Representantes del Poder Judicial, el MSP, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y el Instituto Banco Mundial (IBM) volvieron a verse las caras ayer para continuar un debate que iniciaron hace ya dos años y que pretende “llegar a consensos sobre los medicamentos y prestaciones de alto costo del MSP hacia la población”, según explicó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino. Este ítem en particular fue el que ocupó el lugar central en la jornada realizada en la Universidad de la República, pero el debate ha tocado otros aspectos sobre el acceso a los servicios de salud, señaló.
El aumento de las solicitudes de amparo por prestaciones y medicación de alto costo “está creciendo, pero no en la medida de lo que pasa en el resto de América Latina, sobre todo en Brasil, Colombia y Costa Rica”, donde la Justicia ha sido “superada por la demanda de prestaciones de alto costo”. Subrayó que el debate “se está dando a tiempo”. “No es fácil llegar a una posición intermedia, pero todavía es posible” ya que “Uruguay no está condicionado aún por la cantidad de demandas”, apuntó.
La asesora letrada del FNR, Leticia Gómez, admitió que el vademécum se ha ampliado en función de las demandas que han sido favorables a los usuarios. “No somos entidades sordas; al contrario. Este tipo de actividades sirve para que nos escuchen, pero también para escuchar”, dijo.
El crecimiento de la cantidad de acciones de amparo presenta- das por usuarios se notó a partir de 2007, dos años después de que el FNR asumiera “la potestad de cubrir determinados medicamentos de alto costo”, aseguró. “Esto ha llevado a que algunos pacientes entiendan que medicamentos y prestaciones que no están dentro del listado que tiene el FNR a su cargo sí puedan estarlo, y por ende reclamarlos”.
Los más solicitados son medicamentos oncológicos, algunos de ellos para pacientes que se encuentran en la fase terminal de la enfermedad. “Ninguno de ellos son curativos, y algunos incluso difícilmente pueden ser paliativos por el estado de enfermedad del paciente”, dijo Gómez. El criterio de priorización de los medicamentos de alto costo se establece según “la evidencia científica sobre una relación entre el costo y el resultado que le da al paciente”, además de si se trata de “un medicamento curativo, paliativo, si lo que asegura es una mayor sobrevida o una determinada calidad de vida dentro de ese período de sobrevida”. En ocasiones “nos piden medicamentos que ni siquiera han sido registrados en el país por el laboratorio que los produce”. La ministra Susana Muñiz subrayó que los reclamos de los usuarios suelen hacerse sin basarse “en evidencia científica disponible”, y que en ocasiones las decisiones de la Justicia también “desconocen” esa evidencia.
Aunque “son los menos”, también se reclaman actos médicos. Desde 2007 “al presente ha habido entre 120 y 150 procesos de amparo seguidos”, con resultados “escasamente superiores en adjudicar razón al FNR que en hacer lugar a los reclamos. Está prácticamente equilibrado”, señaló.
Salud judicializada
Ruibal calificó de “necesario” el debate que se está dando con la integración de diversas instituciones, atento a que sirve también para ver “cómo se ubican los jueces ante las solicitudes de medicamentos o prestaciones de alto costo”. Celebró además que “el debate haya comenzado en una oportunidad temprana para el país”, con “la priorización y judicialización de los temas de salud” como uno de los ejes en los que se profundizó durante 2012.
El representante del IBM en Uruguay, Leonardo Cubillos, también celebró la búsqueda de consensos en relación a la temática. Es “un diálogo que desde 2011 ha ido creciendo” en “la búsqueda” de metas que promueve el Instituto, como “políticas que garanticen el derecho a la salud, con un balance; asegurar que la expansión del acceso se haga en los niveles más altos posibles de calidad; el balance adecuado entre servicios de prevención y servicios curativos; y un uso racional y apropiado de las nuevas tecnologías de medicamentos”.
Cubillos ocupó parte de su intervención en “mencionar los importantes logros que el país ha alcanzado en la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud”. Sobre este tema, señaló particularmente “la expansión de la cobertura del seguro; el camino hacia la cobertura universal; la definición del paquete integral de servicios sanitarios; el fortalecimiento institucional; y el aumento en la inversión pública en salud”.