Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Más allá de las reiteradas discusiones y simplificaciones sobre una famosa frase de José Mujica, es bastante claro que lo político y lo jurídico son partes de la misma dinámica. Las leyes no son redactadas por jueces, sino por los representantes de los partidos en el Parlamento, y van cambiando junto con la sociedad. La ciudadanía elige a los integrantes del Poder Legislativo, y este decide, a su vez, quién llega a la cumbre del Poder Judicial. Si no fuera así tendríamos, en vez de democracia, un régimen fundamentalista e inmutable.
Lo antedicho no significa, por supuesto, que todos los partidos impulsen los mismos cambios. Por ejemplo, la anterior mayoría del Frente Amplio (FA) en el Parlamento aprobó (recién al final de 15 años de gobierno nacional) una nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas, y ahora la “coalición multicolor” presenta un proyecto de Presupuesto en que se revierten varias de sus disposiciones. El año pasado se había previsto reducir la cantidad de oficiales y ahora se propone aumentarla; una serie de beneficios sociales habían sido asignados al personal militar y ahora se plantea extenderlos a las familias del personal; el aumento de la remuneración a quienes desempeñan tareas fuera del país era optativo y se lo quiere volver obligatorio; las sanciones a quienes cometen faltas graves se reducen.
Otro ejemplo es el del etiquetado obligatorio en los envases de alimentos para advertir sobre riesgos para la salud. La plena vigencia de la norma aprobada en el último gobierno del FA se viene postergando, y la fiscalización de su cumplimiento comenzará recién en febrero del año que viene. Una de las consecuencias de esto es una ventaja de hecho para productos importados, a menudo de grandes transnacionales, que no lucen el octógono negro aunque contengan excesos de azúcar, sodio o grasas. Esto puede llevar a que muchas personas piensen que no son perjudiciales.
También sucede a veces que, en vez de impulsar cambios de las leyes o de la Constitución, algunos dirigentes políticos plantean interpretarlas en forma un tanto inverosímil, sin que a esas posiciones se les aplique una etiqueta de advertencia sobre sus riesgos para la salud democrática. Un ejemplo es el nuevo ingrediente que acaba de ser agregado a las discusiones sobre el pedido de desafuero de Guido Manini Ríos.
El efecto del llamado “desafuero”, según el artículo 114 de la Constitución, no es que un parlamentario deje de serlo, sino solamente que quede “suspendido en sus funciones”, a los efectos de que pueda ser acusado por la Fiscalía y quedar “a disposición del tribunal competente”. Ningún otro artículo indica que luego sea necesario votar su reincorporación. Sin embargo, ahora se discute a partir de la hipótesis de que el FA podría aprobar el desafuero y luego impedir el regreso al Senado del conductor de Cabildo Abierto.
Lo que sí puede ocurrir, por lo que dispone el artículo 80 de la Constitución, es que Manini quede inhabilitado (entre muchas otras cosas) para ocupar su banca, pero esto no dependerá de una votación en la cámara alta, sino de decisiones judiciales sobre su formalización o su condena.
Hasta mañana.