En conferencia de prensa, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, anunció su renuncia al cargo. Este martes se reunió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para comunicarle su decisión.
Su mandato terminaba en abril de 2022, cuando cumpliría diez años en ese rol. Ocupará su lugar en régimen de interinato, Juan Gómez, actual adjunto del fiscal de Corte.
Díaz es abogado. Fue juez en distintos roles de 1994 a 2012, cuando asumió el cargo que hoy deja. Según plantea su perfil disponible en Fiscalía, fue seleccionado para integrar las listas confeccionadas por la Comisión Asesora de la Suprema Corte de Justicia en materia de ascensos y traslados en todos los cargos que ocupó.
Por la Ley 19.483, el fiscal de Corte y procurador general de la Nación es designado por el Poder Ejecutivo, con venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.
Si no hay acuerdo político para designar un nuevo fiscal de Corte, para lo que se requiere de los votos de tres quintos del Senado, Gómez podría seguir en el cargo hasta que cumpla 70 años, en junio de 2025.
Díaz comenzó la conferencia recordando su llegada al cargo: “Asumí como fiscal de Corte el 17 de abril del año 2012, designado por el Poder Ejecutivo y con venia otorgada por unanimidad”. Tras reunirse con representantes de todos los partidos con representación parlamentaria, logró consolidar la idea de que la Fiscalía debía tener autonomía y por eso debía escindirse del Ministerio de Educación y Cultura. Aseguró que “sin esa reubicación institucional era imposible avanzar en el camino de la reforma”.
Recordó que lleva 26 años en la función pública. “Siempre he rendido cuentas de mi actuación”, expresó. “La transparencia y la rendición de cuentas son mis principios”, agregó.
Por eso, en el cierre de su gestión resolvió “rendir cuentas”: “Esta conferencia es una rendición de cuentas”, dijo, y detalló las acciones que llevó adelante en su gestión.
Defendió, una vez más, los cambios en el Código del Proceso Penal llevados adelante en 2017. Según dijo, “los hechos, porfiados ellos, destruyeron el relato” de que el nuevo Código del Proceso Penal “ataba de manos a la Policía”.
Díaz expresó que “las tareas asignadas han sido cumplidas”. “La palabra empeñada se cumplió”, sintetizó. Según dijo, se dedicará a la actividad privada y a proyectos personales.
Su pasaje por Fiscalía
Díaz asumió como fiscal de Corte en abril de 2012 con el objetivo de trabajar en la construcción de un nuevo Código del Proceso Penal, que permitiera pasar del sistema inquisitivo al acusatorio, lo que finalmente se concretó en noviembre de 2017. Su gestión estuvo marcada por la defensa de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, con el que logró niveles históricos de imputación, y la búsqueda de la eficiencia en la ejecución penal.
Antes de esta reforma, 65% de las personas privadas de libertad en cárceles uruguayas estaban procesadas, pero no condenadas. A partir de los cambios procesales, esta relación se invirtió.
Estos cambios fueron cuestionados. Los enfrentamientos con sectores políticos y actores vinculados al sistema de justicia, que rechazaron la forma de implementación del nuevo código y su implementación, también fueron una constante en su gestión.
En julio de 2020, Eduardo Lust y Guillermo Domenech, legisladores de Cabildo Abierto, concurrieron a la Torre Ejecutiva a pedirle a Lacalle Pou la renuncia de Díaz. El presidente no aceptó tomar ninguna acción al respecto.
El pedido de renuncia de los legisladores de Cabildo Abierto llegó luego de que se opusieran a la investigación administrativa ordenada por Díaz para esclarecer el vínculo político entre el intendente Carlos Moreira, y la entonces fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, quien estaba a cargo de la investigación vinculada al manejo de pasantías en la Intendencia de Colonia.
Entre los cuestionamientos más frecuentes se encuentra el uso del mecanismo de instrucciones generales para definir los lineamientos de persecución penal a la interna de la Fiscalía, la promoción del uso de los medios de comunicación por parte de los fiscales para fortalecer la posición de la Fiscalía y una impronta personalista en la conducción de la institución.
La gestión de Díaz hizo foco en los derechos de la víctimas, con la creación de la Unidad de Víctimas y Testigos, y en la persecución de los delitos sexuales y la violencia de género, materia en la que se crearon ocho fiscalías especializadas, además de generar una estructura específica para mejorar el funcionamiento y la coordinación entre la Unidad de Víctimas y Testigos y la Fiscalía. Además, creó la Unidad de Género.
Otra de las características de su gestión fue el reclamo por un mayor presupuesto para la Fiscalía, dado que entre 2015 y 2021 tuvo congelado el presupuesto en pesos corrientes, por lo que debió afrontar seis años con reducción del presupuesto real del organismo.