Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Ante la urgencia por comprender y frenar la pandemia de covid-19, se aflojaron mucho los requisitos para la publicación de artículos científicos acerca del tema, y esto tuvo consecuencias indeseables, porque se divulgaron hipótesis de dudoso rigor y datos incorrectos, que en algunos casos llevaron a malas decisiones de política sanitaria. La prisa es mala consejera, y esto se aplica también a otras áreas (aun sin hablar del proyecto de ley de urgente consideración).
Quizá se apresuró Ernesto Talvi al aceptar ser ministro de Relaciones Exteriores, y también cuando, después de haber anunciado que dejaría el cargo, presentó nuevos lineamientos para el trabajo de la cancillería. Ahora, como era previsible, el nuevo ministro Francisco Bustillo, que tiene 34 años de experiencia diplomática, hará lo que les parezca bien a él y al presidente Luis Lacalle Pou, y ni siquiera llevará a cabo un proceso de transición con Talvi.
El diputado nacionalista Gerardo Amarilla hizo bien en no apresurarse. Hasta hace poco era una fija que quedaría al frente del nuevo Ministerio de Ambiente, pero la renuncia de Talvi y la decisión presidencial de que su reemplazante fuera Bustillo llevaron a que la flamante secretaría de Estado se le otorgara al Partido Colorado, y más concretamente al talvista Adrián Peña. Amarilla comentó que “en política se debe ser cuidadoso y prudente”, y tampoco quiere dar por hecho su muy probable nombramiento como subsecretario de Peña.
En lo referido a algunas propuestas de designación para responsabilidades importantes, lo más piadoso es pensar que son producto de una excesiva premura. Tal es el caso del pedido de venia parlamentaria para Washington Abdala como embajador ante la Organización de Estados Americanos, que el Frente Amplio no votará, o de la idea de designar como vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública al contador Guillermo Ortiz, quien ha expresado opiniones que (digámoslo con elegancia) otorgan pocas garantías de ecuanimidad.
Sin prisa pero sin pausa, Jorge Larrañaga procura la habilitación de allanamientos nocturnos. Cuando era senador defendió varias iniciativas relacionadas con la seguridad pública, que no contaban con los votos necesarios en el Parlamento. En la campaña “Vivir sin miedo” buscó que la ciudadanía las avalara directamente, en plebiscito, y tampoco tuvo éxito. Ahora que la “coalición multicolor” cuenta con mayoría parlamentaria, insiste por la vía legislativa, pero sólo con la propuesta sobre esos allanamientos, que requiere una reforma constitucional.
El proyecto, que ayer el Partido Nacional decidió presentar, debería ser aprobado por una mayoría que no está al alcance del oficialismo, aun si todos sus integrantes se alinearan, y luego sería sometido a plebiscito en setiembre, en forma simultánea con las postergadas elecciones departamentales. Lo más probable es que quede como un gesto testimonial para señalar quiénes no están “a favor de abolir una norma [constitucional] que permite darle ventaja a la delincuencia”, como dijo en forma algo temeraria el senador Carlos Camy.
Hasta mañana.