bosquejo de barrio

Lo que había sido pasto era tizne y de él salía un fuerte olor a quemado. En menos de una semana los vecinos parcelaron el lugar, dividiéndolo con palos y cuerdas o hilos. Habían montado “ranchos” con carpas, palos, chapas, tejidos sombra, nailon, portones, cartones. Por la tarde, después de que se fueron los 18 hombres, una mujer continuaba inscribiendo en una cuadernola a las personas que llegaban para pedir lugar. Les explicaba que la prioridad la tenían las mujeres con niños y en situación de calle, y se les pedía cédula y teléfono. La mujer indicó a la diaria que como había gente que se había retirado, podía quedar lugar, y además había que revisar bien el listado porque algunas familias tenían más de una parcela y habría que medir nuevamente el predio para diseñar las calles y espacios para placitas.

Los ocupantes rondaban las 270 familias y, según dijeron, cada una tenía entre cuatro y cinco niños. Reprocharon que el predio, de siete hectáreas, estaba abandonado desde hacía más de 30 años, que en una parte había un basurero y que mientras ellos ayudaron a apagar el fuego el dueño ni siquiera se presentó para ver si se había quemado alguna de las viviendas vecinas. Recalcaron que no pretendían vivir gratis, que la gran mayoría tenía trabajo pero que no podían pagar un alquiler ni acceder a planes o a créditos del Banco Hipotecario por no contar con recibo de sueldo. Dijeron que la gran mayoría vivía hasta el momento de agregado en casas de familiares, situadas en su mayoría en los barrios aledaños.

Según la Intendencia de Montevideo, la intención de los vecinos no tendría cabida ni siquiera si el predio fuera de ellos, porque en las zonas rurales (está escasos metros al norte del anillo perimetral) no se permite el fraccionamiento de tierras. Los vecinos retrucaban diciendo que todos los asentamientos de los alrededores se habían formado a partir de ocupaciones similares y que estaban sobre terrenos que presentaban peores condiciones de habitabilidad, y ponían el ejemplo del asentamiento “16” que está sobre una cantera, en el que, sin embargo, se han regularizado servicios como luz y agua.

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