Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Sería excelente que, ante la emergencia, cada persona diera lo mejor de sí, en forma desinteresada, solidaria y sensata, pero esto no sucede en todos los casos.
El bioquímico alemán Olfert Kandt, que desarrolló y produce el muy eficaz test PCR para diagnosticar la covid-19, señaló que el costo de un kit es de seis euros, y que la tarea de laboratorio puede añadirle cuatro más, pero que en algunos casos se venden a más de 100 euros, con una ganancia “inmoral”.
A su vez, el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, expresó su preocupación por el imprudente surgimiento de servicios informales que se ofrecen para suplir a los llamados “jardines de infantes”, cuya reapertura es una de las prioridades del Ministerio de Educación y Cultura.
También sucede que la crisis sea invocada por intereses sociales o políticos. Las personas que establecieron el asentamiento Nuevo Comienzo, en Santa Catalina, enfrentan, además del desalojo, procesos judiciales. Alegan que en este período de emergencia, con exhortaciones gubernamentales a que la gente se quede en su casa, no habría que privar de sus viviendas a quienes no cuentan con otra solución que instalar un “barrio en formación”. Cabe señalar que la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua les planteó la posibilidad de formar una o varias cooperativas de vivienda, como ya hicieron los primeros desalojados.
El subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Tabaré Hackenbruch, aprovechó la situación antedicha para sostener que una vez más se “descubren” ineficacias del gobierno anterior. De paso, reiteró por enésima vez la afirmación de que hay “más de 600 asentamientos”, sustentada en una estimación bastante “a ojo” de la organización Techo.
También hubo argumentos relacionados con la pandemia en el debate parlamentario sobre el proyecto de ley de urgente consideración, que comenzó ayer en el Senado. Entre las muchas objeciones de la oposición frenteamplista estuvo, como era esperable, el señalamiento de que en ese texto de 501 artículos, que el Poder Legislativo deberá tratar a las carreras, no hay ni uno que se refiera a la emergencia sanitaria.
En la intersección de lo sanitario y lo político, ayer se produjo un hecho trágico. La Policía, según el Ministerio del Interior, detuvo a un hombre “por desacato” y lo condujo al servicio de emergencia del hospital Maciel, para que se chequeara su estado de salud. El director del hospital, José Minarrieta, relató mediante Twitter que el detenido le quitó el arma a uno de los dos policías que lo habían llevado allí, y les disparó a ambos. Añadió que ese tiroteo “inadmisible” en la puerta del servicio se debió a “las pésimas condiciones de seguridad con las que fue trasladado” el hombre, y a la “indudable falta de profesionalismo del personal policial”. El incidente terminó con el detenido muerto en la escollera Sarandí, quejas del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo por las apreciaciones de Minarrieta y la noticia de que este será cesado hoy, como estaba previsto desde hace días y le habían notificado ayer.
Hasta mañana.