Largo, complicado y sin un final claro se presenta el proceso de la empresa Metzen y Sena, paralizada desde 2009 por sus importantes problemas financieros. Mostrando la visión empresarial, el presidente de Metzen y Sena S.A., Alejandro Barreto, divulgó una carta abierta donde se refiere al proceso histórico de la firma, que el 26 de mayo cumplió 74 años, e interpreta el actual.
Destacó que la compañía, "en tantos años de vida ha sorteado un sinnúmero de dificultades, sin dejar de producir nunca jamás". Recordó el endeudamiento generado en la década del 90 para modernizar maquinaria, el atraso cambiario y la apertura comercial del país, aunque "la más complicada de todas las dificultades" fue el abastecimiento de gas natural de origen argentino.
Éste fue interrumpido en reiteradas oportunidades hasta que el gobierno de Argentina le aplicó un impuesto de "más de un 300%”, una "magnitud abusiva y prohibitiva". El tributo "era y es ilegal" según las normas de Aladi y el Mercosur, pero las autoridades uruguayas nunca exigieron el cumplimiento de esos acuerdos. Para atender la situación se tomó una solución transitoria "suministrando el gas natural al precio con impuesto, pero pagando como si no lo tuviera, concediéndonos en crédito a pagar en el futuro el monto equivalente al ilegal impuesto". Así fue, asegura Barreto, que se sumaron "deudas por millones de dólares", no por la operativa ni una mala gestión sino por "un costo artificialmente inflado". Pero en junio de 2009 la empresa y el Estado firmaron un contrato para invertir en la fábrica aumentando la producción y la productividad, la eficiencia energética y bajar costos.
Ese plan de negocios demandaba la contratación de 350 trabajadores adicionales a los 780 que la empresa ya tenía, y "pasaría a tener buenas utilidades incluso considerando el precio del gas argentino". Sin embargo y "sorpresivamente, el 30 de noviembre de 2009 -el día posterior a las elecciones- el gobierno decide incumplir con los contratos firmados" y, en su lugar, "ejecutaron un Plan Alternativo". Éste implicó el cierre de la fábrica para pasar Metzen y Sena a propiedad de una cooperativa de trabajadores y "reabrirla inmediatamente bajo la modalidad de la 'autogestión'”.
Como esa opción "no ha sido legalmente posible en los 18 meses que van desde que la cerraron", Brenta anunció que el gobierno pedirá la liquidación de la empresa y construirá "otra fábrica de cerámicas, invirtiendo, sin garantías, decenas de millones de dólares del Estado -que eran del Banco República-, para un emprendimiento que como máximo dará trabajo a 120 personas".
El palo en la rueda
No obstante, gobierno y trabajadores opinan distinto sobre el "plan alternativo" y el proceso de reapertura, y si bien a nivel oficial se evitó comentar la misiva de Barreto, desde el sindicato se criticó al empresario por poner "chicanas jurídicas" para que la fábrica vuelva a funcionar. En conversación con la diaria, Andrés Soca, miembro del sindicato, explicó que aquél interpuso en febrero una demanda de inconstitucionalidad que trancó el traspaso del uso de la maquinaria a la cooperativa obrera. El fiscal "dio no ha lugar" a la demanda del empresario pero aún resta que la Suprema Corte de Justicia resuelva, y cada magistrado tiene 45 días para hacerlo. Soca valoró que esas trabas "complican el proceso de reapertura", y si bien se mantienen "muchos contactos con clientes" para conservar el vínculo comercial, éstos "no te van a esperar toda la vida".
Por ese motivo, en el Gabinete Productivo del gobierno "se optó por una alternativa que es armar una nueva planta, a cero, totalmente ajena a la fábrica actual, que no va a estar trancada por los procesos judiciales". Aunque éste "también es un proceso que puede llevar bastantes meses, igualmente no se diluye tanto como en la otra vía".
Soca dijo que aún no se definió cuántos funcionarios trabajarían en la nueva iniciativa, pero recordó que el plan de mantenimiento de la planta original consistía en el reintegro de 330 trabajadores y, a medida que se fueran recuperando mercados, se iría reabsorbiendo al resto. En ese sentido evaluó que el proyecto nuevo podría dar trabajo a una cantidad similar.
Estamos estudiando
Desde el gobierno, Brenta dijo a la diaria que su cartera trabaja en coordinación con el Ministerio de Industria “analizando la posibilidad”. “Está claro que cada día que pasa la empresa pierde posibilidad de recuperación, porque la presencia en el mercado de los productos y las marcas es un elemento clave”, explicó. Por ello, y pensando que el procedimiento judicial podría “durar unos ocho o nueve meses”, “se resolvió dar inicio a una evaluación técnica sobre la posibilidad de iniciar un proyecto nuevo en la zona, con financiamiento del futuro Fondo de Desarrollo creado con fondos del Banco República, a efectos de que la unidad productiva pudiese iniciar sus tareas”. El predio de emplazamiento es propiedad del Ministerio de Transporte, que lo otorgaría en comodato al de Industria. Una vez resuelta la vía judicial, la nueva firma “podría empalmarse o formar parte del emprendimiento mayor”. No obstante, enfatizó que “esa parte no está definida y se está trabajando a nivel técnico”. “Hay que evaluar la inversión que esto significaría para estudiar su viabilidad y seguir adelante”, añadió. Consultado sobre la carta abierta de Barreto, prefirió no realizar comentarios aunque lamentó la obstaculización del proceso de reapertura.