En la Cámara de Representantes, la coalición interpeló este miércoles, desde las 11.00, al titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo. Fundamentalmente, el ministro fue convocado para evaluar su gestión con relación al conflicto que se desarrolló en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), que mantuvo la operativa portuaria paralizada varios meses hasta que se alcanzó un nuevo convenio colectivo entre la empresa y el sindicato.
“El vaso se venía llenando desde hace un año y siete meses”, pero la situación en el puerto de Montevideo “lo derramó”, afirmó el miembro interpelante, el colorado Adrián Juri, al abrir la sesión. Entre otras situaciones, mencionó la conflictividad en la pesca, el envío a seguro de paro de 600 trabajadores del frigorífico Canelones, el cierre de UKG, Verizon y Alorica, así como los despidos en BASF y Sabre. Si bien reconoció que el cierre de empresas responde a múltiples causas, Juri preguntó “qué hizo el Ministerio de Trabajo para que no se fueran” y también cuestionó la propuesta del despido con preaviso –que todavía no se ha formalizado a nivel parlamentario–. A su entender, el Poder Ejecutivo “le bajó el pulgar” a esta iniciativa porque hay “diferencias” de posturas entre jerarcas.
“Este país miró cómo su principal puerto de contenedores paraba una y otra vez”, continuó Juri. El interpelante puntualizó que no se cuestiona el derecho a huelga ni el hecho de que Castillo sea comunista, sino “el modelo con el que gobierna”, porque sus convicciones ideológicas “hoy se traducen en decisiones que definen la política del país”. “Venimos a preguntarle si en este año y medio fue ministro de Trabajo de todos los uruguayos o siguió siendo el dirigente sindical de toda su vida, porque claramente su gobierno llegó tarde”, manifestó.
Juri señaló que las cámaras empresariales y la Unión de Exportadores han estimado que el conflicto costó “entre 400.000 y 500.000 dólares” por día de paro, lo que equivaldría a entre 17 y 22 millones de dólares por 44 días. Agregó que, según cifras oficiales, hubo una caída interanual de unos 6.000 contenedores en la terminal especializada. Además, puntualizó que cinco navieras advirtieron que Uruguay “empezaba a ser percibido como un enclave logístico poco confiable”.
Con respecto a la resolución sobre servicios mínimos dispuesta por el gobierno, el diputado colorado señaló que el MTSS lo decretó “sin ley”. Definió la resolución como una “construcción jurídica de apuro, sin bases legales expresas, que el sindicato termina rechazando y hace un paro nacional”.
Castillo: el acuerdo “estableció un horizonte de estabilidad y previsibilidad”
Tras la intervención del miembro interpelante, cerca de las 14.00, el ministro tomó la palabra. “Lo hemos asumido como una oportunidad para informar y difundir nuestra impronta, los énfasis y la estrategia de gobierno”, afirmó Castillo al iniciar su intervención. El tema del puerto fue el primero que abordó el ministro, que marcó la “contradicción” de que “se insista en otorgarle carácter urgente a una cuestión cuya situación ya ha sido resuelta”.
En primer lugar, Castillo precisó que “se trató de una negociación colectiva entre una empresa y su organización sindical, y no de un conflicto que involucrara a la totalidad de las relaciones laborales del puerto”. “Se ha cuestionado la actuación del ministerio y se ha hablado de ausencia o de intervención tardía, pero los hechos muestran otra realidad”, señaló. Tras dos propuestas del Poder Ejecutivo que no prosperaron, el gobierno estableció “servicios mínimos para procurar la continuidad de operaciones esenciales de la terminal”, y en setiembre se alcanzó el preacuerdo para un convenio colectivo a cinco años, señaló. El ministro destacó que el acuerdo no solo permitió superar el conflicto, sino que “estableció un horizonte de estabilidad y previsibilidad para la empresa y sus trabajadores”.
Castillo aseguró que “hubo una actuación coordinada del Poder Ejecutivo para respaldar la fórmula que permitió alcanzar el acuerdo”. Sobre la duración del conflicto, reconoció que “hubiéramos preferido alcanzar una solución antes”. Sin embargo, “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no tiene asignada ni constitucional ni legalmente la función de arbitrar o sentenciar en los conflictos”, remarcó. Aunque no desconoció las “afectaciones en la operativa de la terminal”, que llevaron a “reducciones en determinados indicadores”, llamó a “distinguir esa situación de lo ocurrido en el conjunto del puerto de Montevideo”, porque “son dos cosas distintas”.
