La utilización de agrotóxicos es siempre un tema sumamente polémico, más aun cuando se estudian sus efectos sobre la salud humana y el medio ambiente, o cuando se constatan violaciones a la regulación o atrasos en su actualización.
En este caso, las críticas no apuntan hacia el uso de agrotóxicos sino al rol que juegan las multinacionales que los producen a escala mundial y que ejercen presión a través de los medios, científicos y universidades para defender su monopolio.
Así lo argumenta ALINA, que desarrolla su Asamblea General en Montevideo, donde buscará promover la idea de permitir la utilización de productos genéricos entre las autoridades de gobierno, universidades, institutos de investigación y la población, ya que permitiría abaratar los costos de producción y, en consecuencia, los precios de venta al público.
En conversación con la diaria, Haradom explicó que se trata de una reunión que se realizará desde hoy y hasta el viernes, donde se instará a la utilización de agroquímicos genéricos producidos en la región. Además ofrecerá la disertación de Keith Solomon, de la Universidad de Guelph, en Canadá, que trabaja sobre los efectos químicos en la salud humana y el medio ambiente. “Va a explicar cuáles son las mejores formas de administrar y evaluar el riesgo [de los plaguicidas] para disminuir su impacto”, comentó. También participará en una de las jornadas el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre.
Otra vez la inseguridad
Los productos genéricos son aquellos que incorporan el “principio activo” del agroquímico, debiendo ser equivalente a la marca original en su composición y forma. Los plaguicidas genéricos pueden fabricarse una vez que vence la patente del original.
Haradom argumentó que “el gran productor puede acceder a productos que son monopolio -que tienen patente-, con precios mucho más elevados, porque tiene capacidad de negociación y de compra, y puede soportar esos altos precios”; pero el micro, pequeño y mediano agricultor no tiene esa posibilidad y “tiene que comprar estos productos que cuestan cuatro, cinco, diez veces más”, lo que “hace un poco difícil que pueda tener un buen rendimiento de su trabajo”.
Esta situación, según Haradom, genera que el agricultor se endeude y que además venda un producto caro, que tiene un impacto muy grande sobre el presupuesto, ya que “la mayor parte de lo que nosotros -las economías emergentes- consumimos es producido por pequeños y medianos agricultores”, en virtud de que los grandes productores “hacen granos, soja, carne, maíz, algodón, azúcar, que son productos exportables, algo que es bueno, pero es para exportación”.
Sobre los productos genéricos producidos por los industriales nucleados en ALINA, sostuvo que “los resultados no pueden ser solamente agronómicos, decir ‘funcionó bien’ porque los productos con patente funcionan bien, o decir ‘no son nocivos para la salud o el medio ambiente’ porque quizás sean menos nocivos: eso dicen ellos. El problema es si resulta económicamente viable para estos agricultores producir en base al uso de agroquímicos patentados”.
Haradom defendió la idea de que el asunto no implica sólo una cuestión de venta de agroquímicos sino también de “seguridad alimentaria y de soberanía”, porque “si la seguridad alimentaria va a depender de los [plaguicidas] importados, entonces estamos en las manos de los países y las corporaciones extranjeras”, advirtió. “No estamos diciendo que no hay que importar: estamos buscando un equilibrio entre la posibilidad de importar productos de afuera y la posibilidad de que nosotros, en nuestras naciones, podamos crear productos que son necesarios para nuestra agricultura y que sean económicamente viables”, añadió. Señaló asimismo que ALINA está formada por “industriales que no son sociedades anónimas, que tienen nombres” y, por lo tanto, son “responsables por los productos que creamos, por la venta y los resultados”.
Defense, defense
El directivo de la entidad dijo que ésta apunta a “defender internacionalmente la producción local del gran competidor que son las grandes corporaciones”, y sobre éstas precisó: “No estamos diciendo que son satánicos; no son enemigos, están defendiendo su negocio de la mejor manera que tienen. Y lo hacen muy bien porque tienen los medios para hacer publicidad, y contratan universidades y técnicos para defender su punto de vista”, razonó, para recordar: “Nosotros, que somos las empresas nacionales, tenemos menos recursos, entonces es más difícil”. El propósito de su accionar consiste en lograr “una libre competencia”, pero ésta “tiene que ser real, no sólo de discurso”.
Entre los artilugios que las multinacionales utilizan para mantener su posición dominante, Haradom enumeró diversas trabas que se han puesto a lo largo de los años en el proceso de validación de los productos genéricos. “Primero nos decían que teníamos que hacer los estudios toxicológicos, que ellos ya habían hecho, y eso no es posible porque son millones de dólares […]. Luego se nos dijo que no era suficiente que haga el producto similar, porque puede haber algunos elementos que pueden ser diferentes y que pueden hacer mucho mal a la salud o al medio ambiente. Entonces se creó una nueva legislación para que sea registrado el producto, donde hay que demostrar a los organismos [estatales] que los productos son esencialmente iguales, y que las diferencias son mínimas. […]. Para que uno sepa que son similares, hay que hacer un análisis químico; ese análisis se lo da al Ministerio de Salud, Agricultura o Medio Ambiente, y ellos miran lo que trajo la compañía global, y ahí se dice que es esencialmente similar. Ahora lo que dicen [las multinacionales] es que la información sobre cómo es el producto químicamente es un secreto. Entonces nosotros hicimos el producto, y ellos comparan y dicen si es igual o no, pero no nos muestran nada. Entonces las agencias en el mundo comienzan a tener un poder prácticamente de juez, sin tener que demostrar absolutamente nada”, denunció.
Haradom sostuvo que la situación supone “una cuestión de democracia y de derecho en su sentido amplio, las cosas tienen que ser transparentes y ésa es una de las cosas por las que batallamos”.
Por otra parte, argumentó que las multinacionales “van incentivando a científicos, universidades y ellas mismas hacen estudios -o quizás ya los tenían- y dicen que estos productos que durante 20 años fueron monopolio con su patente ahora resulta que no son tan buenos y que tienen problemas”. Y reflexiona sobre el punto: “Si tienen esos problemas y defectos, creo que debíamos haber impedido la introducción de los productos ya en los primeros años, cuando salieron al mercado y tenían patente. Siempre los productos pasan a tener problemas cuando se hacen genéricos”, fustigó.
Por último, mencionó que los descritos son reclamos que ALINA realiza a nivel internacional, y que eventos como los de Uruguay ya se han realizado en México, Nicaragua, Costa Rica, Europa y Brasil, entre otros países y regiones. “Además tenemos un asiento en la FAO y en la OMC”, ilustró. “Es un trabajo constante para demostrar a las autoridades y al público que es conveniente que los productos genéricos no sólo existan sino que tengan una participación mayor del mercado”, concluyó.