Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Da la impresión de que algunas iniciativas oficialistas se plantean sin que opere el principio de realidad y prescindiendo de intercambios previos indispensables.
La diputada colorada Nibia Reisch y su par Carlos Testa, de Cabildo Abierto (CA), presentaron sendos pedidos de informes al Banco de Previsión Social (BPS) para conocer, entre otras cosas, los nombres de las personas que reciben reparaciones por haber sido víctimas del terrorismo de Estado y qué suma de dinero le corresponde a cada una. Ayer Ramón Ruiz, integrante del directorio del organismo, explicó que no es posible proporcionar esa información porque lo impide la ley de protección de datos personales.
Una simple consulta a los integrantes de la coalición de gobierno que dirigen el BPS les habría bastado a Reisch y Testa para saber que este organismo tampoco puede, por ejemplo, dar a conocer quiénes reciben las mil jubilaciones más altas del país y cuánto cobra por mes cada una de esas personas. Debemos suponer que omitieron preguntar por negligencia, y no que su intención fuera sólo agitar el avispero, pero de todos modos llama la atención.
Segundo caso: el diputado Eduardo Lust, de CA, fue entrevistado por estudiantes de periodismo de la Universidad Católica, para el portal Mejor dicho, y le preguntaron por el pedido de destitución del fiscal de Corte, Jorge Díaz, que su partido le presentó en julio al presidente Luis Lacalle Pou. Lust contestó que esa demanda sería satisfecha en dos o tres meses, pero debe saber muy bien, a esta altura, que para destituir a Díaz se requiere una mayoría de tres quintos en el Senado, que el Frente Amplio (FA) no está dispuesto a formar.
Varios parlamentarios del FA reiteraron esto al enterarse de lo que había dicho Lust, y demandaron que Lacalle Pou aclarara la situación. A falta de tal aclaración, Lust arguyó, durante un debate sobre otra cosa en la Cámara de Representantes, que había dicho lo que dijo pensando en el ex secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, que se desempeña en la actualidad como fiscal de gobierno. La explicación no es en absoluto verosímil si se ve la grabación del pasaje correspondiente de la entrevista, disponible en el sitio de Mejor dicho.
Un tercer ejemplo es el artículo incluido en el proyecto de presupuesto para que el Programa de Mejoramiento de Barrios pasara a depender de Presidencia. Ese programa, orientado hacia los asentamientos, funciona en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, cuyas autoridades no tuvieron nunca la intención de “entregárselo” a Lacalle Pou, y señalaron, con bastante razón (más allá de la probable puja por cosechar réditos políticos, si los hay), que la tarea le corresponde naturalmente a su secretaría de Estado, donde está el personal capacitado para realizarla.
Como la ministra Irene Moreira, de CA, y el subsecretario Tabaré Hackenbruch, colorado, cuentan con el respaldo de sus partidos en esta cuestión, simplemente no había votos para aprobar el traspaso, y esto fue reconocido ayer por el diputado nacionalista Sebastián Andújar, presidente de la comisión que trata el proyecto.
Hasta el lunes.