Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Los presidentes de la República y de la Administración Nacional de Educación Pública, Luis Lacalle Pou y Robert Silva, dieron a conocer anoche el plan de reanudación de clases presenciales, en tres etapas y con una serie de precauciones sanitarias, que se prevé llevar a cabo del 1º al 29 de junio. Esto no significa, ni por asomo, que al final del mes próximo todo se hará con los criterios previos a la emergencia sanitaria. Durante junio se irá, según resumió Lacalle Pou, “para adelante todo lo posible y para atrás todo lo necesario”.
Más temprano, representantes del Grupo Asesor Científico Honorario explicaron los aportes que realizaron para que se adoptara la decisión antedicha, y también su evaluación del proceso hasta el momento, insistiendo en la necesidad de mantener las precauciones de distanciamiento físico.
Por otra parte, el Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT dio a conocer datos sobre la situación salarial previa a la emergencia sanitaria. El año pasado, unas 469.000 personas percibieron menos de 20.000 pesos líquidos al mes por 40 horas semanales de trabajo, y 144.000 de ellas no llegaron a 16.000 pesos por mes. Entre los “veintemilpesistas”, cuya proporción disminuyó “drásticamente” en los últimos años, las personas más afectadas son las mujeres, la población joven, la del interior del país y, por lógica, la que tiene empleos precarios.
Esperemos que desde el oficialismo no se salga a señalar esto como otro “dato oculto” que ahora se “descubre”: la central sindical y el Cuesta-Duarte vienen alertando desde hace mucho tiempo acerca de la situación de los trabajadores con salarios sumergidos, y no se basan en información reservada, sino en la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, disponible para cualquier interesado en conocer la realidad.
Es fácil prever que las cosas van a estar peor cuando termine la actual crisis. Tengamos en cuenta que, de acuerdo con un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pandemia de covid-19 dejará en nuestra región un aumento de la cantidad de personas desempleadas de casi 3,5 puntos porcentuales (más de 11,5 millones), un deterioro de la calidad de los empleos que se conserven, y aumentos de la pobreza y la indigencia. En este marco se comprende la preocupación de los sindicatos por el período que transcurrirá hasta que se retome la convocatoria a los Consejos de Salarios, y el hecho de que en el sector de la construcción ya se estén llevando a cabo asambleas.
Para terminar, una noticia esperable. Terminó del único modo en que podía terminar el debate, dentro de la “coalición multicolor”, acerca de la eliminación del monopolio estatal para la importación de combustibles, que no contaba con los votos necesarios para ser aprobada. Dentro de unos meses, el Poder Ejecutivo presentará a la Asamblea General una propuesta de “revisión” del mercado de combustibles, apoyada en estudios que, al parecer, no se habían realizado antes de redactar el proyecto de ley de urgente consideración.
Hasta el lunes.