La Vertiente Artiguista (VA) emitió este domingo una declaración en la que, entre otras cosas, dio cuenta de la “preocupación” que existe en ese sector del Frente Amplio (FA) por la “situación de la Fiscalía General de la Nación”. En concreto, se hizo referencia a la “situación institucional” del organismo, que se encuentra encabezado de “forma interina”, en referencia a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, y se apeló a la “madurez del sistema político” para designar un fiscal de Corte titular.
En el comunicado, la VA hizo énfasis en la existencia de “acciones infundadas de traslado de fiscales que tienen en su órbita causas de alta sensibilidad pública”, en alusión al traslado del fiscal Alejandro Machado, quien pasó de Delitos Económicos –donde investigaba el caso Cardama y la destrucción de documentos públicos en la Torre Ejecutiva– a la Fiscalía de Cibercrimen.
El sector del FA expresó que el Poder Ejecutivo debe “velar por un sistema de justicia ecuánime, garantista y que se pronuncie en plazos razonables”. En ese sentido, se planteó la posibilidad de que “el Poder Ejecutivo, dentro de sus facultades, y el Poder Legislativo, en el marco de las suyas, adecuen el marco legal vigente restableciendo criterios imparciales y aleatorios de designación del fiscal general interino en los términos del artículo 59 de la Ley 19.483”.
El planteo se remonta a octubre de 2022, cuando a instancias de la actual oposición –en aquel entonces gobierno– se agregó un numeral en la normativa vigente que establece que para “subrogar al fiscal adjunto de Corte”, tanto “en el orden administrativo como jurisdiccional” en casos de “licencia, vacancia temporal o definitiva”, se deberá elegir “en función de la mayor antigüedad en el cargo de fiscal de Montevideo en cualquier materia”. Ese agregado, en definitiva, fue el que permitió que Ferrero sea hasta hoy la fiscal de Corte subrogante.
En octubre de 2021, Jorge Díaz –actual prosecretario de Presidencia– renunció al cargo de fiscal de Corte, y en su lugar, como subrogante, quedó Juan Gómez, quien, a su vez, dejó el cargo en 2024. Fue allí que Ferrero asumió la conducción de la Fiscalía. La referencia al artículo 59 por la VA tiene que ver con que la subrogación del fiscal adjunto de Corte se deba sortear “entre los fiscales penales de Montevideo”.
Tiempo atrás, en entrevista con la diaria, Díaz planteó que para destrabar la situación de la Fiscalía se podría cambiar el sistema de designación a través de una ley que establezca “un plazo al Poder Ejecutivo para enviar un nombre y un plazo al Parlamento para que discuta y apruebe o desapruebe”. En ese marco, el prosecretario de Presidencia se refirió a un proyecto de ley elaborado por el Colegio de Abogados del Uruguay que establecía un nuevo proceso para la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Brenta: “La oposición se equivocó en la defensa irrestricta” de Ferrero
En rueda de prensa, Eduardo Brenta, senador frenteamplista y dirigente de la VA, señaló que tanto la situación de la Fiscalía como “las vacantes” que se van a producir en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo requieren “una negociación que hoy está trabada”. “Si no hay un destrabe de la negociación, nosotros vamos a proponer que se vuelva al mecanismo anterior, que implica la elección entre los diez fiscales penales de Montevideo”, apuntó Brenta, en línea con la declaración de su sector.
Para Brenta, “la oposición se equivocó a la hora de pararse con una defensa irrestricta” de Ferrero. A su modo de ver, “la desprotegieron en la medida en que le pusieron el respaldo de una minoría del Senado”, esto último en referencia a la mayoría especial que se necesita para designar a un fiscal de Corte titular.
Según supo la diaria, el senador del FA Daniel Caggiani y Brenta, quienes tienen a su cargo la negociación sobre la Fiscalía, intentarán retomar en los próximos días una nueva etapa de diálogo con la oposición. En paralelo, se presentará la propuesta de la VA al resto de la bancada oficialista.