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Males sociales

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Respuesta ante el VIH/sida.

La notificación de casos de VIH en Uruguay ha aumentado en los últimos 20 años, pero el dato no se ve como negativo puesto que son más las personas que acceden a cuidados y tratamientos a tiempo; las notificaciones de casos de sida, si bien han aumentado de 1991 a 2010, en los últimos años se presentan estables. Autoridades sanitarias y referentes de organizaciones sociales explicaron ayer que una persona que vive con VIH puede tener una expectativa de vida como cualquier otra si es diagnosticada y tratada a tiempo. El mayor problema que persiste es la discriminación social, y para eso todavía no hay medicamento.

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Ayer se presentó en el Ministerio de Salud Pública (MSP) una campaña contra la discriminación de personas que viven con VIH, que fue creada en forma gratuita por el Círculo Uruguayo de la Publicidad. Asociadas a la imagen de una mujer, un varón y una niña, se resaltan ideas como “No le duele el VIH, le duele tu discriminación”.

La base de la campaña fue un estudio elaborado por la Comisión Nacional de Sida con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. La consultoría de la socióloga Ana Sosa relevó 65 denuncias por violaciones de derechos personales registradas en 2010 por cuatro organizaciones sociales: Asociación de Minorías Sexuales del Uruguay (Amiseu), Asociación de Ayuda al Sero Positivo (Asepo), la Red de Personas Viviendo con VIH y el Área de Salud y Trabajo del PIT-CNT.

Juan José Meré, referente del programa de Naciones Unidas sobre VIH/sida, presentó los datos y alertó que 72% de las denuncias referían al ámbito de la salud, por “dificultades en el acceso a tratamiento y atención” y por “falta de confidencialidad”, lo que constituye una barrera para la atención sanitaria. El 18% de los reclamos se relacionaba con problemas en el ámbito laboral, debido a situaciones de despido, cambios en las condiciones de empleo, o la exigencia del examen de VIH, lo que está prohibido. El 8% refería a ámbitos de la educación, a causa de falta de confidencialidad de docentes o autoridades del centro, o por restricciones. Al ámbito judicial correspondió 2% de las denuncias. Alrededor de 80% de las denuncias del sector salud y educativo se referían a casos ocurridos en instituciones públicas.

Pablo Nalerio, representante de Amiseu, dio testimonio del estigma que viven las personas con VIH. Solicitó que se incrementen las campañas informativas, “que las autoridades revisen la forma en que se otorgan las pensiones de discapacidad a personas con VIH”, porque se están negando, y pidió que se reconozcan y respeten sus derechos.

La educadora María José Hernández habló en nombre de Asepo y destacó que a nivel social hay “una diferencia entre lo discursivo y el avance científico” y el imaginario colectivo instalado desde hace 30 años. Dijo que las personas con VIH no se animan a revelar su secreto por sentirse estigmatizadas y discriminadas, lo que impide que se nucleen y reclamen por sus derechos, mientras que otras no se animan a hacerse un test por el mismo motivo, lo que a la larga las perjudicará. Hernández pidió “la incorporación de nuevos fármacos con menos toxicidades y menos efectos secundarios” y que el MSP exija que estén disponibles en instituciones privadas.

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