El Poder Ejecutivo decidió este jueves no variar el valor de los combustibles en noviembre, la misma decisión que adoptó en octubre, y de esta forma se apartó por segundo mes consecutivo de la nueva referencia que definió para el ajuste de tarifas, que surge de la ley de urgente consideración (LUC). Es que el precio de paridad de importación (PPI) que calcula la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), una referencia teórica que sigue el precio internacional del crudo —que está en un proceso ascendente—, marcaba una suba de 4,38% en la nafta Premium, 4,59% en la nafta Super y de 13,83% en el gasoil.

Ya en la mañana del jueves, al ser consultado por Teledoce, el titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini, había adelantado que la idea era no ajustar las tarifas, ya que se mantenía un ingreso “extraordinario” por parte de Ancap, vinculado a la exportación de energía a Brasil. La empresa estatal UTE lleva exportados unos 300 millones de dólares en el año al país vecino, y buena parte de esa energía surge de las centrales térmicas, que funcionan con base en gasoil comprado a Ancap.

Sobre el mediodía, se confirmó que no habría cambios en las tarifas, “luego de analizar la evolución de los PPI, en combinación con los resultados de Ancap, que continúa recibiendo importantes ingresos” por la exportación de energía, informó el MIEM en un comunicado. “El Poder Ejecutivo mantiene el criterio de destinar los resultados extraordinarios de ANCAP a favorecer la reactivación económica en la etapa pospandemia”, agregó el gobierno.

Sin embargo, conocida la noticia, distintos dirigentes del Frente Amplio (FA) relacionaron la decisión con el futuro referéndum contra 135 artículos de la LUC, que incluye los que determinan el sistema de ajuste de los combustibles, uno de los puntos que mayor debate han generado del proyecto insignia del gobierno.

A su vez, el semanario Búsqueda informó este jueves que existieron en los últimos días reuniones en el Ejecutivo para analizar algún cambio en el mecanismo que determina los precios de los combustibles, en las que se evaluaron alternativas como rever la periodicidad de los ajustes mensuales o crear un fondo de estabilización. De haberse cumplido la regla preestablecida y determinar los precios en función del PPI, el gobierno detalló que la nafta Súper habría aumentado 2,69 pesos por litro y el gasoil 6,83 pesos por litro.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo a Búsqueda que el nuevo esquema se empezó a aplicar bajo “una circunstancia en que el petróleo viene subiendo permanentemente”. Indicó que “no importa que Ancap gane millones de dólares”, sino que haya “precios estabilizados”, y diferenció la política actual de la aplicada por el FA, que según entiende Delgado ajustaba las tarifas “en función de lo que se quería recaudar”. Consultado sobre si podría haber una decisión política de no modificar tarifas en virtud del referéndum y pese a que el barril de petróleo suba, respondió: “Lo que pasa es que ahí hay que ver la espalda que tiene Ancap [para absorber la variación de precios]”.

“Mal diseño, peor aplicación”

Luego de conocida la decisión del gobierno, variados dirigentes del FA se pronunciaron en las redes sociales señalando que al apartarse de la regla preestablecida –de que los precios al público evolucionen en línea con el PPI– las autoridades asumen el fracaso del sistema, y que se trata de una decisión política para evitar críticas de cara al referéndum sobre la LUC. El mes pasado y apuntando a la discrecionalidad por apartarse del mecanismo anunciado, varios analistas habían criticado la decisión del gobierno de no variar los precios.

“El gobierno realmente está preocupado con el referéndum”, dijo el senador Mario Bergara, en referencia a la información de Búsqueda sobre que podrían frenarse los ajustes hasta luego de la consulta popular. “Pero la gente no es tonta y no la van a engañar con estos artilugios oportunistas. Una muestra más de que la LUC tiene 135 artículos negativos y antipopulares”, expresó.

Pablo Ferreri, exsubsecretario de Economía, manifestó: “Si será malo el mecanismo establecido en la LUC: para defenderlo, la mejor estrategia es no aplicarlo para que no se vea que sus efectos son muy malos. Mal diseño, peor aplicación. Poco serio”.

También opinó el senador Charles Carrera: “Ya no hay dudas: la suba de los combustibles es por la LUC, que creó la paramétrica que permite que suba indiscriminadamente. Pero para no perder votos, el gobierno intenta poner un parche temporal a las subas, para luego volver a los aumentos. ¡Así no!”.

Mientras que la senadora Liliam Kechichian dijo que si “la LUC es buena” por qué “no la aplicarán en el tema de los combustibles”, y el diputado Gerardo Núñez sostuvo que la fórmula que surge de la LUC “es tan mala que el gobierno no la aplica para que la gente no se ponga en contra”.

Vicente Iglesias, director de Ancap en representación del FA, dijo a la diaria que la decisión del gobierno muestra que “el hecho de tener una refinería eficiente agrega valor y logró que el Poder Ejecutivo pueda decir que mantiene los precios”. Esto porque, explicó, “Ancap vendió una buena cantidad” de gasoil a UTE por la exportación a Brasil, y esos ingresos que van al Estado permiten compensar la suba del crudo, principal insumo de la petrolera. “Se puede amortiguar el precio del petróleo porque se demuestra que refinar [en Uruguay] es mejor que importar; si hubiéramos tenido que importar estarían los precios [al público] que determinó la Ursea”, añadió.

“Con esta noticia hay varias cosas que saltan a los ojos. Una es que el modelo [de ajuste mensual por PPI] propuesto ahora que no sirve, no se aplica. No es un modelo adecuado para nuestro país, está a la vista y se cayó por su propio peso. Lo otro es que ante un proceso de suba del petróleo, la refinería es una cosa vital y se puede hacer esto [no subir tarifas] porque está acá en Uruguay y es del Estado, por lo que todas las ganancias se vuelcan al precio y a los uruguayos”, expresó.

Iglesias dijo que el FA mantiene “la propuesta de hacer una mesa de diálogo con todos los actores de la cadena” de combustibles, incluyendo los privados como estacionarios y distribuidoras, así como los partidos políticos, para “discutir cuál es la carga [de impuestos] y los márgenes adecuados” para la nafta y el gasoil, en busca de “lograr alguna baja adicional”.