El censo se hizo a través de un convenio entre el MI y el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. El trabajo de campo se desarrolló entre junio y octubre de 2010; 35 estudiantes avanzados de Ciencias Sociales aplicaron cara a cara el cuestionario a 8.169 personas, de las cuales 5.831 lo respondieron completamente, 2.338 lo hicieron parcialmente; 323 personas se negaron a hacerlo, tratándose principalmente de una decisión "en bloque" de pabellones del Comcar, del penal de Libertad y de la cárcel de Maldonado. El equipo aplicó el formulario intentando cubrir en cada visita a todos los reclusos de ese establecimiento, para que no supieran de antemano qué se les iba a preguntar y las respuestas fueran espontáneas. No se relevaron los que estaban en prisión domiciliaria ni hospitalizados.
Para el análisis de datos los establecimientos se clasificaron considerando su tamaño y el "clima carcelario", rompiendo el molde Montevideo-Interior. El grupo 1 incluye las cárceles en las que "hay una relación más cercana entre el personal y los reclusos, menor grado de hacinamiento y una relación recluso/guardia más adecuada", dice el informe; allí están las cárceles de Artigas, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó (Departamental y Paso de los Toros), Treinta y Tres, el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), y la Casa Medio Camino para mujeres en Montevideo.
Tipificaciones de delitos
La Suprema Corte de Justicia dio a conocer el "Informe final de procedimientos penales" correspondiente a 2009. "Al igual que en el año 2008, la mayor parte de las infracciones corresponden a delitos contra la propiedad, seguidos de delitos contra la personalidad física y moral del hombre", explica el informe. De los 4.473 procesos concluidos en Montevideo, 45,5% de los delitos fueron hurtos (2.036 casos); 11,8% rapiñas, 8,7% por estupefacientes; 4,1% por lesiones personales; 2,8% por violencia privada; 2,7% por homicidio; 2,3% por estafa; 2% por apropiación indebida y 1,6% por lesiones graves. Con porcentajes inferiores al 1% hay otros 25 delitos que incluyen desde alteración de certificados, atentado, atentado violento al pudor, violencia doméstica, ley de derechos de autor, hurto de energía, violación, fraude. En el interior del país se concluyeron 5.654 procesos. Los porcentajes varían respecto a los de la capital. El 37,2% fue por hurto, la segunda causa es receptación (comercialización de objetos robados, 12%), lesiones personales (6,9%), estupefacientes (6,7%), rapiña (3,4%), homicidio (3,3%), violencia privada (2,6%), lesiones graves (2,3%), abigeato (1,8%). Hubo más procesamientos por violencia doméstica en el interior (1,3%, 74 casos) que en Montevideo (0,4%, 20 casos).
En el grupo 2 están los establecimientos "en una situación intermedia, donde se pierde la relación cercana entre el personal y los reclusos, el hacinamiento es más importante y hay menos guardias por recluso", son las de Canelones y Maldonado.
En el grupo 3 está Comcar, Libertad, Cárcel Central, La Tablada y cárcel de mujeres Cabildo. "Son en general las grandes cárceles, más sobrepobladas y con menor número de guardias por recluso", explica el informe. En ese grupo residen 4.759 personas, esto es 56% del total de la población carcelaria encuestada.
Cuestiones personales
Se detectó un dato que no es novedad aunque no deja de ser alarmante: 69,5% de las personas recluidas son menores de 35 años. El 91,6% son varones. La tercera parte se encuentra en pareja (casado o en concubinato) y 63% tiene hijos (6% no responde); la gran mayoría recibe visitas.
En promedio, 66% dijo no vivir en asentamientos, siendo mayor esa respuesta en los departamentos del interior. El 40% tiene primaria como nivel educativo máximo; 40% tuvo su primer trabajo estable antes de los 17 años; 7,8% nunca tuvo un trabajo estable, 8,4% nunca trabajó, y el 58,5% tenía trabajo al momento de perder la libertad (ese porcentaje asciende a 78 en el grupo 1).
