Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Este ha sido un año atípico, y sus últimos días también lo son. En vez de la habitual ausencia de acontecimientos, están en curso procesos muy significativos que incidirán a corto y mediano plazo, y no se trata sólo de las gestiones para conseguir cuanto antes vacunas contra la covid-19.
2020 termina con escasas perspectivas de una rápida recuperación de la economía durante el año que viene, que se había manejado en algunas previsiones optimistas. Esto se veía venir antes de las últimas medidas para frenar la propagación de la pandemia, y es obvio que las actividades relacionadas con el turismo sufrieron un golpe más, por la restricción del ingreso de turistas en el período clave de fines de diciembre y comienzos de enero.
La permanencia de los problemas económicos significa un aumento de los sociales, que ya son muy preocupantes; entre otras cosas, por los datos sobre despidos y desempleo a los que se refirió en el Parlamento el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Y todavía no sabemos qué pasará en los primeros meses del año con la situación estrictamente sanitaria.
Este panorama vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de las políticas públicas para reducir daños. Hasta ahora, el equipo económico y el presidente Luis Lacalle Pou han intentado enmarcarlas en una política fiscal obsesionada con la reducción del gasto, que procura “aliviarle la carga al país productivo”. Hay señales de que en este terreno actúan fuerzas divergentes.
Desde la Torre Ejecutiva, “el país productivo” se parece mucho a los productores agropecuarios que reclaman gasoil más barato. Esto fue notorio en las decisiones políticas sobre tarifas, que por otra parte aumentan por encima de la inflación el precio de la conexión a internet, mientras se recomienda aumentar el teletrabajo, quizá por la misma visión de qué actividades son prioritarias.
Desde el gobierno departamental de Montevideo, la señal política de fin de año fue el anuncio de un subsidio adicional al transporte colectivo, para evitar que el precio del boleto suba antes de abril. Esto implica una apreciación de quiénes constituyen “el país productivo” con mayor énfasis en la gente que va a trabajar en ómnibus.
A su vez, los productores a los que el presidente busca beneficiar no se dan por satisfechos, e insisten con otras demandas que, en su momento, tuvieron como portavoz al movimiento Un Solo Uruguay. La puja entre partidos por representar esas demandas sigue planteada, y esto tiene que ver con el proyecto para limitar el avance de la forestación sobre la actividad agropecuaria tradicional.
Cabildo Abierto y el Frente Amplio pueden formar mayoría para aprobar ese proyecto en el Senado, como ya hicieron en Diputados, y Lacalle Pou hizo saber que, si se convierte en una ley, está dispuesto a vetarla. A su vez, Guido Manini Ríos comentó que, si hubiera un veto debido al “fondo del asunto”, el presidente estaría “cometiendo un error”.
Al mismo tiempo, se lanzó la campaña por el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Todo indica que 2021 va a ser un año muy complicado.
Hasta mañana.