Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
No es novedad que los indicadores económicos y sociales muestran un panorama preocupante. Esto se debe en gran parte a los impactos de la emergencia sanitaria, y tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT y otras organizaciones sociales sostienen desde el año pasado que las medidas para paliar esos daños por parte del Poder Ejecutivo se quedaron cortas, mientras que desde el oficialismo se afirma que se hizo lo posible, en un marco acotado por la herencia del gobierno anterior.
También es obvio que los tan mentados “malla oro” del sector empresarial local no tienen en su agenda iniciativas que permitan imaginar una rápida recuperación de la actividad, que algunos habían pronosticado con excesivo optimismo, y tampoco se avizora la posibilidad de inversiones extranjeras significativas para revertir la crisis.
En este marco, incluso desde el Partido Colorado y Cabildo Abierto han surgido demandas y propuestas para que el gobierno nacional, que ambas fuerzas políticas integran, aumente los desembolsos orientados a propiciar la reactivación económica. Mientras se esperan debates políticos al respecto, el hecho es que el salario real caerá este año, y los sindicatos se proponen hacer cuanto puedan para lograr recuperarlo.
La posición del equipo económico se mantiene en la línea planteada durante 2020, alegando que la prioridad es defender el empleo, que el inevitable precio a pagar por ello será la pérdida de poder de compra para los trabajadores, y que la recuperación salarial deberá esperar a que la actividad económica repunte. Vale señalar que, en el marco actual, esa prioridad puede implicar además que la calidad del empleo se deteriore.
Pocas dudas caben de que las organizaciones sindicales de los sectores privado y público intentarán lograr resultados ya este año en el marco de la negociación de los Consejos de Salarios y del debate parlamentario sobre la próxima Rendición de Cuentas, respectivamente. Esto conducirá, seguramente, a un aumento de la conflictividad respecto del bastante apacible 2020.
Hay que agregar a todo lo antedicho que no todos los sectores se han visto afectados en la misma medida por la crisis. Dadas las orientaciones que predominan por el momento en el Poder Ejecutivo, lo más probable es que el aumento de la conflictividad termine agravando algunas desigualdades.
Donde las empresas y los sindicatos son más fuertes, aumentan las posibilidades –incluso sin llegar a conflictos– de acuerdos que reduzcan bastante los efectos adversos de la crisis, como sucedió el año pasado, por ejemplo, en la construcción. En los sectores más golpeados o con organizaciones sindicales más débiles, las perspectivas imaginables son mucho peores, con o sin conflictividad.
Esto podría reactivar una discusión histórica dentro del PIT-CNT. ¿Se asumirá como un hecho inevitable que las diferencias de poderío entre los sindicatos que lo integran determinen logros distintos, o se considerará la posibilidad de priorizar, en la plataforma y las movilizaciones, una disminución de las desigualdades, poniendo la fuerza de todo el movimiento sindical al servicio del conjunto de los trabajadores?
Hasta mañana.