En ese sentido, con base en datos de la Administración Nacional de Puertos, indicó que entre enero y septiembre de 2026, “el conjunto del puerto movilizó 357.006 contenedores, frente a 360.838 en igual periodo de 2025, es decir, una reducción de 1,1%”. En cuanto al movimiento medido en TEU –unidad estándar utilizada en el transporte marítimo para medir la capacidad de carga–, “pasó de 644.356 a 643.242, una variación de apenas 0,2% negativo, es decir, el movimiento global se mantuvo prácticamente estable”. Asimismo, según datos del sistema Lucía de la Dirección Nacional de Aduanas, “las importaciones ingresadas por el puerto de Montevideo aumentaron un 6% y las exportaciones despachadas crecieron un 4,1%” en el mismo período, ambas cifras medidas en dólares. Más adelante, en respuesta a una de las preguntas del interpelante sobre el costo del conflicto, el ministro señaló que “no hay una estimación oficial de la pérdida que se hubiera podido generar por los días de paro y no sería apropiado poner en números una expresión de deseo sobre cuál habría podido ser la actividad”.
Por otro lado, expuso los fundamentos de la decisión de establecer servicios mínimos, en lugar de declarar la esencialidad, como reclamaba la oposición. Explicó que la Organización Internacional del Trabajo contempla la actividad portuaria entre aquellas que “ameritarían la imposición de servicios mínimos”, no así los “servicios esenciales”. En respuesta a la pregunta de Juri sobre si estaría “dispuesto a decretar la esencialidad” ante un hipotético incumplimiento por parte del sindicato de las cláusulas de paz, Castillo reafirmó que “no corresponde, en principio, su declaración” como servicios esenciales.
“Le cabe una dosis de responsabilidad muy grande” al gobierno por el conflicto en el puerto
Con algunas digresiones sobre la afiliación comunista del ministro, el debate giró en torno al conflicto en el puerto de Montevideo y la conflictividad laboral en general. El nacionalista Pedro Jisdonian fue el primero en intervenir y planteó que quedó por responder “cuánto, en definitiva, le costó al Uruguay” el conflicto. “¿Cuántas horas de operativa se perdieron? ¿Cuántos buques y contenedores resultaron afectados?”, agregó. Asimismo, consideró que un conflicto “no se evalúa solamente por cómo termina”, sino también por “lo que ocurrió antes de llegar al acuerdo”, porque “si el Estado interviene recién cuando el problema ya alcanzó una situación crítica, tenemos que preguntarnos qué pasó con su capacidad de prevención”.
El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala afirmó que el conflicto portuario “le ha hecho un daño muy grande al país” y, por eso, “le cabe una dosis de responsabilidad muy grande al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Trabajo”. Señaló que el MTSS “se vio desbordado” y “perdió el liderazgo de la situación”. Ante eso, “es notorio que el sindicato de TCP fue asumiendo el control político y sindical de la situación, y es allí donde está el fracaso y la responsabilidad”, afirmó.
El colorado Felipe Schipani dijo que fue “un error” designar a Castillo y “que el Partido Comunista esté al frente del ministerio” por su “predisposición negativa hacia el mundo empresarial”. En cambio, el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, opinó que Castillo es “el mejor ministro” para “la élite megarrica”.
“No hay un Uruguay estancado, todo lo contrario”
“Estamos sustituyendo el análisis de los hechos por un prejuicio de carácter ideológico”, acusó el frenteamplista Mariano Tucci. Su correligionario Joaquín Garlo dijo que “sentenciar que un comunista no puede ser Ministro de Trabajo es proscripción, y la proscripción es propia de otros regímenes que no son el democrático y el republicano”.
