A través de un comunicado, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) manifestó este lunes su “profunda preocupación ante la severa crisis desencadenada” en Paraguay tras la intervención de Ueno Bank, que derivó en la destitución del presidente de ese país, Santiago Peña.
En la declaración, la fuerza política expresó “su firme e incondicional respaldo a las instituciones democráticas del Paraguay y al pleno respeto del orden constitucional, en la búsqueda de salidas a la presente coyuntura que se ajusten de manera estricta a los mecanismos democráticos previstos por la Constitución paraguaya”.
Peña, economista de profesión y exfuncionario del Banco Central del Paraguay, tuvo hasta marzo de 2025 acciones en Ueno Holding, una sociedad vinculada al Grupo Vázquez, principal accionista del banco. Durante su mandato, Ueno Bank obtuvo el manejo de millones de guaraníes correspondientes al Instituto de Previsión Social, entre otros acuerdos con organismos estatales. El banco tenía cerca de tres millones de clientes, cuyos ahorros han sido congelados. El exmandatario fue imputado el sábado por “lesión de confianza y administración en provecho propio”.
Este lunes, el presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, aseguró que el grupo propietario de Ueno Bank “no tiene actividades en Uruguay”. Si bien puntualizó que puede haber exposiciones individuales” de ciudadanos uruguayos que “hayan hecho alguna inversión” en Paraguay, Tolosa remarcó que se trata de “casos aislados que no afectan a ninguna institución en particular”.
El FA también manifestó “su convicción de que el combate contra la corrupción, la opacidad y los abusos de poder constituye un pilar indispensable para la salud democrática de la región”. El partido afirmó que “el esclarecimiento de las responsabilidades políticas y penales debe llevarse a cabo con total independencia, garantizando la transparencia y la justicia sin privilegios ni impunidad”.
Asimismo, el FA expresó “su solidaridad con el pueblo paraguayo, respaldando sus legítimas demandas de estabilidad, transparencia institucional y bienestar social en este momento de incertidumbre política”.
Por último, la fuerza política exhortó a “la comunidad internacional y a los organismos de integración regional” a hacer un “seguimiento atento a la evolución de los hechos, asegurando el estricto cumplimiento del principio de no injerencia, la libre autodeterminación de los pueblos y la defensa irrestricta de los derechos humanos y el Estado de derecho en la región”.