Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Una serie de factores se ha sumado para tensar las relaciones entre el oficialismo y la oposición. Entre ellos está, obviamente, el proyecto de presupuesto, tanto por su orientación general como por numerosas disposiciones que poco contribuyen a mejorar el clima político, como la que busca desplazar de la conducción de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM) a la Intendencia de este departamento.
A esto se agregan la decisión de evitar la comparecencia ante la Justicia de Guido Manini Ríos y el intento de mezclar el debate sobre este tema con acusaciones contra los gobiernos del Frente Amplio (FA) por presuntos encubrimientos del terrorismo de Estado.
Al mismo tiempo, las autoridades de varios organismos estatales dedican intensos esfuerzos a cuestionar lo realizado por sus antecesores. Esto tiende a instalar la idea de que la necesidad de “ahorros” presupuestales se vincula con anteriores despilfarros e irregularidades, y afecta la imagen del FA en vísperas de las elecciones departamentales. Sólo en la Administración de Servicios de Salud del Estado se iniciaron 12 auditorías y se presentaron siete denuncias penales.
La cuestión de la UAM puede llevar al primer planteo de interpelación por parte del FA, que discutirá el lunes la idea de llamar a sala a Carlos María Uriarte, titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). En los últimos días el oficialismo pareció dispuesto a una marcha atrás, pero la situación volvió a caldearse cuando tomó estado público que el director general de Granja del MGAP, Nicolás Chiesa (uno de los promotores de los cambios en la conducción de la UAM), firmó documentos como apoderado de Mi Granja SA.
La primera reacción del presidente Luis Lacalle Pou fue declarar que lo hecho por Chiesa era “lamentable” y que no podía estar “de los dos lados del mostrador”, pero el desenlace fue que el jerarca decidió renunciar a la representación de la empresa privada y seguirá en la función pública.
Otro aspecto del proyecto de presupuesto que causa fuertes protestas es la ausencia de recursos que se venían reclamando para implementar la ley integral de violencia basada en género. El oficialismo no parece haber pensado mucho lo que hacía al comprarse un conflicto con los movimientos feministas, cuya pujanza ha crecido muchísimo en los últimos años.
Mientras tanto, Manini adopta el criterio de que no hay mejor defensa que un buen ataque, y alega que su decisión de no cumplir con el compromiso de comparecer ante la Justicia se debe a que ni esta ni la Fiscalía ofrecen garantías de imparcialidad. Agrega que el único legislador frenteamplista que actúa con honestidad es José Mujica, y que todos los demás mienten cuando dicen que nada harían contra su reincorporación al Senado si no es formalizado.
En este crispado escenario se ubica la movilización realizada ayer por la Intersocial para reclamar que Lacalle Pou se digne responder a la docena de propuestas que le presentaron el 30 de julio, y que el presupuesto tenga en cuenta las graves dificultades que afronta la población.
Hasta el lunes.