Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Uruguay debe esforzarse para lograr, en la selva oscura del mundo actual, algo más que la supervivencia. Lamentablemente, durante muchos años las estrategias estatales de desarrollo –cuando las hubo– incluyeron la creación de algunas “ventajas comparativas” más discutibles que presentables, que beneficiaron sobre todo a pequeños grupos, no necesariamente locales, y que con el paso del tiempo nos causaron problemas.
Entre ellas estuvo, por ejemplo, el proyecto de “plaza financiera internacional”, que buscó potenciar y expandir la vieja práctica de atraer depósitos de extranjeros poco deseosos de pagar impuestos en sus países de residencia. El negocio no fue sólo bancario e incluyó, al amparo de una legislación tolerante, diversos mecanismos de evasión de tributos y controles, como las famosas sociedades anónimas financieras de inversión.
Llegó un momento en que los países poderosos decidieron poner límites a las prácticas de los llamados “paraísos fiscales”, que estaban perjudicando sus intereses en tiempos difíciles, y comenzaron a apretar las clavijas mediante instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20.
Tras una cumbre de este último, hace casi una década, el francés Nicolas Sarkozy mencionó a Uruguay como uno de nueve presuntos “paraísos fiscales” que serían “marginados de la comunidad internacional” si persistían en su “comportamiento inadmisible”. Fue ante todo un exabrupto que no tuvo grandes consecuencias, pero lo cierto era que nuestro país estaba viéndose obligado a cambiar normas y procedimientos para evitar represalias.
Cuánto de hipocresía y de ocultamiento de responsabilidades propias hay en las exigencias externas tiene, desde el punto de vista práctico, poca importancia. El caso es que las presiones existen y no permanecen incambiadas, sino que van en aumento. Actualmente abarcan también criterios para prevenir el lavado de activos, así como buena parte de la oferta de ventajas tributarias para atraer inversiones, entre ellas la del régimen de zonas francas.
En 2016 revisiones de la OCDE y la Unión Europea (UE) en busca de “prácticas fiscales nocivas” señalaron que Uruguay debía modificar sus regímenes para centros de servicios compartidos, zonas francas, inversiones, software y biotecnología, a fin de no ser etiquetado como una “jurisdicción no cooperante” y afrontar “medidas defensivas” de países poderosos.
Hubo cambios que se consideraron satisfactorios, y en 2019 Uruguay salió de la llamada “lista gris”, que no existe como tal y alude a la situación de quienes han sido advertidos. Ahora la UE nos volvió a incluir en su “lista gris”, con plazo hasta fin del año que viene para realizar nuevas modificaciones.
Al parecer, esta vez las objeciones tienen que ver con el régimen tributario para rentas con origen en el extranjero, en el marco de los avances hacia un impuesto mínimo global para las empresas. De todos modos, no hace falta ser adivino para prever presiones similares debido al aflojamiento de los controles vinculados con el lavado de activos, o de los requisitos para acceder a la residencia fiscal. Hay cada vez menos margen para la viveza criolla.
Hasta mañana.