Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
“El Poder Ejecutivo resolvió mantener sin cambios las tarifas del gasoil, las gasolinas y el supergás en noviembre, aún con la suba registrada en el petróleo y en los refinados que se toman como referencia para los precios de paridad de importación (PPI), que releva mensualmente la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua”.
Así comienza un comunicado emitido ayer por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y es el segundo mes consecutivo en que se adopta la misma decisión, en forma coincidente con el inicio de las campañas hacia el referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).
El procedimiento, que debería determinar una suba del precio de los combustibles, junto con la del PPI, está establecido en la LUC y será sometido a referéndum. Si los combustibles aumentan, será más probable que unas cuantas personas voten el Sí a la anulación. Ahora el Ejecutivo se aparta de lo que indica la LUC; si los artículos impugnados quedan en pie, luego podrá cumplirla o no.
También ayer, el semanario Búsqueda publicó una entrevista con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Le preguntaron si es probable una decisión política de no aumentar el precio de los combustibles, aunque los costos de Ancap suban, hasta que se realice la consulta popular. Respondió que eso se hará si Ancap “tiene espalda” para absorber las pérdidas que le causaría “aguantar los precios”.
Según el Ejecutivo, tanto este mes como el anterior la “espalda” de Ancap se debe a sus ingresos relacionados con la exportación de energía a Brasil. Esta es generada por UTE en sus centrales térmicas, que consumen gasoil comprado a Ancap.
El Estado es uno solo. Los pagos que Ancap recibe de UTE son movimientos de dinero dentro de la estructura estatal, que no modifican el resultado fiscal global. El Ejecutivo usa el ingreso de divisas desde Brasil para subsidiar, en esta coyuntura de campaña, los combustibles. A eso le llama “destinar los resultados extraordinarios de Ancap a favorecer la reactivación económica en la etapa pospandemia”.
La política económica es política. Los recursos disponibles son redistribuidos de acuerdo con las prioridades que el Ejecutivo asume, y en función de ellas puede establecer también nuevas fuentes de ingresos.
Cuando hay sensatez, se trata de que esto no produzca efectos peligrosos en materia de déficit fiscal o en otras áreas, pero en definitiva el Estado decide a quiénes les da y a quiénes les quita. Por ejemplo, decide que todos los compradores de combustibles le paguen impuestos, y estos son la principal razón de lo que llama “sobreprecio”.
En el actual gobierno predominan quienes prefieren no plantear las cosas del modo antedicho, sino hablar de los organismos del dominio comercial e industrial del Estado como si fueran unidades empresariales independientes, con la obligación de arrojar superávit por sí mismas.
A veces, cuando este resultado no se produce, alegan que queda demostrada la ineficiencia inevitable de las empresas públicas. Pero, como se ve en este caso, no les parece tan indispensable que cada una logre el mayor superávit posible, si eso puede perjudicar al No en el referéndum.
Hasta el lunes.