Daniela Pírez es veterinaria y productora rural. Estaba en campaña y recibió la llamada de una conocida que le pregunta si tiene “padrones pedidos”. No sabía de qué se trataba y comenzó a investigar. Primero se “entusiasmó”, luego le “calló la ficha”. “Fue una sensación que no me olvido más. No hay plata que pague un daño al acuífero Guaraní”. Se enteró de una reunión en Vichadero y fue para ahí. Pírez es la referente de la coordinadora de Tacuarembó. Hay 300.000 hectáreas pedidas.
Fabiana Campos es odontóloga. Una conversación cotidiana con su hermana y colega hizo que “hiciera un clic” y comenzó a informarse. “Desde ese momento es imposible no meterse en el tema”. Campos es la referente de la coordinadora de Rivera. Hay 135.000 hectáreas pedidas.
Carol Aviaga es enfermera e instrumentista. Integra la Federación de Funcionarios de la Salud y el directorio del Partido Nacional por Aire Fresco. Su hija, de 23 años, le cuenta que participará en Montevideo en una marcha contra Aratirí. “Me empieza a mostrar información, investigo y me conecto con gente de Cerro Chato. La megaminería es como un cáncer. Invadió silenciosamente; creo que lo detectamos a tiempo”. Aviaga es la referente de la coordinadora de Lavalleja. Hay 400.000 hectáreas pedidas.
Aníbal Terán es periodista. Se enteró del proyecto de Valentines y su primera reacción fue “buena”, al considerarlo generador de puestos de trabajo. “Cuando empecé a informarme me impactó, me estremeció, me pareció escandaloso. Tiene que haber un equilibrio entre satisfacer la demanda de hierro y preservar las riquezas”. Terán es el referente de la coordinadora de Treinta y Tres. Las fuentes consultadas no pudieron precisar la cantidad de hectáreas pedidas.
Bibliotecas
Dentro de las posibilidades está la de que los referéndum prosperen mediante decretos departamentales. También la de que el proyecto de ley de Minería de Gran Porte tenga sanción definitiva. ¿Qué sucede si ambas normas conviven? Para el abogado Fabricio Herrera, patrocinante de la Comisión de la Vida y el Agua de Tacuarembó, una ley nacional “no puede violar la autonomía departamental que está reconocida en la Constitución y en la Ley de Ordenamiento Territorial”. El escribano Julio Gómez, diplomado en derecho minero, interpreta que esta última norma es una ley nacional que delega en lo departamental los asuntos vinculados al uso del suelo. Entiende por lo tanto que habría “un conflicto” entre dos leyes.
Para Ricardo Gorosito, encargado de la Cátedra de Derecho Ambiental de la Universidad Católica, no hay un problema de “jerarquías sino de competencias”. “La Junta Departamental no puede prohibir de manera genérica una actividad que es declarada de interés general. En todo caso la iniciativa debería sostener que no puede practicarse megaminería sin instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental. Ahí me parece que hay un tiro errado”.
Así comenzó
El recurso de referéndum departamental está previsto en el artículo 305 de la Constitución y en la Ley 9.515 de 1935. 15% de los inscriptos residentes de un departamento puede presentar una iniciativa ante la Junta Departamental (JD), luego de que las firmas sean avaladas por la Corte Electoral. La JD deberá pronunciarse dentro de los 60 días después de recibido el proyecto. Si lo rechaza, debe enterar al intendente y éste debe convocar el referéndum pasados los 30 días pero dentro de los 60 siguientes a la fecha en que le sea presentada la petición popular.
El departamento que está más cerca de alcanzar las firmas requeridas es Tacuarembó, que apunta a la minería metalífera. De la reunión en Vichadero, en la que participó Pírez, surgió la primera Asamblea Ciudadana del Uruguay, realizada el 11 de agosto en Tacuarembó. Había una idea embrionaria de impulsar un referéndum nacional pero no prosperó. “No hubo apoyo del PIT-CNT; no había manera de unir a Uruguay. Se resolvió que cada departamento obrara de la mejor manera”, relata Pírez.
