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Hogar de niños La Familia, en Ecilda Paullier, San José.

Foto: Pablo Nogueira

Infierno grande

6 minutos de lectura
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Caso de abuso sexual en Ecilda Paullier deja en evidencia fallas en los procedimientos judiciales y ausencia de legislación específica.

Un caso de abuso sexual en una localidad de San José fue destacado por la abogada Diana González como un ejemplo de lo que no hay que hacer en estas situaciones. Al mismo tiempo, según González, dejó en evidencia la necesidad de contar con una legislación que rija los procedimientos judiciales en este tipo de casos.

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Ecilda Paullier cuenta con una población de unas 4.000 personas, y se ubica en San José cerca del límite con Colonia. En setiembre de 2011 sus habitantes se vieron conmovidos por la denuncia contra el hermano de un pastor evangélico, que gestionaba el hogar de niños y ancianos La Familia en el lugar. De acuerdo a lo narrado por González, abogada defensora de las niñas abusadas, e integrante del colectivo Infancia y Adolescencia Ciudadana (Iaci), los hechos quedaron al descubierto gracias a un matrimonio que trabajaba en el hogar desde el año pasado, momento en que se construyó un nuevo local. El cambio de edificio requirió la contratación de más personal y posibilitó que los abusos fueran percibidos. El matrimonio habló con el encargado, que admitió las acusaciones, y le dio un plazo para que se presentara ante la Policía. Como el hombre no concurrió, la pareja hizo la denuncia ante la Seccional 5ª de Ecilda Paullier.

Libre albedrío

La abogada de las víctimas de Ecilda Paullier también denunció que hasta el momento no pudieron encontrar los papeles que certifican en qué contexto las niñas fueron derivadas a ese centro. El hogar La Familia no tenía convenio con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, por lo que no había control alguno sobre lo que allí pasaba, al igual que ocurre con otros centros en las mismas condiciones. El hogar funcionaba a base de donaciones y, según comentó la abogada Diana González, a partir del episodio, si bien se siguieron manteniendo, los donantes dejaban las cosas en la puerta y se retiraban del lugar.

Según González, los días pasaban y no había novedades en la investigación. La situación permaneció sin cambios hasta que el conductor de un programa de música tropical hizo la denuncia al aire, en una radio comunitaria del pueblo. Inmediatamente, la sociedad civil que gestiona el hogar separó de su puesto al encargado, y la Justicia tomó medidas de urgencia, tal como lo prevé la legislación vigente sobre violencia doméstica.

Según la abogada, desde que el tema fue abordado por la Justicia tampoco se contó con la protección y las garantías necesarias para las niñas, que tienen ocho y 11 años. En una primera instancia, la jueza que dispuso las medidas de urgencia derivó el caso al Juzgado de Familia, del que hasta diciembre no hubo avances. Luego el caso volvió a la sede de origen, para que finalmente se citara a una audiencia. González comentó que en febrero de este año había que prorrogar las medidas cautelares, y durante diez días no hubo resolución al respecto. Cuando fueron a consultar al juzgado, se encontraron con que el juez estaba de licencia y el expediente lo tenía nuevamente la jueza penal. Al momento se encuentran esperando que se resuelva la situación procesal de tres personas más, entre ellas el pastor.

Dos veces víctimas

La defensa del acusado solicitó lo que se considera un proceso de revictimización, en el que vuelve a tomarse declaración a las víctimas. González indicó que pese a que el abogado defensor le dijo de antemano que “no iba a comportarse como un lord inglés con las niñas”, la jueza accedió al pedido. Además agregó que la psicóloga que asesora a la magistrada sugirió que no era conveniente que las niñas fueran reinterrogadas, pero de todas formas resolvió seguir adelante con el proceso. Según la abogada, se había llegado a un acuerdo sobre la calidad del interrogatorio, y la jueza se comprometió a que sería ella misma quien realizaría las preguntas y que éstas no serían agresivas, condición que para González no fue cumplida.

Contó que “las niñas fueron consultadas acerca de si usaban o no sutién y sobre si ya se habían desarrollado”, lo que consideró totalmente inadecuado. Asimismo, narró que en determinado momento, pese a que una de las niñas dijo que se sentía mal, la jueza la obligó a quedarse en la sala y la amenazó con procesarla por desacato si no lo hacía.

Hubo otros hechos que ilustran lo inadecuado del tratamiento, como el momento en que el abusador se cruzó con las víctimas en un pasillo del juzgado. “Las niñas maltratadas lo vieron esposado y rapado, lo que generó una imagen muy negativa en ellas. Así lo demuestra un dibujo realizado por una de ellas, que fue analizado por una psicóloga”, indicó.