Los principales delitos por los que estaban recluidos los encuestados eran: rapiña o tentativa de rapiña (36,9%), hurto (14,8%), homicidio (12,6%), narcotráfico y tráfico de estupefacientes (10,4%). Hay una diferencia entre regiones: rapiña y hurto son las causas de reclusión del 52% de los que integraron el grupo 2 y casi el 59% del grupo 3, mientras que en las cárceles que conforman el grupo 1 ese motivo desciende al 36%, y en cambio se erige el homicidio, que abarca al 20% de los recluidos, el doble que en los grupos 1 y 2.
La mayoría respondió no estar bajo el efecto de alcohol u otras drogas al momento de cometer el delito. Del 36% que afirmó haberlas consumido en ese momento 47,7% aludió a pasta base, 29,9% a alcohol, 11,2% combinó alcohol con estupefacientes o psicofármacos, o más de un tipo de estupefacientes, 4,3% nombró cocaína y 3% marihuana. Es interesante ver también allí las diferencias entre grupos: la pasta base fue consumida por el 60% de los recluidos en el grupo 3, por el 44% del grupo 2 y 18% del grupo 1; en cambio el alcohol lo consumió 59% del grupo 1, 34% del 2 y 17% del grupo 3.
Menos de la mitad de las personas encarceladas se encuentra penada: 41,8%. El 47,8% dijo estar procesado y 10% no contestó. El 50% llevaba menos de dos años de estadía y la proporción asciende a 63% si se le suman los que llevan hasta dos años inclusive. Un cuarto dijo haber cumplido ya los 2/3 de su pena pero el 32% ni siquiera estaba penado. El 47,6% era primario; del 46,6% que dijo no serlo, 44% había sido penado cuatro o más veces. EL 25,8% expresó haber estado internado en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente o similar durante su infancia. El 50% manifestó no tener familiares ni amigos cercanos con antecedentes.
Condiciones carcelarias
La tercera parte de los recluidos realiza actividades laborales y su peso es mayor en los centros penitenciarios que hay menor hacinamiento. El 54,7% de los que trabajan reciben remuneración en dinero y 0,8% en especies; las tareas pagas son más frecuentes en los reclusos del grupo 3. En total 35% dijo tener reducción de pena por trabajo o estudio en el establecimiento. Menos de la mitad participa de actividades deportivas (43%) y 51% lo hace en actividades recreativas.
En cuanto a la convivencia y relacionamiento con el resto de los reclusos, 81,4% dijo que es buena o muy buena, mientras que 2,6% piensa que es mala o muy mala. La visión más negativa de este aspecto fue señalada por los recluidos en el grupo 2 (75%), le sigue el grupo 3 (80,5%) y la más optimista es de los centros más pequeños (87,7%).
Respecto del vínculo con el personal de la cárcel hay menor aprobación, aunque la opinión sigue siendo favorable. Casi 68% respondió que la relación era buena o muy buena y 4,2% que era mala o muy mala, destacándose también en ese sentido las respuestas del grupo 2. El 44,7% dijo estar seguro o muy seguro dentro de la cárcel y poco más del 30% expresó estar inseguro o muy inseguro. Las situaciones negativas son vividas mayoritariamente por los reclusos de los establecimientos con mayor hacinamiento: 12,6% sufrió agresiones físicas dentro de la cárcel; 10,4% dijo recibir lesiones por personal de custodia y 13,2% padeció robos allí adentro; cerca del 6% no respondió.
Casi la cuarta parte dijo desconocer a su abogado defensor.
Apenas 11% señaló recibir colaboración del Patronato de Encarcelados y Liberados, ayudas en materiales de estudios, ropa, artículos de higiene personal, materiales de trabajo, alimentos, entre otros, especifica el documento.
Pese a la amplia repercusión mediática que tiene la figura del comisionado parlamentario, 54,7% dijo desconocerlo, y quienes más lo identificaron (especificando además quién era y qué hacía) fueron los reclusos del grupo 3 (43,5%), luego los de Canelones y Maldonado (32,4) y por último los del grupo 3 (31,6%).
El ministro Eduardo Bonomi explicó a la diaria que los datos del censo son “elementos, insumos de trabajo”; consideró que es importante “saber cómo se llega al delito, si se llega con experiencia anterior, si hay antecedentes familiares o no familiares, el grado de estudio, si tenía trabajo o no”. Agregó que la información obtenida se utilizará para saber “dónde hay que poner el acento” al momento de pensar en la rehabilitación.