Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que el actual gobierno nacional o las autoridades de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) tienen algún interés en disminuir o debilitar la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes; sólo cabe pensar que los animan las mejores intenciones. El problema es que con eso no alcanza para hacer las cosas bien.
La ANEP decidió actualizar la guía para detectar y abordar situaciones de violencia en la educación inicial y primaria, y presentó una nueva versión para sustituir la que se había editado hace ya ocho años. La idea es muy razonable, porque las instituciones van acumulando experiencia para mejorar los procedimientos y además, como la sociedad cambia, hay que hacer ajustes en forma periódica.
Lo que no resulta para nada razonable es que se desperdicie parte de esa experiencia institucional, y que incluso se omita el uso de recursos que se fueron desarrollando a partir de ella.
El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) fue establecido en 2019. Funciona en el ámbito del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que lo preside y coordina, pero también forman parte de él los ministerios de Desarrollo Social (Mides), del Interior y de Salud Pública, la ANEP y la Fiscalía General de la Nación. Corresponde a una concepción moderna de las tareas estatales, que articula sistemas con la participación de varios organismos públicos, a fin de potenciar el abordaje de problemas que tienen que ver con todos ellos, pero que ninguno está en condiciones óptimas de resolver por sí solo.
A veces las autoridades actuales tienen dificultades para asumir –o quizá para entender– este tipo de institucionalidad transversal. Así sucede, por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. De este forman parte cinco ministerios, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la ANEP, el Banco de Previsión Social, el INAU y el Congreso de Intendentes, pero ha sido frecuente que se lo confunda, en el discurso y en la práctica, con un programa del Mides.
Los cometidos del Sipiav son “prevenir, atender y reparar las situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes mediante un abordaje integral e interinstitucional”, y “promover el desarrollo de modelos de intervención desde las distintas instituciones que participan en el proceso de atención y reparación, asegurando la integralidad del proceso”. La guía actualizada que presentó la ANEP indica que corresponde apelar a sus recursos ante las situaciones de violencia; parece obvio que también debió participar en la actualización, pero no le dieron entrada a esa tarea.
Las causas de esta omisión son difíciles de comprender, y no parece concebible que tengan que ver con cuestiones políticas partidarias. Tal vez se trata, simplemente, de un enfoque desactualizado, que no aprecia las ventajas de este tipo de articulación entre instituciones y tiende a verlo como una complicación innecesaria. Sea por lo que fuere, el resultado es un retroceso que perjudica a quienes se quiere proteger.
Hasta mañana.