Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El tema predominante ayer fueron las rectificaciones. Los diputados oficialistas acordaron hacerle 32 al proyecto de ley de urgente consideración, que por lo tanto deberá volver al Senado. Algunos cambios son de redacción, pero otros, según los legisladores, corrigen “ilegalidades o inconstitucionalidades”, y un tercer grupo implica decisiones políticas distintas, como sucede con el artículo 11, sobre el delito de “agravio a la autoridad policial”.
En el Senado se había señalado ya que esa disposición criminalizaba el derecho a quejarse ante un procedimiento y el de expresar opiniones críticas en medios de comunicación, pero parece que fue necesario que lo dijera la Sociedad Interamericana de Prensa para que la “coalición multicolor” pusiera marcha atrás.
También fue rectificada la afirmación del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, sobre la cantidad de docentes de primaria que no van a trabajar “por ineptitud física”. Ramos había dicho que estaban en esa situación, desde “hace años”, “la mayoría” de “más de 2.000” (o sea, por lo menos 1.001, dicho sin alusión a la lista). Según el Consejo de Educación Inicial y Primaria, hay sólo 344 docentes con certificación médica por más de 90 días, y apenas 73 funcionarios (docentes y no docentes) con “licencias muy prolongadas”, de los cuales 51 están en proceso de sumario.
Hubo que rectificar la decisión gubernamental de que, debido al brote de covid-19 en Treinta y Tres, las clases presenciales se suspendieran (por lo menos hasta el 3 de julio) sólo en la capital de ese departamento. En su momento, los sindicatos de la enseñanza habían señalado que docentes y otros funcionarios trabajan en centros de educación fuera de la capital pero residen en ella, y ahora planteó lo mismo el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales. Bienvenida sea la sensatez, así como las previsiones de ASSE, que está ampliando su capacidad de brindar cuidados intensivos.
Ojalá que esas camas no lleguen a ser necesarias, pero más vale estar preparados para la eventualidad de situaciones como las de Chile (donde la epidemia se agravó mucho cuando las autoridades pensaron que estaba terminando) y el continente europeo, donde esta semana se registró un aumento de casos por primera vez en meses.
Se parece bastante a una rectificación lo resuelto por el directorio de ANCAP, que estableció una semana de plazo para que las intendencias de Salto y Cerro Largo negocien el pago de sus deudas con el ente. Antes, y sin que el tema hubiera sido tratado en el directorio, se le había cortado al gobierno departamental salteño el suministro de combustible, pórtland y líquido asfáltico.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quiere rectificar las “enormes falencias” del sistema carcelario, y anunció un plan que incluye recuperación edilicia, planes de educación y cooperación con el Mides. Es muy deseable que esto se concrete, ya que se quedó corto Larrañaga al decir que la situación de las personas privadas de libertad “roza” la violación de los derechos humanos.
Por último, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, rectificó sin eufemismos las afirmaciones de la directoria territorial de su secretaría de Estado en Florida, Mirna Guadalupe, acerca de la peligrosidad de las personas en situación de calle. Según Bartol, lo que dijo Guadalupe es lisa y llanamente “una pelotudez”.
Hasta el lunes.