–¿Cómo ves la evolución del empoderamiento de las mujeres en el último tiempo y, en particular, de su relación con el mercado laboral?
–En la segunda mitad del siglo XX se observó un cambio enorme, que implicó la salida de las mujeres de los hogares a la vida pública en general. Esa revolución quedó estancada porque implicaba una redistribución de roles en el hogar, que no se dio, y por eso desde los 70 –cuando se masificó aun más la participación de las mujeres en el mercado de trabajo– estas enfrentan una doble jornada: una en el mercado laboral formal y otra en sus hogares. Eso, en América Latina en particular, a partir de 2000, se volvió mucho más evidente; la distribución de roles en el hogar se cristalizó todavía más. Desde una lógica distinta, en países como Argentina y México –y creo que Uruguay va muy de lo mano–, el tema del género está muy ligado al tema de la violencia y a los derechos sociales y reproductivos. El tema del empoderamiento económico, por su parte, la participación en el mercado de trabajo, el acceso a las finanzas y otra serie de derechos “económicos”, sociales y culturales que por ahí exceden lo que es la integridad y la seguridad física, y eso todavía está cobrando mayor relevancia en los últimos años.
–En Uruguay –y, en menor medida, en otros países de Latinoamérica– ya estamos pasando el llamado “bono demográfico”; es decir, en unos años la población dependiente superará en proporción a la que está en edad de trabajar. ¿Cómo ves el impacto en el mercado laboral para las trabajadoras?
–Además de poner presión sobre cómo los países pueden mantener el sistema previsional, también lo hará sobre sus finanzas y sobre el funcionamiento del Estado. Fernando Filgueira habla de tres estrategias clave para aprovechar los últimos años del “bono” y enfrentar la etapa siguiente de envejecimiento poblacional: aumentar la fecundidad; aumentar el empleo, en particular de las mujeres –que representan la mayor cantidad de personas inactivas en edad de trabajar–; y mejorar la productividad de los que están trabajando, lo que implica necesariamente invertir en capital humano. Las tres están muy cruzadas por el género, porque sin garantizar mejores condiciones para que las familias puedan tener más hijos, y para que puedan vivir mejor teniendo hijos, no se podrá enfrentar esta etapa de la transición demográfica. Hoy en día, en la mayoría de los países de América Latina se termina penalizando de alguna forma la tenencia de hijos, y eso implica una mayor concentración de la pobreza en las familias con niños. Eso va exactamente en sentido contrario de lo que deberíamos estar haciendo, no solamente desde una perspectiva de equidad –porque no corresponde vulnerar los derechos de la familia, de los niños–, sino desde una cuestión estratégica que busca mayor sostenibilidad en el futuro. Y con respecto a esto, en estos dos últimos días [durante el seminario internacional de UNICEF, “Invertir en infancia, oportunidad clave para el desarrollo”] vimos que hay dos grandes ventanas de oportunidad: la primera infancia y la adolescencia.
–Decís que vamos en sentido contrario. ¿Qué componentes deberían tener las políticas en primera infancia?
–Desde Cippec trabajamos en tres pilares de una política integral para la primera infancia: el primero, en orden cronológico, es un componente de salud y nutrición, de mejores condiciones de vida para las mujeres que están en edad reproductiva, y también de los bebés; el segundo refiere al tiempo y el dinero para cuidarse, que son básicamente las licencias con las que cuentan las familias que tienen niños –por maternidad, por paternidad y familiares– y las transferencias; y el tercero es la educación, que incluye los servicios de cuidado infantil – como los CAIF [Centros de Atención a la Infancia y la Familia] en Uruguay–, pero también a la oferta comunitaria de organizaciones no gubernamentales [ONG] que puede haber por fuera del Estado. Este paraguas tiene varios desafíos en la región, sobre todo en los dos últimos componentes y en cuanto a la calidad de esos servicios, porque hay escenarios muy heterogéneos: se terminan segmentando los servicios que son para los quintiles más altos en la distribución por ingreso de los que son para los quintiles más bajos.
–¿Qué opinás del sistema de cuidados que se está generando en Uruguay?
–Es una experiencia súper interesante y ha recibido loas desde todas las latitudes. Lo más interesante es la visión integral: lograr poner los tres pilares poblacionales bajo un mismo paraguas, y encima contemplando a los trabajadores como un cuarto pilar; eso es muy innovador. Sin embargo, es un sistema difícil de implementar en países federales como México, Brasil y Argentina, porque las dinámicas nacionales dependen de entidades subnacionales de gobierno, entonces los actores de veto se multiplican exponencialmente y así también la complejidad de poder desarrollar estas acciones.