Tucci rechazó la intención de “instalar la imagen de un gobierno desbordado por los conflictos laborales, de un país paralizado, sin conducción y con un Ministerio de Trabajo incapaz de cumplir con sus tareas”. Apuntó que la oposición “ofreció una selección de episodios [de conflictividad], no una demostración con rigor o respaldo de datos serios”, y llamó a no confundir “tener conflictos con estar desbordado”. En esa línea, Garlo afirmó que “no hay un Uruguay estancado, todo lo contrario: la inversión aumenta, la generación de puestos de trabajo aumenta, el salario real aumenta, el ingreso de los hogares aumenta, y eso habla de un Uruguay en acción”.
El diputado frenteamplista Bruno Giometti se refirió a los datos del índice de conflictividad laboral de la Universidad Católica y resaltó que, en 2025, “estuvo en la línea, incluso algo por debajo, de la media histórica, a pesar de que fue el año con la ronda de Consejos de Salarios más importante desde que se retomaron”.
Tras más de ocho horas de interpelación, tanto la bancada oficialista como la de la Coalición Republicana organizaron, como es habitual, conferencias de prensa en las que hicieron su resumen del debate. Los diputados del FA respaldaron a Castillo y aseguraron que contestó todas las preguntas que le fueron formuladas, mientras la oposición cuestionó la actuación del gobierno. Juri manifestó que le parecieron “insatisfactorias” las respuestas del ministro, y marcó que en particular no respondió cuánto le costó al país el conflicto del puerto.
La interpelación terminó pasadas las dos de la madrugada de este jueves. “Nos vamos con una cantidad de interrogantes”, “se puso en juego la confianza del país”, concluyó Juri. Castillo señaló que “aunque discutiéramos 48 o 72 horas de manera ininterrumpida, difícilmente lograríamos consensuar nuestras diferentes concepciones”, y recordó que hay un ministro de Trabajo comunista porque el electorado quiso que el Frente Amplio estuviera en el poder.
Sobre el final de la sesión se votaron las mociones. La del FA proponía respaldar al ministro pero no llegó a votarse porque resultó aprobada, por 49 votos contra 48, la que presentaron Cabildo Abierto e Identidad Soberana, que recibió el apoyo de todos los partidos de la oposición. En la moción aprobada se señaló que las explicaciones de Castillo “no resultan satisfactorias” y que el ministro no informó el costo económico del conflicto en el puerto ni las consecuencias que tuvo en materia de comercio exterior y empleo.
La gestión de la cartera
Abordada la situación del puerto, Castillo se refirió a las acciones de la cartera en materia de descentralización, fiscalización, generación de empleo y fortalecimiento del cooperativismo. Sobre los resultados en la negociación colectiva, señaló que, de las mesas de la undécima ronda de Consejos de Salarios que finalizaron, “el 84,02% culminó con acuerdos entre las partes”. Destacó el acuerdo tripartito alcanzado en el grupo 22 –ganadería, agricultura y actividades conexas, incluidos los tambos–, que “incorpora beneficios como el set escolar y licencias para cuidados”, así como en los sectores de citrus, arándanos y del trabajo doméstico. A nivel general, subrayó que “el 50% de los acuerdos de la primera fase incorporó cláusulas de cuidados y corresponsabilidad; el 39%, de igualdad de género; el 28%, de prevención de la violencia y el acoso; y el 39%, de salud mental”.
“Nuestro compromiso es con un tripartismo real. No se trata de convocar a empresarios y trabajadores para una fotografía. Se trata de garantizar que las partes tengan voz, puedan formular propuestas y reciban respuestas”, afirmó Castillo. Apuntó que la conflictividad “forma parte de las relaciones de trabajo y no debe confundirse con la ausencia del diálogo”.
En materia de generación de empleo, el ministro destacó programas como el Yo Estudio y Trabajo, que “ya alcanzó a más de 9.000 jóvenes a lo largo de sus distintas ediciones”; Uruguay Impulsa, para el que se “inscribieron más de 136.000 personas y participaron 5.524 en 268 localidades”, en 2026; y Libertad Segura, la experiencia piloto para personas liberadas del sistema penitenciario. También resaltó los cambios introducidos por la ley de empleo integral, que “simplifica los criterios, habilita la contratación subsidiada en empresas que no tienen trabajadores dependientes, ajusta los cupos según el tamaño de las empresas y permite extender los subsidios hasta 18 meses”.