La iniciativa fue impulsada desde la sociedad civil por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el Grupo Medios y Sociedad (GMS) ante la Unesco en octubre de 2011 y fue seleccionada por el Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (PDIC) de ese organismo entre otras decenas de propuestas similares de otras partes del mundo, después de pasar por varias etapas de ajuste.
Estas organizaciones entienden que, con respecto a la región, Uruguay permanece rezagado en cuanto a que todavía no ha establecido mecanismos de autorregulación del ejercicio periodístico.
Al descubierto
La Justicia chilena consideró que la cobertura del canal TVN del incendio de una cárcel de San Miguel fue “truculenta” y “sensacionalista”, y confirmó la multa de casi ocho millones de pesos (unos 15.000 dólares). “Una cosa es informar y otra cosa es introducir, bajo pretexto de ello, el sensacionalismo y la falta de respeto hacia las personas”, dice la sentencia que recoge Radio Chile. Se entendió que la cobertura, lejos de informar, buscó “entrometerse en la intimidad de las personas, hurgar en sus sentimientos de dolor, con el único afán de transmitir sensacionalismo” y “mostrar las llagas físicas como también las psíquicas de las personas con el único afán de producir un impacto en la teleaudiencia”. “Se intentaba que aquellas personas afectadas por el dolor de la pérdida o lesiones de sus seres queridos relataran casi de inmediato qué sentían, qué opinaban, qué les parecía la situación que estaban viviendo, instantes después de que la autoridad les había comunicado el fallecimiento o la gravedad de las lesiones que sufrieron los distintos reclusos”, detallaba el documento.
El 8 de mayo, por ejemplo, la Justicia de Chile ratificó la aplicación de una multa a los canales abiertos por la cobertura “truculenta” y “sensacionalista” que hicieron en diciembre de un incendio en la cárcel de San Miguel (ver recuadro). El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) es el ente del Estado encargado de “velar por el correcto funcionamiento de la televisión chilena”. Es el que resuelve, como en este caso, las sanciones pecuniarias a partir de denuncias que cualquier particular puede hacer cuando considere que las emisiones transgreden el correcto funcionamiento de los servicios de televisión al vulnerar principios tales como la dignidad de las personas, la formación de la niñez y la juventud, la protección del medio ambiente y otros contenidos inapropiados según la normativa vigente.
Chile cuenta además con un Consejo de Ética de los Medios de Comunicación que fue creado en 1990 por la Federación de Medios de Comunicación Social como un órgano de autorregulación, para velar por la “ética informativa” de los medios y mediante resoluciones emitir valoraciones sobre determinadas coberturas periodísticas sin que necesariamente haya una solicitud de parte.
En Brasil, una veeduría de medios que trabaja en convenio con universidades recibe quejas de televidentes, las estudia e incluso está previsto que un funcionario pueda analizar la cobertura cuestionada dentro del propio espacio o programa en que fue emitida. De manera similar, la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia tiene un tribunal de ética que se pronuncia sobre coberturas en medios escritos y exigen la publicación de retractaciones.
El debate nacional que se realizará en nuestro país en el marco de esta iniciativa financiada por Unesco busca discutir sobre la necesidad de contar con un mecanismo de autorregulación en el sistema de medios, y sobre la base de la experiencia regional analizar cuál podría ser viable en Uruguay.
El consejero de Unesco para Comunicación e Información en Mercorsur y Chile, Guilherme Canela, no hizo valoraciones sobre la realidad uruguaya pero señaló a la diaria que el debate sobre la autorregulación de los medios “puede mejorar mucho” en el contexto de la región, cuyos medios, en relación con los de otras partes del mundo, no incluyen defensorías de lectores o de audiencias, ni con tribunales o códigos de ética.
En ese sentido, Canela apuntó que el consejo intergubernamental del PDIC aprobó en 2008 la creación de un sistema de Indicadores de Desarrollo Mediático (IDM) como herramienta de evaluación y diagnóstico sobre los medios de comunicación. Para esto se tiene en cuenta, entre otros factores, la existencia de un marco regulatorio, el funcionamiento de los medios públicos y de un mecanismo de autorregulación. El IDM está siendo aplicado en forma progresiva y ya hubo o están previstas experiencias piloto en países de América Latina como Bolivia, Brasil y Venezuela.
En Uruguay aún no se puso en práctica, pero está en marcha una iniciativa que involucra a varias universidades para comenzar la investigación.
El abogado y periodista Édison Lanza, redactor del proyecto, dijo a la diaria que habrá un evento en Montevideo y otros tres en otros departamentos, y que se apuesta a que participen expertos latinoamericanos, pero también que se integren docentes de la Universidad de la República, periodistas, trabajadores de los medios, los propietarios de medios a través de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) y las organizaciones civiles vinculadas con el tema. Una etapa posterior consistirá en la designación de un comité de expertos que trabajarán en dedicación total de manera remunerada para redactar un “Código de Ética Periodística de referencia” en Uruguay.