“Otras prioridades”
El PIT-CNT no tiene postura tomada. “Hay mucho que discutir. No es que estemos omisos, no salimos a cobrar al grito. Hay muchas cosas mezcladas: el poder de los dueños de los campos, posiciones retrógradas en contra, de las que dudamos profundamente que haya una verdadera concepción del medio ambiente. Es una inquietud, no hemos profundizado, pero no está como primer punto entre las prioridades. Nos preocupan otras problemáticas: los trabajadores rurales, las domésticas, las compañeras de la aguja. Se vienen los Consejos de Salarios, está el tema de los derechos humanos”, alegó a la diaria Edgardo Oyenart, integrante del Secretariado Ejecutivo de la central sindical.
El grupo se fue nutriendo de vecinos, integrantes de organizaciones, periodistas, productores, dirigentes partidarios y el obispo de Tacuarembó. La recolección tuvo un empuje durante la Patria Gaucha. Llevan reunidas alrededor de 10.800 firmas de las poco más de 11.000 necesarias.
“La gente no sabía nada. El que está en campaña lo entiende mejor, entiende el valor del agua porque vive con eso. El que piensa que la leche sale de la bolsa no lo entiende y mientras se ignore no hay conciencia”, valora Pírez. En la JD nunca se discutió el tema pero desde la presidencia, ocupada por el nacionalista Julio de los Santos, colaboraron con la impresión de papeletas. “Firmé para no cerrar el camino”, dijo el edil.
Del campo y la ciudad
En Rivera dieron en Semana de Turismo un “batacazo” en Vichadero, donde nació el movimiento. Hay vecinos, productores rurales, periodistas, tres curas, profesionales y los integrantes de la Comisión Rivera por la Vida Sustentable y el Agua. La iniciativa abarca la prohibición de la megaminería metalífera y diamantífera. Tienen reunidas al menos 1.500 firmas; necesitan 12.500. “La gente no tiene la más pálida idea. Se informa con la televisión brasileña, le cuesta reaccionar”, dice Campos.
A fines de 2012 plantearon el tema en una reunión extraordinaria de la JD. El edil colorado José Ramón Montejo, quien la preside, señaló que se está analizando organizar una actividad en la que diversos referentes en la materia expongan las “opiniones contrapuestas existentes”, incluyendo técnicos del gobierno nacional, de la minera de Minas de Corrales, zona donde nació Montejo. “Tengo una posición a favor del trabajo minero siempre y cuando se respeten condiciones ambientales. No tengo elementos de convicción para estar en contra”, dijo. Campos afirma que Minas de Corrales se formó a partir de la minería. “Pero no era a cielo abierto, lo que se viene no se compara. Es la lucha de la hormiguita contra un monstruo. Todos necesitamos hierro pero no puede sacarse de cualquier lado”, alega.
En Lavalleja la iniciativa pide declarar impracticable la minería metalífera a cielo abierto en la zona rural. Vecinos, productores, dirigentes partidarios, integrantes de organizaciones y la Federación de Funcionarios de OSE nucleados en la coordinadora alcanzaron 4.000 de las 7.500 firmas necesarias. La recolección comenzó luego de que se hiciera un planteo en la JD. Su presidenta, la edila nacionalista Lidia Araújo, adelantó que se conformará una “comisión interinstitucional”, aunque no dio detalles. “No tengo problema de firmar un referéndum pero hay que ser criterioso. Hay que hacer el menor daño posible, pero también ser responsables porque te estás metiendo con las fuentes laborales”, opinó.
“A medida que la gente se iba enterando empezamos a reunirnos en zonas rurales. Los padrones pedidos se publican en el Diario Oficial y hay un plazo para recusar. Pero el vecino que está en la sierra no lo lee y no se entera hasta que pasan tres años y tiene al minero en la puerta. Es duro decirles que tienen un emprendimiento minero en su campito, pero esto no es un problema de la gente del campo”, señala Aviaga.
En Treinta y Tres no van por el referéndum aunque según Terán están “muy cerca” de las firmas que necesitarían, unas 6.000. Prefirieron hacer un “petitorio” frente a todas las autoridades departamentales. La organización indigenista Olimar Pirí comenzó a invitar a expertos en megaminería y de a poco se fue consolidando la coordinadora. “Cuando empezamos a estudiar el proyecto Aratirí nos dimos cuenta de que era monstruoso”, dice Terán. El presidente de la JD, el nacionalista Guzmán Contreras, recibió a los impulsores a fin de año. El plenario nunca discutió el tema. “No vi ninguna petición. Cuando llegue se delegará a una comisión para que lo estudie. Habrá que ver de qué se trata para luego decidir el trámite”, advirtió Contreras.