–Los niveles de actividad son menores para las mujeres; por otro lado, las cifras de desempleo son mayores. Eso habla de un desfasaje de la intención con la posibilidad de acceder al mercado laboral.
–La situación de la mujer es vulnerable en todo lo que es la trayectoria a nivel laboral. No sólo es la “foto” en la que se observa que hay mayor desempleo, sino que viven su evolución en el mercado laboral desde la exclusión: en empleos precarios, con mayores tasas de informalidad, menor salario, menor remuneración, trabajo por más horas, menor acceso a puestos jerárquicos, en sectores menos dinámicos de la economía, con peores condiciones laborales en general. Todo este tránsito de las mujeres que no logran despegar de esa situación de vulnerabilidad en el mercado de trabajo –que en la literatura se conoce como pisos pegajosos– está ligado a la maternidad.
–Hay un punto crítico en el análisis: las mujeres jóvenes son las más excluidas del mercado laboral. ¿Qué lectura hacés de este fenómeno?
–Esto hace referencia a los famosos –llamados incorrectamente– ni-ni: los jóvenes que no estudian ni trabajan, que son mayoritariamente mujeres, y más aun cuando se miran los “triple ni”, que son los que no estudian ni trabajan ni buscan trabajo, es decir, los inactivos; casi tres cuartos de esa población son mujeres. Cuando cruzamos estos datos con las encuestas de uso del tiempo, se ve claramente que no es que estén en la esquina tomando cerveza, sino que tienen su tiempo invertido en las tareas de cuidado. Muchas de ellas están en esa situación producto de embarazos tempranos, pero otra parte debe encargarse del hogar, del cuidado de hermanos menores y/o de adultos mayores y de las cosas de la casa mientras no haya otro responsable. Eso lleva mucho tiempo y compite de alguna forma con la posibilidad de terminar los estudios y de insertarse en el mercado de trabajo. Sabemos que lo que primero que se produce es la deserción educativa, y luego se produce el embarazo adolescente, ante la ausencia de un proyecto de vida más amplio o de oportunidades de desarrollo más en términos generales.
–Decís que la informalidad en nuestra región es una de las más grandes barreras. ¿Cómo se la puede trascender?
–En Argentina, por ejemplo, la mitad de las familias que tienen niños no pueden acceder a ningún tipo de licencia –y algo similar debe de estar ocurriendo en Uruguay, aunque no tengo los datos–. La solución “fácil” consiste en plantear estos beneficios de conciliación como un derecho, entonces la puerta de entrada para poder tener una licencia, acceso a un espacio de primera infancia, a un jardín maternal, a las transferencias, va a ser la tenencia de un hijo, la conformación de una familia, y no la categoría en el mercado de trabajo. Los países que lo están haciendo tienden a tener buenos impactos. Instrumentarlo no es fácil, y menos en nuestros países, cuya historia muestra que los derechos son laborales. Romper con eso y decir que los derechos son ciudadanos es difícil, porque el argumento sigue siendo que tenemos que trabajar por la formalización; eso está bien, pero no es incompatible con dar garantías mínimas de bienestar para estas familias, en el entendido de que el combate a la informalidad ya lleva décadas sin tener los impactos deseados.
–En Argentina se ha hecho un cálculo de “cuánto le costaría al país, en términos de Producto Interno Bruto [PIB], tener las recomendadas licencias por maternidad y paternidad”. Pienso que quizá sea desenfocar el problema, mirarlo con una especie de miopía.
–Es que siempre se ve la ampliación de estos derechos como un costo, o como algo que va a obstaculizar la productividad, que va a generar más costos laborales, a aumentar el desequilibrio fiscal. Pero, en realidad, la estimación que hicimos para Argentina, por lo menos, muestra que no es para nada el caso. Actualmente se invierte 0,1% del PIB en licencias, y llegar al escenario “ideal” que planteamos, en el que la puerta de entrada sea la tenencia de un hijo, ampliar la licencia por paternidad a un mes y crear licencias familiares –que en Argentina no existen– de 60 días implicaría una inversión de 0,3 puntos del PIB, algo realmente insignificante, aunque parezca mucho en términos monetarios. Por otro lado, hay que enfatizar que no es un gasto, sino una inversión, y probablemente sea una de las más estratégicas que puede hacer nuestro país, porque puede contribuir a bajar la pobreza infantil y, sobre todo, a garantizar un crecimiento a futuro al habilitar retornos económicos muy concretos. Está probado que contar con los dos adultos en el hogar en los primeros meses de vida de los niños tiene impactos enormes en el desarrollo neuronal y genera mejores condiciones para su desarrollo cognitivo.