Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Las condenas a Luiz Inácio Lula da Silva fueron anuladas ayer, y el expresidente brasileño recuperó todos sus derechos políticos, incluyendo el de ser candidato en las elecciones del año que viene. Se corrigieron errores graves en los procesos, pero el país vecino sale malherido en el prestigio y la solidez de sus instituciones democráticas.
Edson Fachin, uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal, aceptó uno de los numerosos recursos que ha presentado la defensa de Lula: admitió que el tribunal de Curitiba que dictó las sentencias, con un papel protagónico de Sérgio Moro, no tenía competencias para hacerlo.
Formalmente, eso sólo significa que los casos deben ser retomados por la Justicia del Distrito Federal (la unidad administrativa que corresponde a Brasilia y sus ciudades satélite). Pero sucede que esa sede del Poder Judicial ya ha absuelto al expresidente en todos los procesos iniciados en su contra.
Llama poderosamente la atención que una cuestión tan simple como la que motivó la decisión de Fachin haya tardado tanto en dilucidarse, y es imposible ser ingenuo.
Las acusaciones y los juicios contra Lula se difundieron masivamente desde los grandes medios de comunicación, gran parte de la población brasileña llegó a un veredicto de culpabilidad antes que Moro, y eso tuvo una influencia indudable en las decisiones ciudadanas que determinaron el ascenso de la derecha y la elección como presidente de Jair Bolsonaro.
Aun antes de que la divulgación de numerosas grabaciones demostrara que fiscales y jueces operaron en forma indebida para lograr las condenas a Lula, compartiendo una clara intencionalidad política, era notorio que las sentencias se apoyaban en delaciones premiadas, sin evidencia que las confirmara, y hubo muchas otras irregularidades en los procedimientos judiciales.
Lula estuvo preso 580 días, desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019. Recién ahora, en marzo de 2021, se anulan las condenas por algo tan elemental como un problema de jurisdicción. Muchos daños ya están hechos, y entre ellos no sólo hay que incluir las horribles consecuencias de que Bolsonaro haya sido elegido como presidente, sino también la demostración de que una alianza de intereses muy poderosos manejó como quiso los procesos institucionales.
Es probable que una parte de la población brasileña cambie ahora su convicción de que el expresidente era un gran corrupto. Otra parte seguirá dentro de su burbuja, como los seguidores de Donald Trump en Estados Unidos, y creerá el relato que se le haga creer sobre conspiraciones y traiciones para salvar al líder del Partido de los Trabajadores (PT).
Quienes siempre creyeron en Lula lo seguirán haciendo, tonificados por la decisión de Fachin, y quizá muchos crean también que no hubo corrupción alguna en los gobiernos del PT, sino que todo fue una sarta de mentiras de la derecha.
Uno de los grandes problemas es que, con independencia de las opiniones sobre Lula, todas esas personas tendrán fuertes motivos para desconfiar del sistema judicial, los partidos y los medios de comunicación. Va a ser muy difícil revertir ese descreimiento, que nada bueno puede traerle a la democracia brasileña.
Hasta mañana.