El reino del revés

Curiosamente, las reacciones en el pueblo fueron variadas, y de acuerdo a lo que indicaron tanto González como Luis García, quien dio la noticia al aire en la radio comunitaria, en un principio había una amplia mayoría de personas que apoyaban al acusado y cuestionaban a las niñas. En el blog Directorio Ecilda Paullier, que también está a cargo de García y en el que se publicó información sobre el caso, puede verse una serie de comentarios anónimos de habitantes del lugar que discutieron sobre el caso. “Atrás de todo esto hay algo más y el señor [se nombra al acusado] quedó en el medio por ser quien cuida de estos niños. Estoy segura de que va a salir triunfante de todo esto y Dios se va a encargar del resto. Mucha fuerza para él, su familia y todos los niños que lo rodearon... hablo por mí y por la mayoría del pueblo”, dice uno de los comentarios firmado por “una ciudadana ecildense”.

En diálogo con la diaria, García indicó que “la mayoría del pueblo pensaba que se trataba de una trampa tendida por la Justicia para inculpar al pastor”. Según González, las niñas tuvieron que irse del pueblo porque eran constantemente acusadas y señaladas. Uno de los hechos que más le llamaron la atención a la abogada fue que una de ellas recibió comentarios de desprecio de una profesora del liceo. Otro de los comentarios que escuchó hacía referencia a que las víctimas usaban polleras “muy cortas”.

García denunció que apenas dio la noticia en la radio fue despedido. Según comentó, le ordenaron que pidiera disculpas al aire “porque ésa no era una noticia adecuada para dar al aire”, a lo que se negó, y por eso perdió su trabajo. Posteriormente presentó una denuncia contra la emisora, que fue cerrada por otras irregularidades. Detalló que previo a realizar la denuncia en su programa consultó al subjefe de Policía local, quien le informó que “no había ninguna denuncia presentada”; sin embargo, ya hacía una semana que la habían recibido. El comunicador contó que recibió amenazas de muerte por parte de la familia del abusador, y denunció que su despido fue a instancia del secretario de la Junta Local, Carlos Castro.

Consultado al respecto, Castro indicó que el caso “ya es parte del pasado” y que el pueblo “dio vuelta la página”. Acerca de su relación con el pastor, el secretario señaló que “era como la que tenía con cualquier otro vecino, con los que uno se encuentra permanentemente”, e indicó que nadie en el lugar pondría en tela de juicio un caso que ya cuenta con un procesamiento, si bien admitió el asombro que causó en la población.

Pueblo chico

la diaria estuvo en Ecilda Paullier y habló con algunos de sus habitantes. En general indicaron que no saben nada del caso y que lo único que han escuchado son rumores. Como sólo se enteran de cosas por los propios vecinos, muchos no saben qué creer porque, según dicen, en el pueblo se suele agrandar e inventar las informaciones. “Pueblo chico, infierno grande”, dijeron dos jóvenes que además comentaron que en este tipo de casos “es mejor no meterse demasiado”.

Los funcionarios de la seccional no están autorizados a dar información sobre el tema, y quien cuida el edificio del nuevo hogar -inactivo desde hace cuatro meses- también prefirió no hablar, al igual que el cura del pueblo.

La sociedad civil que gestionaba el hogar es parte de una comunidad menonita, una rama de la religión evangélica. La Colonia Delta, que se ubica a unos 15 kilómetros del pueblo, está integrada por alemanes que vinieron al país en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y, como tantos otros europeos, se instalaron en la zona. De acuerdo a lo que dijo García, “es gente que tiene mucho dinero y poder”.

Instituciones ausentes

De acuerdo a lo que comentó la abogada de las niñas, los casos de abuso en Uruguay son un problema para la Justicia y generan desborde. González entendió que muchas veces se repiten las conductas abusivas en el curso de las investigaciones, y que las personas -incluso los jueces- sienten rechazo por este tipo de situaciones de violencia e intentan negarlas.

Uno de los aspectos destacados por la abogada fue la ausencia de legislación específica, que hace que casos de abuso y de hurto, por ejemplo, sean regidos por un mismo marco jurídico. “En el caso de otros delitos las pruebas están en objetos, pero en situaciones de abuso las pruebas se encuentran en el cuerpo. El tema incomoda porque es difícil de probar en la lógica a la que están habituados los jueces”. Sobre este punto también indicó que los abusadores en general no dejan marcas porque son personas inteligentes, y los jueces no confían demasiado en los técnicos; “pareciera que las pruebas surgidas por el trabajo de los técnicos fueran de menos calidad”, concluyó.

Agregó que para los delitos en general la retractación de quien acusa -la duda o una corrección en la declaración- es un elemento trascendente para que el acusado sea absuelto. Sin embargo, indicó que en los casos de abuso la ambivalencia en la víctima se produce de manera natural, debido a que en la mayoría de las situaciones hay un vínculo afectivo de por medio. González habló del impulso de una ley que indica específicamente cómo actuar ante casos de abuso, pero explicó que naufragó en el Parlamento en la legislatura pasada, y contó que actualmente existe una iniciativa para reflotarla. La abogada ilustró que del total de este tipo de casos que recibe la Iaci, 90% de las denuncias son archivadas por la Justicia.

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