Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La ex legisladora nacionalista Verónica Alonso evaluó que su apoyo a Juan Sartori el año pasado fue una “decisión equivocada”, pero agregó que “para atrás no se puede ir”. Es lo que tiene la política: resulta inevitable correr riesgos si se quiere avanzar, y hay que asumir las consecuencias.
La política sanitaria del actual gobierno venía cosechando elogios nacionales y extranjeros, y muchos pensaban que ya nada podía salir mal cuando comenzaron a aumentar, en los últimos días, los casos de covid-19 en Montevideo. La situación actual dista de ser inmanejable, pero nos recuerda el significado de la palabra “contingencia”, tan usada en estos meses.
Es muy delicado el equilibrio entre las precauciones para evitar contagios y la reanudación gradual de actividades. Ambas cosas son necesarias, y un aumento de los problemas no debería llevarnos a cambiar retroactivamente la calificación de las decisiones adoptadas. Es obvio, sin embargo, que si la curva de contagios volviera a empinarse, el presidente Luis Lacalle Pou pagaría un precio político por no haber querido negociar esas decisiones en un diálogo más amplio. “Hacerse cargo” personalmente concentra sobre él los réditos o los costos. En todo caso, lo más importante no es que a Lacalle Pou le vaya bien o mal, sino que el país atraviese este período de crisis con los menores perjuicios posibles.
También implica riesgos la decisión del sindicato de trabajadores de ANCAP, que resolvió en su asamblea representativa impulsar un referéndum contra los artículos más “regresivos” de la ley de urgente consideración, para el que buscará apoyo del PIT-CNT y de otras organizaciones sociales.
El presidente de ese sindicato dijo en diálogo con la diaria que “el referéndum siempre va a ser una batalla ganada”, porque aunque no se logre la derogación, traerá “una acumulación política para los intereses de la clase trabajadora” y permitirá aumentar los “niveles de conciencia y de organización”. Es una opinión discutible y hay, en el movimiento sindical y en la oposición política, quienes consideran que los costos de una decisión equivocada pueden ser altos.
Tiene potenciales beneficios y potenciales costos la actitud agresiva hacia el Frente Amplio (FA) que gana terreno dentro del Partido Nacional. En la Asamblea General, legisladores nacionalistas pusieron explícitamente en tela de juicio la ecuanimidad de la Institución Nacional de Derechos Humanos, con acusaciones poco veladas de afinidad con la oposición frenteamplista. En el Senado, sigue en pie la idea de no aprobar la Rendición de Cuentas correspondiente al último año de gobierno de Tabaré Vázquez, que no tendría ninguna consecuencia práctica, pero sería un claro gesto de hostilidad, en apoyo del relato oficialista acerca del estado crítico del país cuando asumió Lacalle Pou.
Los nacionalistas más belicosos buscan, probablemente, aprovechar el envión de estos primeros meses de gobierno, en los que la aprobación al desempeño presidencial es alta, para lograr que se consolide o aumente el rechazo al FA, pero esto también empeora el clima político y, como dijo Alonso, después “para atrás no se puede ir”.
Hasta el lunes.